El Gobierno de Ayuso incendia a sanitarios y otros funcionarios ante su negativa a volver a la jornada de 35 horas
La paz entre los sanitarios y el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha sido breve. Los sindicatos han retomado las protestas y han convocado tres jornadas de huelga en todo el servicio madrileño de salud de atención hospitalaria, primaria y SUMMA 112 para los días 19 de abril y 8 y 26 de mayo –la última, dos días antes de las elecciones autonómicas–. Las movilizaciones de los profesionales se reanudaron esta semana después de que el consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, incendiara a todo el sector sanitario con unas declaraciones ofensivas al desmentir que el Gobierno regional vaya a devolver la jornada semanal de 35 horas a los facultativos como se había comprometido a estudiar la Consejería de Sanidad con la mesa sectorial y el comité de huelga de los hospitales. A las protestas se sumaban a final de semana el resto de empleados públicos de la administración regional.
"Es una reivindicación en la que llevan muchos años, mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37 y media. Teniendo su plaza de por vida, cosa que no tienen el resto de los trabajadores, creen que, a diferencia del resto de los trabajadores, deberían trabajar 5 horas menos", decía Lasquetty el pasado martess sobre la vuelta a la jornada de 35 horas para los empleados del sector público a la que se puso fin en 2012 por la crisis económica en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, todas las comunidades han recuperado esa jornada a excepción de Madrid y Galicia, ambas gobernadas por el PP.
Las palabras del consejero levantaron ampollas en todo el sector por su tono despectivo, que obvia además el hecho de que en Madrid acucia la temporalidad y la precariedad laboral entre los profesionales de la sanidad pública. Pero también por la cerrazón a estudiar una medida que consideran justa y a la que se comprometió la Consejería de Sanidad.
Si a principios de semana eran los sanitarios de hospitales los que se levantaban en armas ante estas declaraciones que les afectan especialmente porque se les acaba descontando estas horas de sus horas de guardia, la indignación se ha extendido por el resto de categorías y áreas sanitarias y también al conjunto de los empleados públicos que incluye a trabajadores de justicia o de residencias. Todos juntos protestaron este jueves frente a la Consejería de Hacienda reclamando esa vuelta a la jornada de 35 horas. Los sindicatos amenazaron incluso con una huelga general de todo el personal de la administración regional.
"Desde Comisiones Obreras hemos exigido que retire esas palabras ofensivas que vuelven a poner en tela de juicio la profesionalidad de todos los empleados públicos que además se dejaron la vida en los momentos más difíciles de la pandemia. Fallecieron defendiendo el servicio público", exige Mariano Martín Maestro, portavoz del área pública de CCOO Madrid. "Pedimos que el Gobierno se siente en la mesa negociadora y que nos devuelvan un derecho que nos fue arrebatado por el PP y que genera desigualdad con el resto de comunidades autónomas que ya han recuperado esa jornada laboral", añade en conversación con esta redacción. Martín Maestro incide además en que no se entiende la postura del Gobierno de Madrid siendo la región más rica del país.
También Amyts –el sindicato mayoritario de médicos– trasladaba este viernes a la Consejería de Sanidad el "profundo malestar" que han causado entre los profesionales las "desafortunadas" declaraciones de Lasquetty. "Están enfadando mucho a los profesionales médicos", explicaba la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández. El sindicato también mantiene la jornada de paros prevista para el miércoles 19 de abril. En el acuerdo firmado el 21 de marzo con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, recuerdan, se contemplaba esta cuestión, aunque se especificaba que "la implantación de la jornada de 35 horas" no dependía tanto de Sanidad como de la mesa general de Función Pública, dependiente de Hacienda.
La reivindicación viene de lejos. Todo empieza en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que puso fin a la jornada semanal de 35 horas como parte de las medidas para ajustar el gasto público en plena crisis económica, y estableció un mínimo de 37,5 horas semanales para todo el personal de las administraciones públicas. En 2018, el Gobierno central recuperó la jornada de las 35 horas para sus funcionarios como también han ido haciendo otras comunidades autónomas una vez han ido cumpliendo con la regla de gasto. La última autonomía en volver a la jornada laboral previa a 2012 ha sido Castilla y León hace apenas dos días. Faltan por hacerlo Madrid y Galicia.
Ante la indignación generalizada, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, trataba este miércoles de matizar las palabras de su compañero de gabinete. "Es un tema de gran transcendencia para estudiar en profundidad", dijo Ossorio al ser preguntado. La medida, explicó, puede afectar a los 180.000 empleados públicos porque la vuelta a esa jornada de 35 horas "no solo afecta al personal sanitario". "Hay que estudiar y ver el alcance que tiene una medida de esa naturaleza", añadió.
Mientras tanto, Ayuso ha vuelto a ser diana esta semana de los abucheos de sanitarios en su gira por varios hospitales para vender las bondades de la sanidad pública madrileña. Hace dos semanas, cuando la Consejería de Sanidad firmaba el fin de la huelga de casi cuatro meses con los médicos de atención primaria, la presidenta madrileña sacó pecho de buena gestión. En la Puerta del Sol existía una preocupación creciente por que el conflicto sanitario acabase afectando al resultado electoral de la dirigente del PP, sobre todo desde la gran manifestación del 12 de febrero en favor de la sanidad pública, una de las más multitudinarias que se recuerdan en Madrid en los últimos años.
El deterioro de la imagen de Ayuso en esta cuestión, que la oposición estaba rentabilizando, precipitó el acuerdo y el Gobierno regional accedió a pagar un complemento de 450 euros a todos los médicos de familia y pediatras en sustitución de otro complemento similar que no estaban cobrando todos los facultativos, entre otras medidas. El Gobierno regional lograba así apaciguar a los médicos pero solo dos semanas después, el ambiente vuelve a estar caldeado entre los sanitarios que de nuevo se sienten menospreciados por el Gobierno regional.
Las declaraciones de Lasquetty –exconsejero de Sanidad que tuvo que dimitir después de que la Justicia tumbase su plan de privatización– han vuelto a generar un malestar generalizado entre los sanitarios, pero no solo. Las protestas ya se han extendido a otros empleados públicos que viven como un agravio una medida que se tomó en el peor momento de la crisis económica, pero que ya ha sido revertida en la mayoría de autonomías.
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