Indemnizaciones y multas millonarias: lo que costará a las arcas públicas la absolución del magnate Cursach

El 28 de febrero de 2017, el responsable del mayor imperio del ocio de Balears, Bartolomé Cursach, y su número dos, Bartolomé Sbert, eran detenidos y, tres días después, enviados a prisión sin fianza. La expectación era máxima. El empresario, que décadas atrás se había relacionado con sutileza con el poder político y llegó a fundar hoteles y restaurantes, las mayores discotecas de las islas y exclusivos gimnasios, acababa de verse envuelto en un rosario de delitos relativos a un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar su autoridad en la noche. Cursach permaneció entre rejas 14 meses mientras que su mano derecha lo estuvo durante nueve. Ahora, transcurridos casi seis años desde entonces, los hechos han quedado sepultados tras no haber quedado acreditados en el macrojuicio celebrado durante los últimos meses en la Audiencia Provincial de Balears.

La absolución de los dos empresarios y de los otros 15 procesados que los acompañaban en el banquillo, la mayoría policías locales inicialmente acusados de proteger los negocios del magnate, no les va a salir gratis a las administraciones públicas. No en vano, todos ellos contemplan reclamar elevadas indemnizaciones al Estado por el tiempo en prisión preventiva que permanecieron en su día así como por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que muchos de ellos aseguran haber sufrido.

Asimismo, en el caso de los agentes y funcionarios que a lo largo de estos años han sido investigados y encarcelados -unos 40 de ellos acabaron en prisión-, el Ajuntament de Palma deberá compensarles económicamente por el tiempo que permanecieron suspendidos de empleo y sueldo, además de repercutir en sus arcas los honorarios de sus respectivas defensas. Fuentes próximas a los afectados señalan a a elDiario.es que las cifras pendientes de abonar ascienden a al menos cuatro millones de euros.

En junio de 2019, el Tribunal Constitucional estableció que una persona absuelta en una causa judicial después de pasar por prisión preventiva tiene derecho a ser indemnizada. Hasta esta modificación normativa, únicamente se compensaban los casos en los que quedaba demostrada la inexistencia de delito, pero no sucedía así si se constataba la comisión del hecho y el acusado no hubiera participado en el mismo, como sucedió en el caso del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

Los cálculos de Justicia determinan un baremo de cantidades que oscilan entre los 17 y los 52 euros por día transcurrido en prisión en función de los perjuicios ocasionados, establecidos por amplia jurisprudencia a lo largo de los últimos años. Equiparando el tiempo que Cursach y Sbert permanecieron en prisión con otros afectados que lo estuvieron durante un periodo similar, las resoluciones, consultadas por elDiario.es, son dispares.

Una de ellas, dictada por la Audiencia Nacional en 2020, reconoce el derecho de un hombre acusado de robo y finalmente absuelto a percibir 3.300 euros por los 13 meses que estuvo encarcelado; sin embargo, en el caso de un guardia civil que fue investigado por corrupción y narcotráfico y fue finalmente exonerado, el Tribunal Supremo fijó para él una indemnización de 50.000 euros por la incidencia que la prisión le provocó tanto en su faceta laboral como en la familiar e incluso para su propia salud.

Con estos mimbres, los directivos del grupo Cursach prevén formular sus peticiones en el marco de las pesquisas que la Audiencia Provincial de Balears ha ordenado que se incoen para averiguar si el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, encargados durante cerca de tres años de instruir el más conocido como caso Cursach, incurrieron en presuntos delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos cuando intentaron levantar las alfombras de una presunta trama dirigida a salvaguardar los intereses del considerado rey de la noche mallorquina.

Se trata de una nueva línea de investigación que el tribunal que juzgó la causa ha instado a abrir a raíz de las supuestas prácticas delictivas que han brotado en los últimos meses durante el juicio del caso Cursach: las que habrían desplegado Penalva, Subirán y una inspectora de Blanqueo de la Policía Nacional mientras investigaban al magnate del ocio nocturno con el objetivo, supuestamente, de apuntalar sus tesis incriminatorias y allanar futuras condenas. Estos nuevos hechos se sumarían a los que se indagan, en paralelo, en otro procedimiento judicial abierto contra los antiguos instructores del caso Cursach y que desde principios de 2020 se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).

Esta última causa, pendiente de juicio, se centra principalmente en las presuntas actuaciones llevadas a cabo por juez, fiscal y cuatro integrantes del grupo de Blanqueo para "intimidar" a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó la matriz del caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y al presunto cobro de comisiones a cambio de esta concesión. Un fleco en el que fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exconcejal del PP de Palma Álvaro Gijón. Las pesquisas, sin embargo, fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En el marco de este procedimiento judicial, las acusaciones -ejercidas por Cursach, Sbert y una treintena de antiguos investigados que se consideran perjudicados por la actuación de Penalva, Subirán y los cuatro policías- ya han concretado las cifras con las que quieren ser resarcidos. Además de solicitar para los seis procesados elevadas penas de prisión -los directivos del grupo Cursach solicitan más de treinta años de cárcel para cada uno de ellos por hasta catorce hechos presuntamente delictivos así como multas que ascienden a 2,3 millones de euros-, las acusaciones reclaman, hasta el momento, más de 5,5 millones de euros en conjunto.

Mientras Cursach y Sbert se reservan expresamente el ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderles, la defensa de Gijón reclama para el expolítico un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares de Gijón, que el exconcejal llegara "jodido" a su declaración en la causa, en la que indagaban, en concreto, el supuesto cobro de un millón de euros en comisiones y la entrega de una vivienda a cambio de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamiento.

En su escrito de acusación, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste "ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal", al recordar que estuvo "en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma". "No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó", asevera su defensa.

Por su parte, uno de los funcionarios arrestados en el marco de esta causa, el que fuese jefe del departamento de Movilidad, Miguel Femenia, reclama un total de 646.568 euros (600.000 euros por daños morales, 4.800 euros por los días que permaneció de baja y otros 4.800 por los 22 días que estuvo ingresado en prisión). Tanto Femenia como el empresario Antonio Roig fueron encarcelados en octubre de 2016 y permanecieron un mes privados de libertad. En concreto, Roig fue enviado a prisión bajo la sospecha de que había obtenido el contrato de la ORA a cambio de abonar comisiones, mientras que a Femenia le acusaron de amañar la contratación.

La acusación particular que representa a Roig sostiene que los dos juristas (Penalva y Subirán) y los cuatro policías acusados actuaban "de forma conjunta, organizada y coordinada, consensuando entre ellos la estrategias y actuaciones a realizar y valorando las mismas una vez realizadas" y asevera que los hechos le causaron "un irreparable perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional". En el mismo sentido, la defensa de Femenia asegura que fue "presionado, coaccionado y amenazado" mientras prestaba declaración e "injustificadamente ingresado en prisión provisional causándole evidentes trastornos personales, emocionales y profesionales".

También el ingeniero del Ajuntament de Palma Pedro Torres reclama ser indemnizado. En concreto, apunta a los seis procesados como responsables civiles directos e insta a que también se declare como tal a la Administración General del Estado. Torres, quien estuvo encarcelado durante dos meses, solicita la suma de un millón de euros por los perjuicios ocasionados, así como por el daño moral y reputacional causado en su persona.

Durante su declaración como testigo en el juicio del caso Cursach, manifestó que durante la instrucción de la causa actuó "fuertemente coaccionado" y fue "una cabeza cortada exhibida públicamente" y, en su escrito de acusación, subraya que Subirán manifestó a su abogado que si ampliaba su declaración "reconociendo determinados hechos que no le afectaban, e implicando a terceras personas que estaban en el punto de mira de la investigación, reconsideraría la situación personal" del funcionario municipal. "La situación vivida de manera injusta ha afectado directamente a su rendimiento y situación laboral y a su entorno mediato e inmediato, en especial el familiar y el social y a su propia reputación", asegura su abogado.

Mientras tanto, los policías locales Feliciano Franco, Carlos Tomás y Alfonso Ramírez solicitan, respectivamente, ser indemnizados con un millón, 700.000 y 300.000 euros por los perjuicios causados y por el daño moral y reputacional.

En concreto, la causa en la que todos ellos han puesto sobre la mesa sus reclamaciones se encuentra pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción y de apertura de juicio oral. Por el momento, Penalva, Subirán y los cuatro policías se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos en el caso ORA para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información a la prensa cuando la causa se encontraba bajo secreto.

Durante su instrucción, la matriz del caso Cursach -de la que se desgajó una quincena de piezas separadas, entre ellas la que ha sido juzgada en los últimos meses en la Audiencia Provincial, epicentro de toda la instrucción- llegó a sumar más de un centenar de imputados y más de cuarenta encarcelados. Varios de ellos fueron dispersados en prisiones de la península como Estremera y Albocàsser.

Junto a Cursach y Sbert también fueron enviados a la cárcel de forma preventiva el director de la discoteca Tito's -buque insignia del grupo Cursach-, Jaime Lladó y otro directivo del conglomerado, Antonio Bergas, cuyo encausamiento fue archivado días antes de arrancar el juicio del caso Cursach después de que Anticorrupción echase por tierra, por falta de verosimilitud, las imputaciones más graves que planeaban sobre ellos. Entre ellas, las relativas a las supuestas orgías que, según apuntaban las investigaciones iniciales, fueron celebradas en Tito's para agasajar a agentes de la Policía Local de Palma a cambio de salvaguardar la buena marcha de los negocios del grupo empresarial.  

Los policías y funcionarios tienen ahora otro frente abierto, el de reclamar ante el Ajuntament las cantidades correspondientes a los honorarios de sus abogados, que serán repercutidos a las arcas municipales, y las relativas a las que dejaron de abonar tras ser suspendidos de empleo y sueldo durante varios años como consecuencia de su imputación en la causa. Fuentes próximas a los afectados estiman en al menos cuatro millones de euros la cifra global a la que deberá hacer frente el Consistorio, como adelantó Última Hora.

Los agentes, sin embargo, se muestran disconformes con el hecho de que "sean los ciudadanos" los que finalmente deban pagar tales cantidades. Uno de ellos, el exjefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres -absuelto de todas las piezas en las que fue investigado- transmite, en declaraciones a elDiario.es, el sentimiento general de los policías, quienes consideran necesario que el Ajuntament se persone como acusación particular en la causa abierta en el TSJIB contra Penalva, Subirán y los cuatro miembros de Blanqueo, así como en la que ha ordenado incoar la Audiencia Provincial, para reclamar que sean los juristas quienes hagan frente a los pagos.

"Lo terrible es que todo esto lo tenga que pagar el ciudadano de Palma y lo que nos molesta a todos es que el Ajuntament no se persone para reclamar estas cantidades. Si el juez y el fiscal fuesen insolventes estaría el Estado para hacer frente", afirma Torres, quien tacha de "indignante" el "desprecio absoluto" de la institución "hacia los ciudadanos". "Pero tenemos una teoría, y es que en el Ajuntament han sido grandes colaboradores de lo que ha pasado y sería incoherente y ridículo que se personasen como perjudicados. Ya que no nos concedieron la presunción de inocencia, al menos que intenten recuperar este dinero", incide.

A todo ello se suma, subraya, el hecho de que, tras el estallido del caso Cursach, el departamento de Urbanismo del Consistorio "estuvo paralizado durante años al no firmar documentos por miedo". "Los retrasos en la concesión de licencias fueron clamorosos. Ningún departamento quería firmar y ningún papel se movía de una mesa a otra en aquella época de terror. Si también se cuantificara el perjuicio económico de esto, sería una barbaridad", sentencia Torres.

Mientras tanto, Penalva y Subirán ha declinado hacer declaraciones para elDiario.es con la finalidad de conocer su postura sobre las pretensiones indemnizatorias de las acusaciones.

Las pesquisas en torno a Cursach tienen su origen en 2013, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño del concurso convocado el año anterior para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes investigaciones dieron pie, años después, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra en los negocios nocturnos a Cursach.

Con la llegada del juez Penalva, quien el 15 de junio de 2015 cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios empezó a tomar forma. Hasta una quincena de delitos llegaron a recaer entonces sobre el considerado rey de la noche mallorquina, entre ellos los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Todos ellos han decaído a lo largo de estos años.