La “esclavitud moderna” de ser interna en España, siglo XXI: “Si sobraba, yo comía”

Levantarse, dar el desayuno, limpiar la casa, hacer la compra, cocinar, recoger, planchar, ir al tinte, preparar la cena, contestar al timbre y al teléfono, estar pendiente de la medicación, ocuparse de la segunda residencia y de la familia extensa en vacaciones, no incomodar a los señores, ser discreta, descansar los domingos, ahorrar para mandar dinero a la familia –la de verdad–, tratar de conseguir los papeles. Y vuelta a empezar. 

En los diecinueve años que han pasado desde que Tere (nombre ficticio) llegó a España desde su Paraguay natal, su rutina ha sido más o menos esa. A sus 57 años, Tere trabaja como interna en casa de una pareja de personas mayores en Madrid; sobre sus espaldas lleva la experiencia de haber pasado por al menos cuatro casas más, siempre en régimen interno. Esto quiere decir que Tere duerme en casa de sus patrones de lunes a sábado y que, a pesar de las 40 horas semanales que refleja su contrato laboral, no hay día que trabaje menos de 12 horas –otras veces han sido 14 o 16–, más la jornada del sábado, en la que su faena sale “gratis” a sus empleadores.

Con todo, Tere es de las ‘afortunadas’. Desde hace años tiene la nacionalidad española, y en este tiempo ha logrado tejerse una red de apoyo y empoderamiento entre compañeras que le han enseñado “en qué momento callar y en qué momento hablar”. “Ya sé defenderme”, celebra la mujer. Ahora sabe pedir en una entrevista de trabajo que le den de alta en la Seguridad Social, o negociar las vacaciones. “Ya no me callo”, dice.

Pero las circunstancias no siempre se lo han permitido, e incluso el ‘escudo de seguridad’ que ahora empuña Tere no la blinda ante cualquier abuso. La mujer todavía recuerda cuando, recién llegada a España, aceptó cuidar a un bebé de 40 días sin saber el infierno que supondría. “Estaba 24 horas con el niño, tenía que levantarme, darle el bibe, cocinar”, cuenta. “La señora tenía que dormir hasta las 12, y el niño no tenía que llorar. Ella se pasaba el día mirando la tele, porque tenía su descanso por maternidad. Y yo tenía que estar con el niño todo el tiempo, ella no podía escucharlo. Esa era mi responsabilidad”, relata Tere. En esa casa aguantó nueve meses que se le hicieron eternos. “El niño lloraba y yo me desesperaba. Acababa llorando yo, porque la señora me amenazaba, que el niño no tenía que llorar, que si lo hacía era por mi culpa. Me ponía su cunita al lado de mi cama”, explica.

La segunda experiencia de Tere como interna no fue mucho mejor. “En esa casa, tenía prohibido enfermarme. Si me enfermaba, la señora me decía: ‘¿Cómo te vas a enfermar otra vez?’. No me dejaba irme a mi casa a descansar. Me decía: ‘Quédate aquí y por lo menos me atiendes el teléfono o si tocan al timbre’”, recuerda. “En ese trabajo no descansaba, era sin parar, de las ocho de la mañana a las nueve y media de la noche. Cobraba 900 euros”, dice la mujer. Ese ritmo de trabajo a destajo acabó valiéndole un “susto”. “Estaba tan mal que, de tanto toser, se me rompió el cartílago que hay entre las costillas, y empecé a echar sangre por la boca”, recuerda Tere. “Ahí me llevaron a la [Fundación Hospital] Jiménez Díaz, estuve como dos días, porque había sido una neumonía muy fuerte. Después me recuperé y seguí con el mismo ritmo”, resume. 

En otra ocasión, el ‘atrevimiento’ de contestar a sus jefes le valió un despido. “La señora me dijo que yo era una tonta, que no sabía cocinar”, recuerda Tere. A lo que ella respondió: “A lo mejor de verdad soy tonta por estar recogiendo su mierda”. “Y no sabes cómo se molestó”, comenta Tere. “La señora me despidió en ese momento”.

Entretanto, Tere consiguió regularizar su situación administrativa después de años en la economía sumergida, ‘gracias’ a un contrato de trabajo que le hizo uno de sus empleadores a cambio de que ella pagara su Seguridad Social durante un año. “Le devolví todito el dinero que él pagó por la Seguridad Social”, afirma la mujer. 

Historias como las de Tere se repiten en boca de muchas de las mujeres que han trabajado o trabajan como internas. “Es la esclavitud moderna”, denuncia Delmi Galeano, portavoz de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Este 30 de marzo, Día Internacional de la Trabajadora de Hogar y Cuidados, al menos ocho asociaciones del sector repartidas por todo el país –incluida Sedoac– han pedido la erradicación del trabajo de interna. Denuncian que, detrás de las 40 horas semanales sobre el papel, se esconden jornadas “muchísimo más largas” en condiciones propicias al abuso. 

El Real Decreto de 2011 por el que se regula el carácter especial del trabajo del hogar permite que a las 40 horas de trabajo semanales se le añadan 20 horas más denominadas ‘tiempo de presencia’, que se pactan con el empleador y en las que el trabajador, en teoría, no está obligado a desempeñar una actividad. No obstante, las dinámicas de sumisión empleador-empleada y el hecho de que la actividad se produzca en el domicilio del primero, sin testigos, han seguido favoreciendo los abusos.

De las 40.000 mujeres que trabajan como internas en España, nueve de cada diez son extranjeras y una de cada cuatro cuida a un adulto dependiente, según un informe de Oxfam de 2021. Dicho documento apunta especialmente a la vulnerabilidad a la que están sometidas estas trabajadoras, cuya “presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una disponibilidad plena”.

Más de una de cada diez trabaja más de 61 horas semanales y el 7,4%, más de 71 horas, reza el informe, que destaca el “estrés, el agotamiento y el aislamiento” que padecen estas mujeres por las particularidades de su empleo. Se calcula, además, que en el sector del hogar y los cuidados hay 70.000 mujeres en situación administrativa irregular.

Delmi Galeano, que fue interna durante más de siete años hasta 2020, sabe bien de estos padecimientos. “Estar encerrada 24/7 te vuelve loca, pierdes la posibilidad de socializar, de hablar con los demás, caes en trastornos depresivos y de alimentación”, cuenta. Cuando Delmi llegó a España desde El Salvador, recaló en un chalé de cuatro pisos de La Moraleja donde primero tenía que cuidar a dos niños, a los que después se sumaron los abuelos. Allí entendió cómo se socava la autoestima de una persona.

“No podías comer lo mismo que ellos, te ponían el uniforme para marcarte, y eso te va degradando. Tu autoestima como ser humano se va minando: no puedes verte como el resto; tienes que verte como lo que eres, una empleada de hogar. Emocionalmente, pierdes autoestima, el tiempo y los maltratos te hacen mella”, recuerda la mujer. 

“Me sentía frustrada, humillada”, coincide Merliza, una mujer nicaragüense que llegó a España con 25 años y estuvo dos como interna –en los que nunca le hicieron contrato– hasta que pudo encontrar algo mejor. “Tienes que ponerte este uniforme horrible, no te sientes en la mesa, tienes que comer de pie en la cocina”, recuerda que le decían sus ‘señores’. “Yo comía cuando ellos terminaban, y eso si sobraba. Una vez hice un pollo asado y tenía hambre. Me serví primero mi ración, y no veas cómo se puso la mujer: tiró la comida, me dijo que era una muerta de hambre, que era una inmigrante de mierda, una aprovechada”. De eso ha pasado algo más de una década, pero Merliza tiene amigas que siguen trabajando como internas, y le cuentan que poco ha cambiado en este tiempo. 

Una experiencia calcada es la que cuenta Tere. “Si sobra, tú comes”, es lo que le dicen sus jefes. “Primero tienen que comer ellos y, de lo que sobra, comes tú”, asegura la mujer. “La mayoría de la gente mezquina mucho la comida, y no entiendo por qué. No entiendo esa miseria cuando tienen tanto”, confiesa la paraguaya. Más allá de esa fijación con la comida que parecen tener los patrones, Tere habla de un dolor más profundo. “Vos venís de Paraguay o de otro sitio y te tratan como si fueras ignorante, como si no supieras nada”, lamenta la mujer. “Yo estudié Literatura con Lengua Guaraní y Administración de Empresas en mi país, pero te tratan como tonta”, denuncia.

Merliza también refiere ese machaque físico y emocional que ejercieron sobre ella en sus primeros años en España, concretamente en Madrid. Primero encontró trabajo con una familia en la que cuidaba a los niños y limpiaba la casa, por 750 euros al mes, de los que tenía que descontar la comida. Luego le salió “algo mejor” en Guadarrama, por 850 euros. “Pero la señora era una racista”, lamenta Merliza. Aguantó seis meses en esa casa. Un día, harta de que la regañaran hasta por comerse una rebanada de pan, Merliza se fue de la casa “a las diez de la noche” con su “maletita”, sin saber dónde ir. “Me tocó dormir dos noches en un parque”, admite. “Puse una manta en un banco con un cartón. Y así, dos noches, hasta que logré encontrar una habitación”, dice. “Todo eso yo no se lo contaba a mi madre, para ella habría sido un sufrimiento”.

Delmi Galeano, como tantas otras en su situación, reconoce que se veía obligada “a tomar cualquier tipo de trabajo” por necesidad propia y por la de su familia. En El Salvador tiene dos hijos, de 14 y 21 años, a los que dejó hace diez años con la esperanza de poder traerlos a España por medio de una reagrupación familiar, que hasta ahora no ha podido tramitar por no cumplir los requisitos suficientes de ingresos y vivienda. Como trabajadora del hogar cobraba el salario mínimo, ahora fijado en 1.080 euros al mes. Solo ha podido volver una vez a su país.

Cuando Delmi vino a España, ya había oído esto: “Venite sola, porque como traigas a alguno de los niños ya la liaste, aquí no vas a poder cuidar a tus niños”. Galeano cita también las cifras del informe de Oxfam: “Una de cada tres trabajadoras de hogar vivimos bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo vas a traer a un niño a sufrir acá?”. Merliza, por su parte, tardó tres años y medio en poder traerse a su hija, a la que había dejado con su madre en Nicaragua cuando la niña apenas tenía un añito. “Entonces yo ya tenía los papeles y tenía la ayuda de mi pareja. Sola era imposible”, confiesa.

Carolina Elías lleva desde 2009 en España. Abogada salvadoreña, portavoz de Sedoac y ahora candidata al Ayuntamiento de Madrid con Más Madrid, en estos 14 años reconoce que no ha podido permitirse alquilar una vivienda por sí misma, sino solo una habitación en piso compartido. 

Elías también ha trabajado como interna, y “de externa, por horas, cuidando niños, ancianos, limpiando portales…”, enumera. Como sus compañeras, sabe lo que es el agotamiento de trabajar con disponibilidad total, la falta de intimidad, y el estar sometida a los criterios arbitrarios de un empleador. “Yo dormía con una persona mayor y, para la cena, me decían: ‘Mi madre cena un yogur, eso es lo que te podemos ofrecer’”, recuerda Carolina. “¿Qué alimento es un yogur para una persona que está haciendo esfuerzos físicos: limpiando, planchando, cocinando, movilizando a una persona mayor?”, plantea. 

Desde Sedoac, Carolina Elías defiende la erradicación progresiva de la figura de interna. “En Alemania es impensable este trabajo”, recalca la abogada. “Si hay una trabajadora durante el día, se contrata a alguien para la noche. Y si en el resto de Europa no existe el trabajo de interna, ¿por qué tiene que seguir existiendo aquí?”, se pregunta. “Creemos que esto tiene que ser un proceso; no que de la noche a la mañana vayan a desaparecer las internas, sino que las familias puedan permitirse la contratación de dos o tres personas, asumido también por el Estado”, sostiene Elías. “Hay que buscar alternativas y, a la vez, dar estabilidad económica y acceso a una vivienda a quienes trabajan como internas”, explica. También mejorar el acceso a la residencia legal en España, para que estas personas no se vean obligadas a trabajar durante años en la clandestinidad. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen a elDiario.es que, cuando en septiembre de 2022 se aprobó el derecho a paro para las empleadas del hogar, ya se planteó la posibilidad de abordar el trabajo en régimen interno, algo que finalmente se descartó al tramitarse mediante un Real Decreto que respondía a la "urgencia" de ratificar el Convenio 189 de la OIT y cumplir con la Justicia europea. "Se decidió aprobar esa primera versión [de la norma] para después ir viendo modificaciones posteriores", explican.

Estas mismas fuentes señalan, por otro lado, que no existe una postura clara entre las asociaciones de trabajadoras sobre si debería o no erradicarse la figura de interna, y el Ministerio lo considera un "caso delicado". "Parece bastante difícil prohibirlo", admiten, de modo que en el Departamento que dirige Yolanda Díaz se inclinan por "regularlo" y "actuar para responder" a reivindicaciones como una mayor garantía en los horarios y unas tareas más acotadas para las empleadas. "Se va a trabajar, se va a intentar avanzar en esos aspectos", apuntan; "se está viendo cómo desarrollar la norma".

Tere, por ejemplo, no ha dejado de ser interna desde que llegó a España porque los trabajos que le ofrecían como externa eran por horas a media jornada, lo que le resultaba económicamente insuficiente, o porque no querían darle de alta en la Seguridad Social.  

Precisamente por esta realidad actual, tanto de las trabajadoras como de los empleadores, Arantxa Zaguire ve complicado que el régimen de trabajo interno pueda erradicarse a día de hoy. Zaguirre, abogada que colabora con el colectivo Territorio Doméstico y autora de un informe sobre las discriminaciones propias de este sector, sostiene que deberían darse muchos pasos previos, de momento poco probables, para abolir el régimen de interna. “La figura de la empleada de hogar se produce porque el sistema de cuidados a nivel público no funciona”, afirma Zaguirre. En primer lugar, propone la abogada, debería distinguirse el trabajo de cuidados del de limpieza y hogar. “Una cosa son los cuidados y otra cosa es el lujo de que te limpien la casa y te cocinen porque te lo puedes permitir”, recalca. 

Para casos de necesidad, como los de dependencia, debería intervenir el Estado, señala Zaguirre. “El Estado tiene que entrar, mirar los ingresos y las necesidades de las familias y hacerse cargo. Al final, la gente negocia de tú a tú con la empleada de hogar, y es ahí donde se producen los abusos y los precios bajos”, dice. Pero “si se erradica como tal, ese trabajo se va a hacer en negro, sin contrato firmado, sin alta en seguridad social, sin cobertura por desempleo, sin jubilación”, opina Zaguirre.

Ella, en su lugar, reivindica mejoras en la regulación de este empleo, enfocadas especialmente a la prevención de riesgos laborales y a la inspección de trabajo. Actualmente los inspectores de trabajo no pueden entrar al lugar de trabajo de las empleadas por ser un domicilio, considerado inviolable por ley. “Se tienen que inventar formas imaginativas de acceder a los domicilios, aunque sea por videollamada, para saber en qué condiciones se están dando esas relaciones laborales o dónde duerme la trabajadora”, reclama Zaguirre. 

La cuestión de los riesgos laborales es otro tema que escama a las trabajadoras del sector. Si bien desde hace meses celebran, tras años de lucha, haber conseguido el derecho a paro por medio de un Real Decreto-ley que puso fin a una discriminación histórica, las trabajadoras siguen pendientes de que esa legislación avance y dé (más) frutos. 

El Real Decreto de 2022 plantea que se trabajará en la Ley de prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar. Las trabajadoras piden que se reconozcan enfermedades profesionales propias, como el síndrome del túnel carpiano, muy habitual en quienes realizan movimientos manuales repetitivos, como al planchar ropa. “A lo mejor con 50 años ya tienes el brazo destrozado y eso te impide seguir trabajando”, explica Arantxa Zaguirre. En ese caso, “te correspondería una pensión de incapacidad permanente, y la cuantía es muy diferente si deriva de un accidente laboral o de una enfermedad profesional que si deriva de una enfermedad que se considera común”, aclara la abogada.

De momento, la legislación avanza, pero algunos abusos permanecen.