OCDH registró 5 499 acciones represivas en Cuba durante 2022
Las acciones represivas perpetradas por el régimen tuvieron como víctimas no solo a activistas y defensores de derechos humanos, sino también a ciudadanos sin ningún tipo de afiliación política
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MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 5 499 acciones represivas durante el pasado año, marcado una grave crisis económica y por el deterioro de las libertades en la Isla.
La organización, con sede en Madrid (España), indicó este jueves que, del total de acciones represivas, 1 354 fueron detenciones arbitrarias, 832 de ellas contra mujeres (cifra más alta reportada desde 2018). También se contabilizaron 1 447 retenciones en viviendas y 53 casos de exilio forzoso.
El OCDH señaló que las acciones represivas perpetradas por el régimen cubano tuvieron como víctimas no solo a activistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil en general, sino también a ciudadanos comunes sin ningún tipo de afiliación política.
“Es difícil encontrar un ámbito del ejercicio de los derechos que escape a la crisis. La represión se mantiene en niveles preocupantes, dotándose el Estado de nuevos mecanismos legales para impedir o castigar cualquier expresión de descontento ciudadano”, subrayó la plataforma en su Informe Anual.
En el caso de las retenciones en viviendas, se refleja en el país caribeño la consolidación de un patrón represivo consistente en sitiar a activistas, opositores y familiares de presos en un sus domicilios, con estricta vigilancia policial, así como prohibición de salida y control de acceso.
Otro patrón predominante fue el encarcelamiento o exilio forzoso de activistas y opositores. De acuerdo con el OCDH, destacados activistas políticos y miembros de la sociedad civil fueron recluidos o se mantuvieron en prisión. El reporte añade que muchos de los que no sufrieron encarcelamiento sí fueron víctimas de citaciones policiales, amenazas y retenciones en sus viviendas con el fin de que desistieran de sus labores como activistas o periodistas o abandonaran el país.
El informe da cuenta, además, de 697 acciones represivas contra periodistas independientes, que incluyeron amenazas, vigilancia, citaciones y restricciones de datos móviles y telefonía.
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