Nóminas de miles de euros en horas extras destapan el caótico control horario en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

El jueves 5 de enero de 2023 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emitía un comunicado en el que figuraba que el área de Seguridad Ciudadana había abierto un expediente de información reservada a un funcionario del cuerpo de la Policía Local sin revelar muchos más detalles.

Este tipo de expedientes se utilizan como medida para investigar posibles hechos o irregularidades desarrolladas en el puesto de trabajo. Esto evita la apertura apresurada de expedientes disciplinarios sin un mínimo contraste de la realidad de los hechos denunciados, por lo que se trata de un paso previo. Sin embargo, en este caso hay fuentes que revelan que los hechos y pruebas consultadas muestran actuaciones que "son más que suficientes para destituirlo de sus cargos".

En 2021 un oficial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y responsable del Grupo de Guías Caninos fue designado también responsable del Grupo de Protección a Autoridades, es decir, los escoltas. Su trabajo consistía en aprobar las horas extraordinarias que realizaba este grupo, que ejerce protección a la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso. Esta había solicitado la creación de un grupo de escoltas después de asegurar que había recibido unas presuntas amenazas. La denuncia que hizo la concejala quedó archivada, aún así, se tomó la decisión de proporcionarle escoltas de protección permanente que en un principio se estimaba que costaban al consistorio más de 10.000 euros al mes. Sin embargo, si se le añaden las horas extras el importe asciende hasta los 40.000 euros mensuales.

En referencia a esto, el gasto desorbitado que generaron las horas extra en 2021 dejó un desembolso público de hasta 370.000 euros entre enero y noviembre. Además de Evelyn Alonso, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, también tiene asignados escoltas. Entre los dos sumaban ese año seis agentes que cobraban complementos a modo de compensación económica. Según fuentes del Ayuntamiento las horas específicas que requiere esta función se abonan “como al resto de agentes que hacen servicios extraordinarios o específicos que requieren de un complemento en su salario”.

Los escoltas seguían un procedimiento poco controlado a la hora de solicitar la aprobación de las horas extraordinarias supuestamente realizadas. Llamaban al responsable de apuntarlas y le comunicaban un número de horas realizadas, sin que este pudiera comprobar la veracidad de lo expuesto.

Al no tener un turno fijo ni un calendario, el que las apuntaba no verificaba la información aportada por los agentes.

El domingo 30 de mayo de 2021, Día de Canarias, los efectivos de la Unipol prestaron su último servicio tras 17 años. Tras el desmantelamiento, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió crear el cuerpo especial para la protección de los políticos.

De los 21 políticos que componen la corporación municipal, Bermúdez y Alonso son los únicos que cuentan con servicio de escoltas. Cada uno de ellos dispone de tres agentes. Cuando se tomó esta decisión, fuentes del Ayuntamiento explicaron a este periódico que “varios agentes se asignan al servicio de escoltas de la Alcaldía desde hace años y de manera voluntaria”. El sindicato CSIF criticó en su momento que se eligiera a ''unos determinados agentes'' sobre el resto para ejercer esta función, sin que hubiera ningún procedimiento selectivo de por medio. Que los escoltas sean ''de confianza de la autoridad'' supone, según el sindicato, un perjuicio sobre el resto de los agentes.

Este grupo, al igual que el cuerpo de Guías Caninos, no tenía un mando asignado que controlara la realización de las horas extraordinarias. Es en ese momento cuando el subcomisario designa a un oficial como responsable de ambos grupos, que es el agente al que se le ha abierto el expediente de información reservada.

El investigado tenía la “libertad” de firmar y aprobar las horas extras de sus compañeros (pues fue designado como responsable de este cargo en 2021) pero también las suyas propias. Desde ese mismo instante comenzó a apuntarse a sí mismo en los expedientes una infinidad de horas extraordinarias que afirmaba haber realizado y sin que nadie lo comprobase. Sin embargo, el total de supuestas horas realizadas deja una cifra completamente alejada de la del resto de sus compañeros y refleja jornadas imposibles de cumplir.

Existen dos maneras de hacer estas horas, puede darse cuando uno prolonga el servicio, es decir, al terminar una jornada de ocho horas realizar varias horas más por necesidad del trabajo, o por el contrario, acudir los días libres a trabajar. El responsable "empataba" las horas extras de un día con su jornada ordinaria del día siguiente, algo completamente imposible teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales que exige un descanso de 12 horas entre turnos.

En diciembre de 2022, el PSOE preguntó en un pleno del Ayuntamiento la relación de horas extras apuntadas por este oficial después de que el interventor municipal frenase el pago de una nómina de más de 10.000 euros solo en horas extras. Como respuesta, la Concejalía de Seguridad aportó un documento con la relación de los servicios extraordinarios. En él se pueden ver situaciones cuanto menos, llamativas.

A modo de ejemplo el 14 de junio de 2022 el agente se apuntó refuerzo de horas extras en el turno de mañana, tarde y noche, con un total de 16 horas. Al día siguiente, lo mismo, refuerzo en los tres turnos del día con un total de 13 horas extraordinarias, que además empató con más horas en la mañana el 16 de junio. Esto, en caso de ser veraz, sería ilegal pues no cumpliría con los descansos mínimos obligatorios establecidos en la ley.

Otras fechas significativas que revelan, no solo el "empate" de una jornada con otra, sino la barbaridad de horas supuestamente realizadas son el 23, 24 y 25 de junio. En el documento figuran 11 horas el primer día, 13,5 el segundo y 12 el tercero. Si se hace el cálculo total del mes de junio en el año 2022 la cifra se eleva hasta 155,5 horas extraordinarias.

Tal y como trasladan a este periódico fuentes conocedoras del caso el oficial llegó a percibir 20.000 euros únicamente en horas extras. Se trataba de una nómina trimestral que recogía los meses de junio, julio y agosto, ya que rara vez son mensuales. En diciembre del año 2022 llegó la nómina que puso sobre la mesa las supuestas irregularidades desde que se le designó el cargo.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que lo normal es percibir a fin de año en torno a los 5.000 euros de media, dependiendo de la unidad. Hay que recordar que esta cantidad equivale a las horas extras realizadas en 12 meses.

Cada hora de la jornada ordinaria de un oficial se paga a 24 euros brutos, la extraordinaria realizada en festivos, fines de semana o nocturnas, a 47, y las realizadas entre semana, a 35 euros.

Los expedientes que incluyen tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria deben pasar por manos de la comisaria antes de ser aprobados definitivamente. Es decir, su trabajo consiste en verificar que todo lo que se plasma es correcto. Una vez revisados, se envían a Recursos Humanos para que se realicen los pagos.

Los expedientes en los que figuraba la desmesurada cantidad de horas extra que se autoapuntaba este agente pasaron por la comisaria y fueron firmados sin hacer preguntas. Por lo tanto, dentro de la libertad que tenía este mando de apuntar las horas que "quisiera", existía un control posterior, sin embargo, no se realizó adecuadamente.

Lo más significativo de este caso no es únicamente el uso indebido de recursos públicos o la cantidad indecente de horas extra que se apuntó, sino que siendo Guía Canino, no tenía un perro asignado. En total, en el expediente notificó 28 horas extras en el veterinario repartidos en cinco días.

Fuentes consultadas por este periódico expresan su sorpresa y se preguntan cuál fue el perro que supuestamente llevaba al veterinario, ya que no tenía. Además, este tipo de animales no pueden ir a ningún lugar con otra persona que no sea su dueño, pues son guías instruidos de una forma concreta y con una labor servicial. Estos son propiedad de los agentes y cedidos al Ayuntamiento para el desempeño de la labor.

De esta forma, su trabajo era únicamente organizar el servicio de los Guías y apuntar las horas extra de este grupo y del grupo de Protección de Autoridades. Así, raramente debía acudir a operaciones o eventos, sin embargo, en los expedientes que él mismo rellenaba figuran una infinidad de horas extraordinarias en eventos a los que supuestamente no acudió. A esto se añade el testimonio de los compañeros, que corroboran que no estuvo presente en casi ninguna operación.

Según fuentes conocedoras del caso, este agente podría haber cometido varios presuntos delitos relacionados con el cobro de trabajos no realizados y haber expuesto información no veraz en documentos públicos.

En el marco del expediente abierto a este agente se investiga ahora no solo su jornada laboral, sino también distintos vídeos en los que se podría comprobar que realizaba con frecuencia un uso indebido de los recursos públicos.

A raíz de esta situación se ha emitido una orden que obliga a los jefes de servicio a hacerse cargo de la aprobación de las horas extraordinarias realizadas por parte de los escoltas y los Guías Caninos. Sin embargo, estos siguen comunicándolas por teléfono, sin mayor prueba que su palabra. Esto no ha terminado de convencer a las organizaciones sindicales con representación en el Cuerpo de la Policía Local, ASIPAL, CCOO, CSIF y UGT, pues opinan que volvería a repetirse la misma situación: aprobar las jornadas sin tener pruebas de la realización de estas. Por ello han exigido la nulidad de esta orden (orden 91).

En el pleno celebrado el pasado viernes 20 de enero de 2023, Patricia Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, partido en la oposición, reclamó una vez más a la concejala de Seguridad y responsable de la Policía Local, Evelyn Alonso, el registro de horas extras de este agente. “¿Este hombre no dormía?”, preguntó la socialista tras comprobar las supuestas jornadas del oficial.

En lo referente al perro, Hernández le reclama a la concejala haber firmado las supuestas horas en el veterinario con un perro que no tiene: "Los perros de peluche no cuentan".

Ha insistido también en la nueva Orden 91, que surgió a raíz de este caso, que les exige llamar por teléfono para comunicar la realización de sus jornadas. Con respecto a esto Evelyn Alonso ha preguntado: "¿En qué momento he afirmado que la comunicación telefónica sea fehaciente?"

Patricia Hernández le recuerda que todos los funcionarios públicos tienen un control biométrico y que en el caso de la policía se realizaba con un pase de lista, a excepción de sus escoltas, que debían llamar por teléfono al responsable asignado. En este caso, se trataba del investigado: "La cuestión es si usted sigue sosteniendo que es normal y legal que se corrobore la finalización de los turnos y en su caso de los servicios extraordinarios con una llamada de teléfono".

Tras la celebración del pleno el 23 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento informó que el investigado había "renunciado". Hasta ese entonces se encontraba prestando servicio en el operativo uno hasta el pasado 28 de diciembre. Sin embargo, mientras se realiza la investigación, el oficial aún continúa prestando servicio en otra unidad diferente. Esto significa que sigue teniendo acceso al sistema informático, algo que no sucedería si el expediente abierto fuese disciplinario.