Tarifas mínimas de colegios profesionales encarecen bienes, dice Comisión de Competencia
Presidente de Coprocom, Viviana Blanco Barboza, cuestiona métodos usados por colegios profesionales para fijar honorarios: ‘En realidad no se sabe por qué un abogado puede cobrar muchísimo más que un médico general’.
Las tarifas mínimas fijadas por los colegios profesionales impactan la economía y la competitividad del país, afirmó ante los diputados la comisionada presidenta de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), Viviana Blanco Barboza.
Si los honorarios mínimos de los profesionales son elevados, se encarecen los costos de los servicios y otros bienes, lo que perjudica las inversiones, expuso. Además, una fijación mínima genera desincentivo para prestar servicios de calidad.
Blanco Barboza compareció el miércoles en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde se discute un proyecto de ley para eliminar esas tarifas.
Explicó que un estudio del año anterior de la Coprocom recomendó eliminar ese piso, así como determinar los fines públicos que atenderán los colegios profesionales. En su opinión, estos deben centrarse en el beneficio del consumidor y no en los agremiados.
De acuerdo con la funcionaria, el estudio encontró que no existe consistencia en las diferentes metodologías de los colegios para definir las tarifas. Dijo que las fijaciones carecen de sustento técnico y de homogeneidad.
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Añadió que la falta de metodologías estandarizadas hace que cada colegio tenga sus mecanismos propios. Algunas veces la entidad incrementa los precios mínimos usando como referencia el costo de la vida o los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo.
“Las diferencias son muy grandes. En realidad no se sabe por qué un abogado puede cobrar muchísimo más que un médico general. ¿Quién determina que el servicio prestado tiene un mayor nivel de dificultad que requiere un precio más alto?”, cuestionó.
Blanco indicó que el informe encontró que 14 juntas directivas aprueban el piso para que sus agremiados cobren honorarios y, solo en cuatro casos, esto se define mediante una asamblea general. Por esta razón, dijo, no existe una representación uniforme en todos los casos.
También, dijo que solo ocho de los 33 colegios profesionales tienen potestad legal de establecer tarifas, pero la fijación la realizan 15 entes.
“La disciplina de la competencia económica señala que (las tarifas mínimas) pueden ser perjudiciales, porque limitan autonomía de los profesionales. O sea, no pueden competir por debajo de tarifa establecida.
“Los economistas sabemos que los precios son indicadores del mercado, indicadores de la oferta. También, sirven de orientación para calidad. Además, si una tarifa se fija muy alta generará exceso de oferta en el mercado, muchos van a querer ofrecer servicios profesionales con tarifa alta y los usuarios no van a pode acceder al servicio. Se queda una cantidad de demanda desatendida”, señaló Blanco.
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En cuanto a los efectos en la calidad, las tarifas mínimas son un desincentivo para prestar servicios en esa línea, según explicó Blanco.
“Si yo soy un profesional muy bueno y puedo prestar servicios de alta calidad y sé que me van a pagar lo mismo porque la tarifa es igual para todos, pues, el incentivo no es claro”, sostuvo.
También, dijo que algunas de esas entidades, cuando menos, tienen facultad de reglamentar la actividad profesional, lo que hace dudar si velan sobre la calidad del servicio, pues en esa labor atienden generalmente los intereses gremiales.
Para la funcionaria, al final los colegios profesionales se autoregulan, al estar fuera de la ley sobre la competencia por una interpretación de la Sala IV.
PLN reprocha
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, descartó que la fijación de una tarifa mínima reste calidad a los servicios y que afecte la competencia.
“Los clientes siempre tienen la posibilidad de escoger al profesional que desee. No es que se le impone a un profesional. Y de acuerdo con la calidad del servicio de ese profesional, el cliente decide a quien elije. Además, son tarifas mínimas y se puede cobrar más que eso”, refutó Larios.
Francisco Nicolás, también legislador del PLN, explicó que cada colegio rige su disciplina. Añadió que deben haber criterios universales sin que necesariamente implique la existencia de homogeneidad en los procesos.
“La ruta para beneficiar al consumidor final está en una verdadera regulación de esas tarifas mínimas, para que sea la plataforma de despegue con la cual el consumidor empieza a hablar con el profesional. Pero liberar una tarifa per se por doctrina no tiene sentido. Eso lo que hará es empujar a los gremios a competir a matarse sin dar una garantía de arranque de calidad al usuario”, aseguró Nicolás.
Por otra parte, Blanco indicó que otra restricción a la competencia son los exámenes de incorporación que aplican los colegios. Los seis que realizan estas pruebas justifican debilidades de la enseñanza de las universidades, indicó la funcionaria.
“Los exámenes pueden ser una barrera de entrada. Si los colegios son juez y parte definen quién entra y quién no a ejercer la profesión. Podría evitar que entren muchos profesionales para que el precio no baje y haya más competencia”, aseguró.
