El Gobierno sostiene que "la mejor forma de defender la ley del solo sí es sí" es aplicando "los ajustes técnicos necesarios"

El Gobierno sostiene que la ley del 'solo sí es sí' es una buena norma pero para "defenderla" ve necesario corregir los "efectos indeseados" que se han producido desde su entrada en vigor, esto es, tratar de frenar las revisiones a la baja de las penas a agresores sexuales que algunos juzgados están aplicando. Para solventar esos efectos, la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha argumentado este martes que es preciso "llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios" en el articulado penal del texto, aunque no ha querido entrar en más detalles. "El problema ha sido relacionado con las penas y los trabajos técnicos entre los ministerios de Justicia e Igualdad tienen que ver con ajustar desde el punto de vista jurídico y técnico para que no se produzca el descenso de la pena", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha precisado que es una "reforma compleja" y no ha aclarado ningún detalle más allá de que esa complejidad se centra en tratar de justificar la "homologación de las nuevas horquillas", pero ha puntualizado que en ningún caso la propuesta que está manejando el Ejecutivo para modificar la ley toca una "coma" sobre el consentimiento, que es una de las líneas rojas que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Igualdad para abordar la negociación. "Estamos trabajando en este momento y si alcanzamos ese acuerdo lo antes posible se lo haremos llegar", ha insistido la ministra.

"La mejor forma de defender esta ley es llevar a cabo todos los ajustes técnicos necesarios para evitar lo que está ocurriendo. En ningún caso se ha planteado abordar la cuestión del consentimiento sino simplemente abordar estas consecuencias", ha reiterado Rodríguez ante las preguntas de los periodistas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido en la misma rueda de prensa no solo la ley sino la forma en que se tramitó, con una doble vuelta en el Consejo de Ministros y con un apoyo de "más de 200 diputados" en su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. "Estoy convencido de que ninguno de esos diputados quería los efectos que se están produciendo y están generando una preocupación social que hacemos nuestra", ha sostenido Bolaños, que ha reiterado que están, junto con su socio de Gobierno, tratando de lograr un acuerdo.

Aunque ninguno de los ministros ha querido entrar en los detalles sobre la negociación que se está dando para la reforma de la ley, Justicia dio a conocer este lunes el borrador de la modificación que están manejando y que propone elevar las penas “cuando medie violencia o intimidación, o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. El Ministerio que dirige Pilar Llop reconoce que esta rectificación no va a paliar a corto plazo las rebajas de penas, ya que en el sistema penal español los jueces tienen la obligación de aplicar siempre la norma más beneficiosa para el reo de todas las que han estado en vigor. Está pensada para los casos “a futuro”. 

La parte socialista del Gobierno defiende que la propuesta de Justicia no toca el consentimiento de la ley, pero desde Unidas Podemos sostienen que el hecho de introducir el componente de la violencia o la intimidación para diferenciar el tiempo de la condena se está volviendo de facto al modelo anterior del Código Penal en el que el consentimiento no estaba en el centro, según opinan. “Estoy seguro de que ningún diputado feminista va a apoyar en el Congreso una reforma que elimine el consentimiento del centro de la ley”, ha defendido esta mañana el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique, preguntado por la propuesta de Justicia.

Los socios de Gobierno llevan semanas trabajando en una solución para corregir estos efectos indeseados, aunque hasta ahora no habían trascendido movimientos en este sentido. El primer paso en público lo dio este lunes el PSOE. A primera hora, el ala socialista del Ejecutivo confirmó que se disponía a “corregir” la norma para evitar los “efectos indeseados” de su aplicación, tras la “alarma social” generada. Un eufemismo que alude a las más de 200 revisiones a la baja de condenas que se están sucediendo en los juzgados y que se ha convertido en un problema para el Gobierno y los partidos que le apoyan, más en un año electoral.

El planteamiento de los socialistas es registrar una proposición de ley en el Congreso basada en las propuestas de los expertos consultados por el Ministerio de Justicia, que este departamento dio a conocer también ayer. La ley del 'solo sí es sí' eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual que hacía hasta entonces el Código Penal y estableció mayores penas para las supuestos más graves, como las agresiones en grupo o bajo los efectos de las drogas. Pero en algunos tramos de las penas mínimas el último texto que aprobó el Congreso es más benévolo que los anteriores, lo que ha llevado a los tribunales a revisar centenares de condenas. Lo que ahora propone Justicia es elevar las penas “cuando medie violencia o intimidación, o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. 

El tipo general de agresión sexual sigue penado con entre uno y cuatro años de cárcel, pero se recupera la horquilla de entre uno y cinco años si existe “violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Además, cuando se den esas circunstancias, los jueces no podrán imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses. En la redacción actual, esta era una potestad del órgano sentenciador. 

En las casos más graves —cuando hay penetración vaginal, anal o bucal— también se eleva la parte baja de la horquilla si la agresión se comete “empleando violencia o intimidación o anulando la voluntad de la víctima por cualquier medio”. En estos supuestos, la propuesta establece que se impondrá la pena de prisión de seis a 12 años de prisión, tal y como recogía el Código Penal antes de la reforma de la ley del solo sí es sí. En la actual redacción estas agresiones están penadas con entre cuatro y 12 años de prisión. Informa Elena Herrera.

El problema de la nueva redacción que propone la parte socialista del Gobierno es, según defiende el Ministerio de Igualdad, que mueve el consentimiento de la ley. El departamento que dirige Irene Montero rechaza de plano una reforma en este sentido pero se mostró ayer dispuesto a negociar una modificación de las penas que no incluya introducir el componente de la violencia o la intimidación.

Aunque en la práctica el artículo en el que se define el consentimiento no se toque, explican, el hecho de introducir de nuevo la violencia y la intimidación como manera de diferenciar penas implica aplicar el mismo automatismo judicial que diferenciaba entre abuso o agresión sexual. El Ministerio de Igualdad alega que es una forma de desnaturalizar la ley y de eliminar toda la filosofía que tiene detrás.

Desde que empezaron las reuniones entre Igualdad y Justicia a comienzos de diciembre, el ministerio de Irene Montero ha puesto sobre la mesa tres propuestas diferentes. Una de ellas tenía que ver con la reubicación de la disposición transitoria en el Código Penal para dejar más clara la interpretación de la norma, otras dos con las penas y los agravantes. En esta última es donde figura ese punto de encuentro con Justicia: Igualdad estaría dispuesta a tocar los tipos mínimos de las penas.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, admitió ayer en declaraciones a los medios -en realidad lo asumen las dos alas del Gobierno- que su propuesta de tocar algunas penas mínimas no solucionaría las interpretaciones judiciales que están concediendo rebajas de condenas, pero sí ayudaría a estrechar el margen de interpretación en un futuro. "Queremos llegar a un acuerdo", defendía, pero "blindando el corazón de la ley". Informa Ana Requena.

En realidad, la negociación acumula varias semanas, según han reconocido fuentes del Gobierno a elDiario.es. Las alarmas se encendieron en Moncloa con el goteo de revisiones de penas a la baja, aún después de que la Fiscalía hubiera dictado una instrucción, que solo ha servido para fijar un criterio en los recursos pero que no ha acabado con las rebajas de penas, que han llevado a cabo jueces de todas las adscripciónes, también asociados a Jueces Para la Democracia, la asociación progresista.

En pleno despliegue de la precampaña de las municipales y autonómicas resultaba difícil encontrar algún dirigente territorial o ministro socialista que no estuviese preocupado por cómo podrá influir esta polémica en las urnas. Su propia militancia ha reportado un aluvión de quejas que denotan la perplejidad y la preocupación ante el incesante goteo de revisiones de penas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. Un auténtico mazazo para el estado de ánimo de la izquierda a poco más de cien días para que se pongan las urnas y con toda la derecha acusando al Gobierno de dejar en la calle a violadores (por más que en algunos casos las decisiones de los jueces hayan sido adelantar unos pocos meses la salida de condenados que iban a volver a la calle en cualquier caso), informa Enrique Monrosi.

Fuentes de la Moncloa admiten que no esperaban que la ola de revisiones alcanzase la magnitud que finalmente ha alcanzado porque, coinciden con Igualdad, estaban convencidos de que los jueces tenían margen para una aplicación distinta de la norma. A medida que se fueron acumulando los casos, en el equipo del presidente se acabó imponiendo la necesidad de actuar y de hacerlo cuanto antes. Según las mismas fuentes, mientras Sánchez y sus ministros mandaban mensajes de tranquilidad en público, intentaban convencer a Montero de que la norma debía ser reformada, aún sabiendo que las revisiones continuarán a medio plazo, dado que el Código Penal establece que debe aplicarse la legislación más benigna al reo.

Aunque las dos alas de la coalición coinciden en que los equipos técnicos de varios ministerios venían realizando un “seguimiento” de la evolución de la crisis en busca de posibles soluciones, fue hace dos semanas cuando a los departamentos de Igualdad y de Justicia llegaron órdenes precisas para plasmar una salida legal a este embrollo.

Desde los gabinetes de Irene Montero y de Pilar Llop confirman que, en efecto, ambos ministerios llevan tiempo intercambiando documentos e intentando pactar una salida con la idea de poder anunciar una solución conjunta que no pusiera en peligro los difíciles equilibrios internos del Gobierno de coalición ni tampoco del espacio confederal de Unidas Podemos. 

Mientras siguen las negociaciones, los partidos políticos han marcado sus posiciones. Primero Echenique ha defendido esta mañana que cualquier reforma de la ley no puede tocar el consentimiento y ha considerado que si el PSOE decide seguir adelante con la reforma en los términos actuales solo la podrá salvar con el apoyo de la derecha. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha insistido por su parte en que el borrador de Justicia está basado en las recomendaciones de los expertos, que ven la propuesta que han planteado como la "única" manera de solucionar el problema de las revisiones de penas.