Jaque a la Justicia, ¿mate?

LA demolición de lo que en España, y alrededor de la Constitución de 1978, dio en llamarse la Transición democrática ha tomado en las últimas semanas velocidad de crucero, y sin darnos cuenta estamos en su última etapa, el asalto a la Justicia, pieza clave del equilibrio de poderes y a la vez cimiento de la democracia, como esos edificios en los que se han dispuesto cargas de dinamita en sus puntos críticos para que la estructura se derrumbe sin dejar en pie nada de ellos. El proceso comenzó con el indulto de los independentistas catalanes que en octubre de 2017 montaron un referéndum ilegal, violando todas las normas establecidas para ello, por lo que fueron juzgados y condenados. Visto que no le causaba mayor 'desgaste' –uso aquí la palabra de su brigada mediática–, el Gobierno decidió quitar la espoleta a la subversión por la que habían sido condenados, sustituyéndola por los «desórdenes públicos agravados», que igual podían ser algaradas tras una derrota fubolística como un botellón que se fue de la mano. No contento con ello, Pedro Sánchez nombra para las dos vacantes que tiene en el Tribunal Constitucional a un exministro suyo y a una catedrática de la Universidad de Barcelona, que ha sido directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y con la Generalitat, cargo político, al servicio de Pedro Sánchez, que la define y sitúa. Adivinen qué decidirían el exministro de Justicia y la catedrática ante asuntos que tuvieron que ver con sus anteriores ocupaciones. Porque esperar de ellos que renuncien por razones de ética es tanto como soñar despiertos. Y todavía nos queda por digerir el último sapo que Pedro Sánchez intenta que traguemos los españoles y su postrero, de momento, vasallaje a Esquerra Republicana de Cataluña, con Oriol Junqueras al frente: dividir la malversación en dos delitos: uno que incluye el ánimo de lucro personal, y otro sin él. Con penas mucho menores que no sólo librarían a los independentistas catalanes de las penas de cárcel que en algunos casos les queden por cumplir, sino que podrían presentarse a las próximas elecciones como candidatos. Pocas veces se ha visto tanta desvergüenza y descaro por una y otra parte, pues el que usa dinero público para ganar unas elecciones se lucra del cargo, ¡y cómo! El estrambote de esta ristra de procacidades jurídicas es el intento de cambiar la norma establecida para cubrir las plazas del Tribunal Constitucional que han ido quedando vacantes por la defensa numantina que hacen tanto él como el Consejo General del Poder Judicial para mantener su independencia, que es también la nuestra. En otras palabras: está en juego la continuidad de España tal cual es.