Radiografía de una Justicia española tan lenta como colapsada

Acusados y víctimas. Empresarios y despedidos. Agresores y agredidos. Cuando un ciudadano tiene que verse las caras con la administración de Justicia, muchas veces no es consciente de que se enfrenta a un proceso que puede cambiarle la vida pero que, además, puede ser largo. ¿Ha tenido un accidente laboral y su empresa no quiere reconocerlo? Más de un año y medio esperando una sentencia. ¿Está a la espera de que termine un concurso de acreedores? Casi cuatro años. Eso sin contar con los recursos y las instancias superiores. España tiene 5.408 jueces, 2.553 fiscales, 3.748 letrados de la administración de justicia y, aun así, los tiempos de resolución son, a veces, inasumibles. El diagnóstico varía desde la falta de medios hasta la falta de modernización y el resultado son juzgados colapsados en algunas zonas del país por ciudadanos que, año tras año, perciben una Justicia cada vez más deteriorada.

"Nuestros datos no eran buenos aunque han mejorado de manera radical". El que habla es Javier Marca, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su último informe, la Audiencia Provincial de este territorio es la más lenta del país en resolver sumarios penales: un asesinato machista, una estafa a gran escala o tráfico de drogas.

Una media de casi 28 meses por cada uno de estos asuntos, el doble de la media nacional situada en 14 meses, según esta estadística estimativa del órgano de gobierno de los jueces. La razón de esos retrasos está en el número de magistrados: hay cuatro, no hay presidente desde agosto de 2020 y eso impide hacer dos secciones distintas. "Se constituyen en sección única, no tenemos para hacer dos, y tiene que conocer de todo, civil y penal, recursos de 20 órganos", lamenta.

La fórmula para sacarlo adelante: magistrados de refuerzo, funcionarios de refuerzo y un letrado de la administración de justicia de refuerzo hasta que Justicia ha aceptado la llegada de un nuevo magistrado para crear dos secciones y eso sucederá el 31 de diciembre. Pero hasta entonces la pendencia se ha reducido drásticamente, destaca Marca, con un descenso de más de un 20%, "un esfuerzo más que considerable". Los tiempos de respuesta, destaca también, "han mejorado notablemente", bajando casi a la mitad en algunas jurisdicciones en unos años.

La madeja de datos del Consejo, divididos en jurisdicciones, asuntos y a veces en territorios, revela la existencia de una Justicia de diferentes velocidades en función del territorio en el que uno tenga que litigar. Andalucía, por ejemplo, registra los tiempos medios más altos de resolución cuando un asunto de lo social –despidos, accidentes laborales o reclamaciones a la Seguridad Social, entre otros– mientras que los juzgados de primera instancia más lentos están en la Región de Murcia.

Apunta el presidente del TSJ de La Rioja a otro factor: los asuntos van lentos pero son muchos los que, año tras año, llegan a las mesas de los jueces. "Nos ingresaron un 33% más de lo que nos tenían que ingresar", explica basándose en las estadísticas y medias nacionales del CGPJ. "Por eso nuestra pendencia y tiempos de resolución no se ajustan a la media nacional, pero hemos mejorado notablemente".

Las necesidades de los tribunales en La Rioja son variadas, y por el momento la "máxima urgencia" estaba en la llegada del sexto magistrado a la Audiencia Provincial, sin dejar de lado lo que llevan años pidiendo: un magistrado más de lo contencioso y otro de lo social en el Tribunal Superior además de un juzgado más.

Que faltan jueces, juzgados, fiscales, funcionarios y tribunales colegiados no es una reivindicación nueva del mundo de la Justicia. El propio CGPJ lo ha certificado en el último informe de su comisión permanente, pidiendo crear hasta 32 nuevos juzgados de lo social en todo el país, sobre todo en Andalucía. Un documento que, además, pone el foco en otros agujeros negros del sistema judicial español: la necesidad de aumentar la planta judicial en municipios donde la carga de trabajo supera el 130% de la media anual del último lustro.

El servicio de inspección entiende que, a pesar del esfuerzo de jueces y funcionarios, los tiempos de resolución "exceden de las legítimas expectativas de los ciudadanos y quebrantan el principio de celeridad que rige la jurisdicción social", la más golpeada y saturada cada vez que una crisis económica hace acto de presencia. Andalucía se sitúa a la cabeza de estas demoras, y es ahí donde el CGPJ recomienda crear hasta 12 juzgados de lo social, cinco de ellos en Sevilla. En Madrid pide 15 nuevos juzgados.

María Núñez Cabello es abogada en la provincia de Cádiz, donde un juzgado ha emplazado a uno de sus clientes para 2025 en un proceso de reclamación de cantidad contra su empresa. "Es la primera vez que me pasa aquí en Cádiz. Normalmente tenía que esperar un año, año y medio, algo normal para una reclamación de cantidad. Pero aquí en Cádiz cada vez están más colapsados", relata a elDiario.es.

Cádiz es la provincia donde el CGPJ recomienda crear un nuevo juzgado de lo social. Una jurisdicción en la que, el año pasado, los tribunales recibieron 787 asuntos por cada juez. Donde cada juez ha dictó una media de casi 400 sentencias anuales y donde se recurren más del 30% de las sentencias. Una tasa de congestión cuatro décimas por encima de la media nacional de todas las jurisdicciones. Un atasco constante.

A los juzgados de lo social acude, por ejemplo, una trabajadora que reclama que su despido sea declarado nulo y tenga que ser readmitida, o al menos improcedente e indemnizada. Una que se rompió una pierna de camino al trabajo y reclama que sea considerado un accidente laboral. O un grupo de trabajadores que intenta anular un ERE en su empresa. Y mientras llega la sentencia, muchos esperan sin trabajo y sin ingresos.

"La gran mayoría dice que si hay que esperar esperamos. Se enfadan porque no entienden la lentitud de un procedimiento que a simple vista es fácil. Hay un convenio que tiene una tabla salarial y se reclaman cantidades", explica Núñez. "Hay gente que no se quiere meter en pleitos por la lentitud de la Justicia, sabe que van a tener que esperar varios años. Siempre hay alguna complicación, pero son reclamaciones que son salarios, son cantidades que no tienen mayor dificultad", relata.

El colapso de los juzgados de lo social ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, el mismo que lleva más de una década para resolver el recurso del PP sobre la Ley del Aborto. Hace unas semanas el pleno dio la razón a un investigador, que reclamaba en el juzgado un contrato postdoctoral y le dieron fecha para finales de 2024. Y obligó a un juzgado de Sevilla a darle cita antes declarando que estos retrasos vulneraban los derechos de los ciudadanos.

"Es un despropósito, una aberración, esa lentitud tan exasperante para al menos ser oído por el órgano judicial", dice Daniel Sánchez Bernal, abogado sevillano que ha llevado este pleito hasta el tribunal de garantías. Como su compañera Núñez, explica que estos retrasos en los señalamientos han proliferado en los últimos años, no solo en Andalucía sino también en Madrid, y que a veces son incluso para una audiencia previa, ni siquiera para el juicio. "Ante esto hay que luchar, no podemos quedarnos de brazos cruzados", reclama.

En su caso, explica, el Constitucional lo tuvo "súper claro". "Por mucha deficiencia en la estructura de la administración de justicia, por mucho que aleguen que no pueden, que no tienen recursos, no tienen medios humanos, no tienen órganos judiciales para hacer frente… eso no es excusa para que se estén produciendo estos tiempos que están vulnerando los derechos fundamentales", relata a elDiario.es.

Ambos letrados comparten diagnóstico con el presidente del TSJ de La Rioja: faltan jueces y juzgados. "Están colapsados, cada vez hay más procedimientos, más despidos, más reclamaciones... faltan juzgados, falta personal", lamenta la abogada gaditana. "En los más colapsados hay que poner jueces de refuerzo, como han hecho aquí en el uno de Chiclana, que están adelantando procedimientos", añade.

Sánchez también cree que hacen falta más medios. "Eso nadie lo pone en duda", dice. Pero pide avanzar en la implantación de nuevas tecnologías. "También tenemos que luchar porque se aplique, de una vez por todas, el anhelado expediente digital. Es inadmisible que en siglo XXI sigamos todavía trabajando con papel", asegura.

Los números no engañan. España tiene pocos jueces por habitante, o al menos pocos en comparación con otros países europeos. El pasado mes de octubre

En 2021, según los datos oficiales, los tribunales españoles ingresaron más de seis millones de asuntos y resolvieron un número ligeramente superior, dejando tres millones más pendientes de sentencia o de auto. Cada magistrado dictó, de media, 310 sentencias a lo largo del año y los miembros de la judicatura recibieron más de 1.100 asuntos por cabeza.

La tasa de congestión, por ejemplo, en la jurisdicción penal es de 1,26. Es decir, que a final de año quedan más asuntos pendientes de sentencia o ingresados que asuntos resueltos. La tasa de resolución es 1,01. Es decir, que por norma general los tribunales españoles resuelven la misma cantidad de asuntos que ingresan.

La pandemia ha hecho difícil comparar los datos de 2021 con los de 2020. Lo que también demuestran los datos es que en España los jueces tienen mucho trabajo y hay, además, muy pocos de ellos en comparación con otros países de nuestro entorno.

Así lo declara el último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), dependiente del Consejo de Europa. Analizando los datos de 2020, este organismo entiende que en España hay 11 jueces y 5 fiscales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la mediana europea. Un número ligeramente superior al registrado en 2014 y ya entonces muy por debajo de los estándares continentales.

El tiempo medio de resolución ha aumentado en diversas jurisdicciones. Una de ellas afecta a los juzgados de violencia sobre la mujer que analizan las medidas civiles en casos de posible violencia machista. Entre otras cosas, por ejemplo, si un hombre acusado de maltrato pierde o mantiene la custodia de sus hijos.

Los juzgados de lo civil de la Región de Murcia son, según estos datos, los más lentos del país. En declaraciones a elDiario.es, el juez decano de Murcia, Lorenzo Hernando Bautista, explica que este territorio "se encuentra año tras año entre las comunidades peor dotadas en recursos judiciales". Justicia ha aceptado crear un nuevo juzgado en Lorca y otro en Murcia, dejando fuera otras tres peticiones. "Esto produce frustración sobre todo si nos comparamos con qué pasa a los otros territorios. Nuestra respuesta es tan buena e intensa, si no más, que otras comunidades. Sin embargo, nuestra carga es rotundamente mayor y, así, es imposible dar el mismo servicio que aquellas", explica.

El decano pone el foco en la falta de medios porque, dice, el esfuerzo de los magistrados "es indudable" y "va dejando huella, incluso física, en muchos de nosotros". "Quiero destacar que cuando hay medios, hay resultados", dice apuntando al refuerzo de cuatro jueces en el Tribunal Superior, dando respuesta "al 80 % de las 20.000 demandas presentadas por los usuarios de la banca contra las entidades prestamistas".

Para Hernando, el análisis de los datos evidencia "notables asimetrías entre comunidades autónomas" y que "el servicio público no se presta en igualdad de condiciones y recursos en todos los territorios". Los criterios utilizados, denuncia, "abundan en la asimetría y no corrigen los déficits históricos de planta judicial". "Es, claramente, el caso de la Región de Murcia, pero también de otros territorios", zanja.

La dotación de los juzgados depende, en gran medida, de la administración central y el Ministerio de Justicia aunque también es tramitado por las comunidades autónomas y los ejecutivos regionales. El presupuesto de Justicia en 2022 creció un 11,6% con respecto al año anterior, un total de 2.247 millones de euros. En 2023 experimentó una ligera subida hasta los 2.304 millones.

De la partida ordinaria de estos presupuestos, no procedente de fondos europeos, hay diferentes bloques destinados al nuevo modelo de Oficina Judicial (8,72 millones), la creación de 54 unidades de mediación (5,78 millones), 70 nuevas unidades judiciales (13,65 millones) y otras tantas plazas de fiscal (6,67 millones). Un total de 138 millones van destinados a modernización tecnológica y 53 más a obras y equipamientos. Esa es otra de las reclamaciones más habituales del mundo judicial: modernizar o, al menos, reformar sedes judiciales donde las torres de papeles alternan con goteras y techos hundidos.

Las reclamaciones de las asociaciones judiciales y fiscales en los últimos años han llegado a traducirse, incluso, en paros y huelgas con administraciones de distinto signo. Lo hicieron en noviembre de 2018 más de 4.000 jueces y fiscales, su segunda huelga en un año en ese momento. Denunciaban, entre otras cosas, las "graves carencias que crónicamente" sufre la administración de Justicia.

La jurisdicción contencioso-administrativa, en la que un ciudadano litiga contra la administración o viceversa, también muestra unos tiempos de resolución en muchos casos inasumibles. Un expediente de extranjería, del que puede depender por ejemplo la expulsión de un ciudadano, roza los siete meses en primera instancia. Un litigio por una expropiación forzosa supera los 16 meses.

Sueldos y medios materiales son las reivindicaciones que más se repiten en estas convocatorias a las que van los jueces y fiscales implicados en estos procesos. La última ha llegado de la mano de los letrados de la administración de justicia (LAJ), que fueron a la huelga el pasado mes de noviembre y que amenazan con volver a mediados de diciembre y en enero si Justicia no atiende a sus reclamaciones.

Que una Justicia lenta "no es Justicia" es una frase habitual para resumir lo que se encuentran muchos ciudadanos cuando acuden o son llevados al juzgado. Tardar un lustro en obtener una sentencia firme por un despido puede implicar que el afectado, para entonces, ya tenga otro trabajo, o que su situación económica haya pasado de difícil a insostenible. Cinco o seis años esperando una sentencia firme sobre un delito sexual alarga el sufrimiento de la víctima.

El mismo tiempo en gestionar un expediente de extranjería facilita que, en ocasiones, para cuando hay resolución firme el afectado no se encuentre ya en España. "Cuando un órgano jurisdiccional no tiene suficiente para resolver lo que ingresa, la situación es absolutamente insatisfactoria", resume Javier Marca, presidente del TSJ de La Rioja.