Carlos Carrasco: Potenciar la industria y cuidar el medio ambiente
La economía mexicana lleva cerca de cuatro décadas con tasas de crecimiento por debajo de lo requerido para mejorar las condiciones de vida de la población.
México enfrenta una multitud de retos propios de su nivel de desarrollo. Dentro de los retos existentes hay dos que sobresalen en las circunstancias actuales. Por una parte, México tiene la necesidad de generar un proceso sostenido e inclusivo de crecimiento económico, es decir, que se mantenga en el tiempo y que permita reducir los altos niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida. La economía mexicana lleva cerca de cuatro décadas con tasas de crecimiento por debajo de lo requerido para mejorar las condiciones de vida de la población.
Por otra parte, es fundamental impulsar un proceso de cambio en la estructura económica que reduzca los efectos de las acciones humanas en el medio ambiente. El problema ambiental es de tal dimensión que en los últimos Informes de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se ha resaltado la entrada en una nueva era geológica que se caracteriza por los efectos permanentes que las actividades humanas están teniendo en el planeta.
¿Cómo estimular el crecimiento económico y, a la vez, limitar los efectos negativos en el medio ambiente? La pregunta, como todas aquellas relacionadas con el desarrollo económico de un país, no tiene una respuesta simple. Diversos factores influyen en la mejora de la capacidad de crecimiento de largo plazo, en la distribución del ingreso y en el cuidado del ambiente. No obstante, hay una herramienta de política económica que me gustaría resaltar.
La política industrial permite fomentar actividades económicas específicas y coadyuvar al desarrollo económico regional. En los últimos años, se han impulsado estrategias de política industrial en diversos países desarrollados potenciando industrias con futuro, acompañadas de la capacitación necesaria para su impulso y de incentivos para su promoción.
En México, la idea de política industrial sigue trayendo a la mente los (desastrosos) años setenta, en donde la participación del gobierno en la economía llegó a áreas sin una justificación económica. No obstante, el auge de la nueva política industrial se enfoca en identificar oportunidades e impulsar el desarrollo industrial tomando en cuenta las características propias de cada región.
La mayor parte de los países ahora desarrollados ha transitado de economías agropecuarias (y demás actividades del sector primario) a economías con mayor desarrollo industrial para posteriormente convertirse en economías de servicios. No obstante, en países como México, la transición a los servicios se dio de forma prematura, es decir, antes de ser una economía con un componente industrial importante saltamos a una economía de servicios.
El sector industrial, especialmente el intensivo en I+D, se caracteriza por presentar mayores incrementos en la productividad que el sector servicios, lo que tiene un impacto en el crecimiento económico. Si bien existen servicios intensivos en conocimiento y con posibilidades de incrementos en la productividad, no es una generalidad. Así, voltear la vista a la industria es clave en un país como México. Es aquí en donde las estrategias de política industrial juegan un papel importante, priorizando el desarrollo de actividades económicas de futuro y haciendo a la economía más compleja.
Dentro de las actividades económicas de futuro están aquellas relacionadas con el cuidado al medio ambiente, aquellas que permiten reducir las emisiones de contaminantes y que mejoran la eficiencia energética.
Estas actividades representan oportunidades importantes de negocios y, a su vez, cubre necesidades sociales. Más aún, hacer a la economía más compleja, es decir, incrementar su capacidad de convertir insumos en productos más diversos y sofisticados, genera una mayor capacidad de desarrollar, adaptar y adoptar tecnologías más limpias y energéticamente más eficientes.
Una apuesta hacia mayor complejidad del aparato industrial y hacia mejoras ambientales requiere de un sólido incremento en la inversión pública y privada.
El cambio estructural ambiental es costoso e imprescindible y ello requiere de la cooperación activa del sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Ambos retos son prioritarios para el desarrollo actual y futuro de la economía mexicana y no se deben postergar.
El autor es Profesor-Investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Se especializa en el estudio del cambio estructural en economía abiertas.