Una ex alto cargo de Moncloa asumirá el recurso del 25% en las aulas como magistrada del Constitucional

La ex alto cargo de Moncloa y asesora del 'govern' en la reforma del Estatut, la magistrada Laura Díez, asumirá la ponencia relativa al recurso contra el decreto con el que la Generalitat intentó eludir el 25 por ciento de castellano en las aulas. Junto a este borrador, le ha correspondido también la ponencia del recurso contra la ley de educación conocida como ley Celáa. A esta decisión se ha llegado en el primer pleno gubernativo (no jurisdiccional) del Tribunal Constitucional, en el que otra cuestiones, se ha abordado el reparto de ponencias que estaban en manos de los cuatro magistrados salientes y que recaen ahora en los nuevos conforme a los criterios de orden de antigüedad y mayor edad de los anteriores y los recién aterrizados cuatro nuevos miembros. En ese mismo pleno el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido ha comunicado que tiene previsto señalar para el primer pleno de febrero (días 7, 8 y 9) el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley del aborto, la llamada ley Aído, pendiente de resolución desde hace una década. Además, ha anunciado su intención de llevar al segundo pleno del mes (21,22 y 23) la ley de eutanasia y en el primer pleno de marzo la ley ley de educación (ley Celáa). Las dos primeras siguen en manos de sus ponentes: Enrique Arnaldo (de perfil conservador) y Ramón Sáez(de perfil progresista) respectivamente. Pumpido ha manifestado a sus compañeros que quiere acelerar la resolución de los asuntos que tienen más antigüedad y aquellos que tienen mayor repercusión social. Respecto al reparto de ponencias a los nuevos magistrados, además de las de Laura Díez (que estaban en manos de Antonio Narváez), están las que correspondían en el expresidente, Pedro González Trevijano, que asumirá el ministro Juan Carlos Campo (la más relevante es el recurso del Grupo Popular contra el decreto-ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat); las de Juan Antonio Xiol, que han recaído en César Tolosa (la reforma de la ley que maniató al CGPJ, entre otras), y las que tenía Santiago Martínez-Vares, que asume María Luisa Segoviano. De ellas l a más relevante es el recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra su condena en el Supremo por atentado contra la autoridad.