Lagunas en la protección a las víctimas de violencia machista: casi la mitad de las asesinadas en 2022 había denunciado
Nunca antes una proporción tan alta de mujeres asesinadas por violencia machista habían interpuesto denuncia. Fueron 21 de 49 las víctimas que el año pasado pidieron ayuda al sistema, pero no fueron protegidas. El 42,9%, la cifra más alta desde que hay registros. La acumulación de casos ha llevado a las instituciones a reaccionar con la vista puesta, precisamente, en los posibles fallos del engranaje policial y judicial. Solo en el repunte de diciembre, el mes junto a diciembre de 2008 con más casos de la serie histórica, la mitad de las 11 víctimas había denunciado.
En la última semana, cuando se han conocido cuatro casos más, la Fiscalía pidió a todos los fiscales ser más “proactivos” en la protección de las víctimas ante el “elevado número de feminicidios en los que en muchas ocasiones se habían producido denuncias previas por violencia de género”. Entre otras medidas, la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, les recordó que “cuando proceda” deben solicitar órdenes de protección para las víctimas aunque ellas no las soliciten. Por su parte, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género decidió adelantar su próxima reunión para “analizar” los últimos casos y estudiar cómo “aumentar el nivel de protección de las víctimas”.
También el Ministerio del Interior se ha movilizado convocando a todos los cuerpos policiales a reuniones durante dos días consecutivos, con los que ha acordado una mesa de "evolución y seguimiento" mensual de los asesinatos y ha alcanzado varias conclusiones. Aunque el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska evita hablar de lagunas en la protección policial o el sistema VioGén, que es la herramienta usada para valorar el riesgo de las víctimas, sí reconoce "margen de mejora". Actualmente 43.670 mujeres tienen protección policial; la inmensa mayoría (32.429) calificadas como de riesgo bajo, 726 en riesgo alto y 18 en riesgo extremo. Para otras 31.470 el riesgo es “no apreciado”.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que “con cada asesinato machista”, no solo cuando se da un repunte, las instituciones analizan “al detalle” qué ocurrió. “Tenemos que estar alerta para detectar a veces cualquier fallo y a veces necesidades de mejora”, explicó. Varias asociaciones feministas también han reclamado esta semana soluciones con el foco puesto en la cantidad de mujeres que denunciaron el año pasado antes de ser asesinadas.
El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, apunta a que no se puede hablar de “errores generales” al abordar este asunto, sino “analizar qué es lo que ha fallado o qué elementos o circunstancias caracterizan” los casos “para que haya estos resultados”. El también médico forense considera que, en todo caso, se trata de "un fracaso del sistema y de la sociedad”. “No hemos sido capaces de evitar, en primer lugar, que haya violencia contra esa mujer y en segundo, que incluso habiendo hecho lo que se le dice que tiene que hacer, denunciar, no se haya evitado su asesinato”, sostiene.
Entre las cuestiones concretas que menciona el experto se encuentra la “necesidad” de complementar la valoración policial del riesgo en VioGén con una evaluación forense, algo también reclamado por la Fiscalía, pero que los jueces o juezas apenas solicitan. Para Lorente, que cuando era delegado del Gobierno puso en marcha el protocolo forense para llevar a cabo esta evaluación, es algo “clave” porque mientras la evaluación policial solo se lleva a cabo con la víctima, la forense valora también al agresor, “que es quien genera el riesgo”, por lo que “daría elementos más objetivos a los jueces para dictar las medidas oportunas”, añade.
Señala también este aspecto María Ángeles Jaime de Pablo, expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, para la que VioGén es un sistema eficaz pero que cuenta con limitaciones. “Ha ido avanzando, pero en pocos casos se detecta un riesgo extremo y alto”, asegura. La abogada, que trabaja directamente con las víctimas, asegura que también en los juzgados “hay un cierto automatismo” porque “resuelven muchos procedimientos sin mucho tiempo”, a lo que añade el estado en el que suelen encontrarse las víctimas y cómo influye en sus testimonios. “Están en una situación crítica, en estado de shock y sin acompañamiento especializado”, añade.
Lorente cree que la respuesta institucional, tanto en la pata policial como judicial, podría mejorar si la concepción sobre el riesgo en violencia machista cambiara. El experto cree que se debe partir de la idea de que cuando una mujer denuncia “ya está en una situación de riesgo” y lo que el sistema debe hacer después es “descartarlo o confirmarlo, y en ese caso graduarlo”. Lo esgrime así el exdelegado del Gobierno al considerar las circunstancias “de miedos, inseguridad, amenazas o presiones” que rodean a las víctimas para evitar que denuncien. “Fíjate si son fuertes que solo el 21,6% de las mujeres asesinadas desde 2003 había denunciado”, apunta.
Tras la denuncia, será el juez o la jueza la que decidirá si impone medidas y, en su caso, cuáles. Existe desde hace dos décadas una ley que regula de forma expresa la orden de protección y que recoge que la decisión deberá producirse en un plazo de 72 horas tras una audiencia con la víctima, el presunto agresor y la Fiscalía. El objetivo es que pueda adoptar, desde el inicio del procedimiento, las medidas que considere oportunas para proteger a la mujer. Estas medidas van desde la prisión provisional o una orden de alejamiento a la regulación provisional del uso de vivienda o al régimen de custodia de los hijos.
Según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20%: hubo 10.302 peticiones frente a 49.479 denuncias. Las medidas acordadas fueron el 67% (un total de 6.873). Es decir, en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 14% de los casos. Según la fiscal Teresa Peramato, estos datos “alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género”.
Las estadísticas sobre las mujeres asesinadas el año también reflejan otro dato sobre el que llaman la atención juezas y fiscales consultadas: en seis de los 19 procesos iniciados, estas mujeres decidieron no seguir adelante tras interponer la denuncia. Es un porcentaje superior al 30% que preocupa a estas especialistas, que coinciden en que la declaración de la víctima es fundamental. Sin ella, en muchas ocasiones se abre la puerta al archivo. Según datos del CGPJ, en el tercer trimestre de 2022 casi un 40% de los procesos fueron sobreseídos mientras que en un 9% la mujer se acogió a la dispensa de no declarar contra el agresor.
Esta disposición fue limitada en 2021 precisamente para "evitar espacios de impunidad" y a partir de entonces las víctimas no pueden renunciar si han estado personadas en el procedimiento como acusación particular. La fiscal delegada en Andalucía de Violencia de Género, Flor de Torres, asegura que muchas mujeres siguen haciéndolo, ya sea porque "recurren a fórmulas evasivas o porque nunca se llegan a personar en el procedimiento". Lamenta que, según su experiencia, hasta el 60% de las víctimas que denuncian renuncian en la primera parte del proceso. “Eso deja un rastro policial pero nos deja a los fiscales sin prueba para poder seguir adelante”. asegura.
Las expertas atribuyen estas renuncias a la ausencia de recursos de carácter psicosocial y de sistemas de acompañamiento que “empoderen” a las mujeres, en palabras de la fiscal. “Es frustrante ver que se ha podido producir el maltrato pero sin el testimonio de la víctima no podemos hacer nada. Por eso es tan importante que estén tranquilas, se respeten sus tiempos y estén informadas y asesoradas sobre las herramientas que tendrán a su alcance cuando vuelvan a su vida y se enfrente a una situación de vulnerabilidad. Al no existir eso, muchas mujeres deciden no continuar con el proceso”, lamenta Begoña López Anguita, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid.
Desde el ámbito judicial la creencia generalizada es que, cuando hay situaciones de riesgo, sí se facilita protección a las víctimas. Pero recuerdan que si no hay indicios suficientes no se puede dictar una orden de protección porque esta implica una limitación de derechos, que requiere de una argumentación motivada. “En el derecho penal es necesario acreditar los hechos. Las medidas que podamos tomar tienen que ser a partir de unos hechos”, añade la jueza López Anguita. No obstante, desde hace años las expertas llaman la atención sobre la diferencia de concesiones de órdenes de protección dependiendo del juzgado, una desigualdad de la que ha alertado la Fiscalía, que lo considera "incompatible" con el mensaje que insiste en que las mujeres denuncien.
“La orden de protección se da en caliente. Lo normal es que se decida el mismo día que se pide. Lo que te transmite la víctima es fundamental”, afirma la jueza Sonia Chirinos, que fue durante años titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid. “La rotundidad de su testimonio abre la protección. Ellas siguen teniendo la llave de la prueba”, agrega la fiscal De Torres. “No podemos dejar abandonadas a las víctimas. Hay que empoderarlas en el tránsito judicial, ofrecerles asesoramiento psicológico de la misma manera que se pone a su disposición un abogado de oficio. Tener una víctimas firmes y serenas es esencial”, añade esta fiscal con años de experiencia en el ámbito de la violencia machista.
Pero más allá del ámbito judicial y policial, las expertas reclaman, además, que se amplíe la mirada para intentar “detectar precozmente” la violencia, por ejemplo en servicios sociales y servicios sanitarios. “La mayoría de víctimas no denuncian pero todas van al médico y, según la OMS, un 20% más que las que no sufren violencia”, ejemplifica Lorente. Para De Pablo, además, la “complejidad” de este tipo de violencia requiere de “un análisis mucho más exhaustivo” de los casos de lo que se ha hecho hasta la fecha y “diseccionar” los asesinatos para “llegar a una radiografía un poco más certera”.
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