España sale al rescate de los acuíferos y planea limitar la actividad en su superficie
El 99% del agua dulce del planeta está bajo tierra. “Un recurso esencial para la vida”, describe la ONU. Pero en España el uso intensivo de los acuíferos ha hecho que el 46% estén en mal estado debido a la sobreexplotación y la contaminación. Por eso el Estado se ve obligado a activar un plan de salvamento: restringir la actividad en la superficie para proteger ese tesoro interior.
El Ministerio de Transición Ecológica acaba de perfilar su Plan de Acción sobre las masas de agua subterráneas cuya función, establece, “es esencial, ya que sostiene los ríos y ecosistemas asociados, apoya la agricultura, abastece un gran número de poblaciones y hace frente a los efectos del cambio climático”.
El objetivo es atajar los daños que afectan a las masas subterráneas, básicamente consecuencia del “aprovechamiento intensivo” que arrancó a finales de los años 60 del siglo XX. Dicho de otra manera: acuíferos esquilmados porque se saca más agua de lo sostenible y acuíferos contaminados por los vertidos químicos generados por el regadío y la ganadería industrial (los purines) como puede rastrearse en el mapa realizado por Datadista para Greenpeace.
“La urgencia de actuar sobre las aguas subterráneas es muy alta”, alerta la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez. Esta doctora en Biología subraya también que hay que apuntar “al origen de los problemas: sobreexplotación y contaminación, en buena parte originados por la creciente presión agraria”.
Martínez ve en el plan "un buen diagnóstico al que acudir que resume mucha información que estaba disgregada" con mejoras a la hora de profundizar en el conocimiento sobre los acuíferos y del seguimiento de su situación.
En España las aguas subterráneas fueron consideradas una propiedad privada hasta 1985, el origen de un descontrol que ha hecho que, en muchas partes, los particulares hayan acumulado derechos para sacar agua “muy superiores al recurso disponible”. Así que la “extracción intensiva y continuada” ha esquilmado acuíferos, evidencia el documento del Gobierno.
Cada año, alrededor del 23% del agua consumida se bombea desde el subsuelo como puede apreciarse en el gráfico. Pero hay lugares donde se rebasa por mucho ese porcentaje. Dejando a un lado las islas (que tienen una idiosincrasia propia), en la demarcación del Júcar supone el 47% –en esa zona, solo en 2020, el Gobierno tuvo que firmar la declaración de “en riesgo” de seis acuíferos–.
En el Guadiana están en el 29% –allí ya en 2014 y 2015 se declararon en riesgo hasta nueve masas de agua que todavía no se han recuperado–. En el Guadalquivir, el consumo de acuíferos representa el 30% del total. En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas el 44% y en Catalunya el 40%.
“Los índices de explotación altos” de los acuíferos terminan por afectar “en muchos casos a masas de agua superficial y ecosistemas dependientes”, describen en Transición Ecológica.
Julia Martínez avisa de que la sobrexplotación “ya está afectando al abastecimiento humano de un número creciente de poblaciones pequeñas y núcleos rurales”. Además, añade, también seca los ríos: “En los mediterráneos, buena parte de las aportaciones a los cursos fluviales proceden de masas subterráneas por lo que la sobreexplotación de acuíferos, especialmente en las cabeceras, termina trasladándose a las aportaciones superficiales”. Menos agua.
“Hay que prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas”, comenta Julio Barea, responsable de Consumo y Biodiversidad de Greenpeace. Barea insiste en que España debería “reducir la vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío”. Y demanda que “se cierren el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía”.
Al sobreexplotar acuíferos y reducir su volumen, las masas subterráneas situadas cerca de la costa ven cómo les invade agua marina y convierte el líquido en inservible. A esto se le llama intrusión marina –además empeorada por la subida del nivel del mar derivada del cambio climático–. "Basta de un 2% a 3% de agua marina mezclada con agua dulce para hacerla inútil para la mayoría de usos", describen los técnicos. En el área mediterránea española hay 95 masas de agua subterránea y 56 han tenido este problema.
Y a eso se le suma que la crisis climática disminuye la recarga de estos almacenes líquidos subterráneos. Los primeros avisos concretos sobre esto aparecieron ya antes del año 2000. En 2011, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) realizó un estudio para el Gobierno en el que, a pesar de “la incertidumbre”, reflejaba un descenso generalizado en toda España. En 2017 revisó su análisis y volvió a concluir que la recarga de los acuíferos será menor –con variaciones según los escenarios más o menos halagüeños–.
Al mismo tiempo que se extrae más agua de lo posible, se están contaminando los acuíferos al llegarles los desechos químicos de los fertilizantes y pesticidas o los restos ganaderos. “30 años después de la promulgación de la directiva europea sobre la contaminación por nitratos, el problema, aunque estancado en muchos casos, está lejos de resolverse”, admite el Ejecutivo. Y es "el mayor reto de las masas de agua subterránea” para cumplir con las obligaciones ambientales.
En España, las comunidades autónomas que alcanzan los valores más altos de nitratos son: Catalunya, Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares y la Región de Murcia.
El Ministerio prevé en este plan que, para 2024, habrá aumentado en un 50% (50.000 km2) la superficie declarada como vulnerable por vertidos de nitraros lo que obligará –dice–, entre otras cosas, a que los gobiernos autonómicos implementen las directrices marcadas por las autoridades del agua, se declaren acuíferos en riesgo, se marque un máximo de nitratos que pueden llegar a estos y que se limiten o no autoricen actividades en su entorno.
Sin embargo, Julia Martínez cree que se aguarda demasiado antes de incidir sobre el problema de la contaminación. "Hasta que no se llega al nivel de nitratos máximo que contempla la ley no se activan muchas medidas. No se hace antes de manera preventiva y los acuíferos tienen tal inercia que entonces ya es muy difícil –si se puede– revertir la situación. Y además obliga a invertir muchísimo dinero".
Dentro de las medidas que recoge el plan, el documento considera como “herramienta esencial” trazar perímetros de protección en torno a los acuíferos. Se trata de “un área en la que, de forma graduada, se restringen o prohíben actividades potencialmente contaminantes, o en su caso captaciones o extracciones”, describe la estrategia.
Una especie de zona protegida donde queden legalmente limitadas las actividades que suponen las dos principales agresiones que dañan las aguas subterráneas. Esta figura de zona protegida no es un invento de 2023. Existe desde la ley de Aguas de 1985 y su posterior remodelación de 2001.
A pesar de ello, la medida “no ha sido exitosa en el pasado, salvo escasas excepciones, y su activación para los próximos años es uno de los retos que afronta este Plan de Acción”. Para ello debe retocarse el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para que haya un procedimiento de declaración y dotar a los perímetros de fuerza legal.
La directora de de la Fundación Nueva Cultura del Agua recuerda que estos perímetros "ya son una obligación legal" y esperaría que el documento del Ejecutivo aclarara mejor "cuándo y cómo se van a resolver los problemas que, como reconoce, han impedido que se pongan en marcha".
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