El 60% de la población cree que el estado de Doñana perjudica la imagen de España pero solo el 45% acepta reducir regadíos
Degradar el medio ambiente para sostener una producción intensiva de frutos rojos ensucia la reputación de esos productos. Los vuelve tóxicos para los mercados donde quieren venderse. Una mayoría de ciudadanos ya se está dando cuenta de este peligro: el 60% de los encuestados por Simple Lógica para elDiario.es se muestra preocupado por el daño que una mala gestión en Doñana puede acarrear a los productos españoles.
Y menoscabar la reputación internacional que supone colgar la etiqueta de “insostenible” a las fresas es un riesgo relevante: el 75% de la producción de fresas de Huelva se dedica a la exportación: de las 314.000 toneladas producidas en la campaña 2021/2022, 233.000 se destinaron a la exportación por un valor de 587 millones de euros, según el Observatorio de Frutos Rojos de la Junta de Andalucía.
Un tercio de ese negocio se hace con Alemania y otro 25% con Reino Unido. Así que a los principales compradores –cadenas como la británica Sainsbury's o las alemanas Aldi y Lidl– les importa poder decir que las fresas que venden no suponen la destrucción de los entornos donde se producen.
“Desde el primer momento nos están trasladando esa preocupación”, explica el portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado. “Ya en diciembre de 2021 –cuando surgió la primera versión de la ley de amnistía de regadíos ilegales en torno a Doñana– mostraron preocupación y nos pidieron que justificáramos dónde están nuestras explotaciones”, relata. “Querían que geolocalizáramos nuestras fincas para comprobar que están en zona legal”.
Entre las personas más preocupadas, destacan aquellas que se declaran votantes del PSOE y de Unidas Podemos. En el otro lado, los votantes del PP y Vox están por debajo de la media de preocupación. El grupo que se muestra menos o nada preocupado es el de los que votaron a Ciudadanos.
Frente a ese 60% de “preocupados”, se contrapone un 30% a los que este problema les inquieta poco o nada. Sin embargo, la encuesta también muestra que menos de la mitad está de acuerdo en limitar los regadíos en el entorno de Doñana: un 45% lo ve bien frente a un 37% que dice estar poco o nada de acuerdo con esa rebaja.
En un reciente informe desvelado por elDiario.es, el Instituto Geológico y Minero (IGME) certificaba que el parque recibe la mitad de agua que hace 40 años y que el principal factor para esa caída es el incremento de bombeos para los regadíos. Y sin agua, el ecosistema de Doñana se destruye.
Los cálculos del IGME estiman que salvaguardar los ecosistemas de Doñana implica reducir a la mitad el nivel actual de extracción de agua. De hecho, el plan de actuación para el parque nacional incluye, por un lado, llevar agua de otras cuencas para sustituir bombeos legales y, por otro, comprar fincas de regadío con el objetivo de rebajar el uso de agua.
En los supermercados de Berlín o Londres existe un movimiento para seleccionar fresas con más criterios ambientales. En marzo de 2022, grupos de alimentación como Aldi, Asda, Edeka, Lidl, Migros, Sainsbury's o Tesco remitieron un escrito a la Junta de Andalucía en el que advertían de que el plan de amnistía de regadíos hacía que “la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola pueden quedar comprometidos”.
En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado que la legalización de fincas irregulares que pretende el Ejecutivo andaluz socava al sector: “Que dejen de poner en riesgo el futuro del sector agrícola y en particular el sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva”, declaró tras la reunión de la Junta con la Comisión Europea el mes pasado.
Semanas después, Ribera decía a elDiario.es: “Los consumidores y las grandes cadenas de distribución están muy pendientes. Y otros productores de fresas y frutos rojos en otros países están muy pendientes. Hasta distintos parlamentos nacionales quieren venir a ver qué pasa en Doñana”.
El plan de amnistía para regadíos ilegales de Juan Manuel Moreno Bonilla ha avivado ahora la cuestión de la reputación ecológica de los cultivos. Le ha echado gasolina a un problema que viene creciendo desde hace más tiempo y que, a la postre, afecta a todo el sector del regadío, incluso más allá de Doñana.
Jaime Martínez Valderrama es experto en las causas socio-ecológicas de la desertificación del territorio y, especialmente, en la zona de Almería: “Ya he tenido reuniones con dos delegaciones del Parlamento alemán para tratar este asunto y en junio viene una tercera. Preguntan sobre qué efectos tiene aquí todo lo que se consume allí”.
“Estas comisiones se interesan por los problemas que se detectan y las posibles soluciones” –explica este investigador del Instituto Ramón Margalef de la Universidad de Alicante–. “En Almería se pueden identificar muchos problemas, pero no es más que un ejemplo de agricultura intensiva para satisfacer un modelo de demanda: queremos de todo, todo el año y muy barato”. Una cuestión que puede aplicarse para que la sandía en Berlín se venda a medio euro o que las fresas lleguen a Londres de manera continua. “Y eso implica externalidades negativas. Mala distribución de riqueza, trabajo de mala calidad, impactos ambientales...”.
“Nosotros cada año pasamos inspecciones para comprobar que cumplimos con los certificados, pero el problema es que el consumidor final en Alemania no tiene toda la información”, insiste Manuel Delgado desde Huelva. “Lo que ellos ven es fresa de Huelva, con lo que la polémica por 1.500 hectáreas de regadíos ilegales acaba perjudicando a las 13.000 hectáreas legales de frutos rojos que se cultivan en toda la provincia”.