Fallece en una cárcel de Guinea Ecuatorial uno de los opositores españoles a Obiang
Julio Obama Mefuman, uno de los opositores españoles al régimen de Teodoro Obiang preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial, ha fallecido en la prisión de Oveng Azem (Mongomo), situada al este del país centroafricano, según ha adelantado El País y confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio de Exteriores.
El secuestro y las torturas infligidas a Obama Mefuman y otros tres destacados opositores por parte del régimen de Obiang se investiga en la Audiencia Nacional. La causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 del tribunal especial se dirige contra el círculo de seguridad del presidente Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de seguridad exterior; Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado y responsable de la seguridad interior; e Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial.
Este sumario ha aflorado una supuesta trama de “secuestros internacionales de opositores ecuatoguineanos”, que en varios casos tienen la nacionalidad de algún país europeo o cuentan con protección internacional. Los informes policiales describen un modus operandi similar que consiste en la utilización de un “engaño previo” para que el opositor que se encuentra en un país seguro viaje a un país bajo la influencia del régimen ecuatoguineano. “Normalmente, países limítrofes o países africanos”, afirma un informe fechado el 1 de diciembre de 2022.
El Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, al que pertenecen los opositores, afirma en un comunicado que Obama Mefuman y los otros tres militantes de este movimiento “habrían sido torturados dentro de la prisión en venganza por la presentación de la querella en la justicia española”. “Desgraciadamente nuestro compañero Julio Obama Mefuman no habría soportado esos tormentos”, añaden.
“Como consecuencia de la debilidad y falta de implicación de las instituciones españolas en la lucha contra la tiranía de Obiang en Guinea Ecuatorial, un ciudadano español acaba de morir en torturas, producto de una cruel venganza que atenta contra toda España”, añade esta organización, que reclama al Gobierno de España que rompa sus relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial. También piden a las autoridades judiciales españolas que “procedan con todo el rigor de la ley penal contra los perpetradores”.
Los cuatro opositores habían viajado de Madrid a Sudán del Sur en noviembre de 2019 para reunirse con supuestos líderes políticos africanos con el objetivo de ganar apoyos a su causa. Pero allí fueron capturados y trasladados en un jet privado a la capital de Guinea Ecuatorial. Informes policiales sitúan a los tres altos cargos investigados en el avión presidencial en el que los opositores fueron trasladados a Malabo (Guinea Ecuatorial) desde Sudán del Sur.
Las víctimas aseguran que durante el trayecto fueron esposados de pies y manos y les pusieron un saco en la cabeza y un paño en la boca. También les habrían puesto una inyección con una sustancia desconocida. Tras aterrizar fueron trasladados a la prisión de Oveng-Azem, donde uno de ellos ha acabado falleciendo poco más de dos años después.
La Policía afirma que los secuestrados fueron sometidos a “sesiones de torturas” desde su llegada a ese penal y “de forma reiterada, al menos durante las primeras semanas de internamiento”. Se basa para ello en “mensajes, audios y videos, grabados y escritos por las víctimas y enviados a las personas de su confianza en España” a través de uno de los testigos protegidos, un funcionario de prisiones que también fue “testigo directo” de al menos tres de esas sesiones. Este testigo reconoció en fotografías al hijo de Obiang y a Isaac Ngema Endo como los instigadores de esas torturas “visando y dando órdenes a los demás” torturadores. La aportación de información de otros dos testigos protegidos residentes en España también ha sido “fundamental”, según la Policía.
Además de las “condiciones de vida inhumanas y el maltrato psicológico constante”, los agentes describen “largas sesiones de torturas” entre las que destacan descargas eléctricas o la llamada técnica del cocodrilo, que consiste en colgar a la víctima de pies y manos boca abajo durante largos períodos provocando que la sangre presione la parte frontal del cuerpo y se acaben reventando vasos sanguíneos. También les hacían desnudarse y les vertían encima agua muy caliente. “Se me reventaban las venas de los brazos y las piernas porque la presión era excesiva. La sangre salía disparada por todas partes. Así durante cuatro largas sesiones”, describe una de las víctimas en un audio enviado a uno de los testigos protegidos y aportado a la causa.
En un auto del pasado 10 de diciembre, el juez que instruye el caso, Santiago Pedraz, ordenó que los investigados fueran llevados a la Audiencia Nacional en cuanto fueran localizados por la Policía en España, aunque lo hizo sin poner en marcha los mecanismos de detención que implica una orden de arresto. En esa resolución, el instructor afirmó que no procedía "acordar la detención judicial”, sino que en caso de “detectar” su “presencia” los agentes practicaran las diligencias que fueran “necesarias” para asegurar que fueran “puestos a disposición judicial”. Lo hizo a petición de la Policía, que tenía sospechas de que los investigados podrían viajar a España con motivo de las fiestas navideñas.
Poco más de dos semanas después, el 29 de diciembre, la Policía informó al juez de que habían localizado al hijo de Obiang, Carmelo Ovono Obiang, en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Pero el magistrado rechazó detenerlo. En una resolución fechada ese mismo día, Pedraz acordó que los agentes se limitaran a darle traslado de la querella y que se le requiriese para designar un abogado y una dirección en España para hacerle las notificaciones. El fiscal del caso, Vicente González Mota, sí reiteró su petición de que se pusiera al investigado a “disposición judicial”, según un escrito consultado por elDiario.es. En ese auto del 10 de diciembre el juez sí acordó el bloqueo de los bienes de los investigados en España tras imponerles una fianza conjunta de 1,2 millones de euros.
El Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República califica de "inesperada y repentina" la decisión del juez. Y aseguran haber advertido a "todas las autoridades, judiciales y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación" de que el regreso a Guinea Ecuatorial del hijo del dictador con "total impunidad" conllevaría "represalias" contra sus militantes. Según esta organización, no se ha producido desde las autoridades españoles "ningún pronunciamiento" contra el régimen de Obiang "que se pudiera anticipar a una venganza que a todas luces se produciría".