Los Letrados de la Administración de Justicia cifran en unos 30.000 los actos judiciales suspendidos por la huelga
Justicia sitúa en un 24,5% el seguimiento del tercer día de huelga de LAJ mientras que los convocantes hablan de un 78%
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han cifrado en unos 30.000 los actos judiciales que han tenido que suspenderse a causa del parón. En su tercera jornada, aseguran que el seguimiento ha sido del 78% de la plantilla, si bien el Ministerio de Justicia lo sitúa en un 24,5%.
Según ha detallado el comité de huelga en un comunicado a última hora de este jueves, se han suspendido unas 30.000 vistas de juicio, comparecencias y actos de conciliación, mientras que unos 11 millones de expedientes judiciales han quedado paralizados, "causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos".
Asimismo, han detallado que en las cuentas de depósito y consignación se ha inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros. "La realidad es que la Administración de Justicia en España está parada", han lamentado los convocantes.
Las tres asociaciones -- la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- han informado de que la participación de este jueves ha sido similar a la de los últimas dos jornadas de huelga, cuando se registró un seguimiento superior al 80%.
Desde el Ministerio han comunicado que los datos de la participación de la huelga disminuyen respecto a los dos primeros días. Así, pasa de 28,23% el martes, a 26,98% el miércoles y alcanza este jueves un 24,5%.
Las tres asociaciones firmantes, en un segundo comunicado emitido este jueves, critican las cifras recogidas por el Ministerio dirigido por Pilar Llop y aseguran que el departamento ofrece "unos datos sesgados y totalmente erróneos en su intento de desmotivar la convocatoria".
Las convocantes insisten en que Justicia "suma a los efectivos no disponibles en el total como no huelguistas y no incluye entre los que secundan a los servicios mínimos que comunican su adhesión".
"Lamentablemente, la realidad es que la Administración de Justicia en España está parada, y que la Ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue sin convocar al Comité de Huelga y sin hacer el más mínimo intento de resolver el conflicto", señalan.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".
Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad".
LLop pidió hace una semana a los convocantes que huyeran de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.
LA POSTURA DEL MINISTERIO
Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la "desinformación que aparentemente existe" sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento "en interés" del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. "La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros", precisó.