El exjefe de la Policía antidroga de Alicante: blanqueador y "asesor personal" de una red de narcotraficantes

El jefe de la unidad antidroga de Alicante era "asesor personal" de una red de narcotraficantes y blanqueador. Así se desprende del auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que procesa al inspector jefe Francisco Javier Méndez Oliva, además de a su mujer y a su hermano, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. El que fuera jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Alicante durante una década mantenía un alto nivel de vida y llegó a ingresar 81.645 euros en efectivo, junto con su esposa, en siete años.

El magistrado pone al borde del banquillo a un total de 36 personas como miembros de una organización que actuaba en la costa mediterránea y Galicia y que se dedicaba a blanquear dinero procedente del narcotráfico mediante préstamos simulados, manejo de efectivo de origen sin justificar, transferencias desde paraísos fiscales, compra de inmuebles o inversiones en negocios de compraventa de vehículos, entre otros mecanismos. Esta pieza separada de la 'Operación Beautiful' se desglosó de la principal, por la que ya fueron procesadas 79 personas en 2021 por los delitos de tráfico de droga y organización criminal.

La presunta organización criminal, liderada por Juan Ramón García Crespo, usaba testaferros (algunos de ellos en pisos tutelados debido a su situación de exclusión social) que administraban cientos de empresas y figuraban como titulares de otras tantas propiedades inmobiliarias. También eran titulares de unas 300 cuentas bancarias activas, además de un centenar ya canceladas.

La supuesta red mantenía tres ramas con sus respectivos responsables: Juan Andrés Cabeza Pedrada, en Alicante; Sergio Ferrer Judidias, alias Rubio, en Barcelona y con conexiones europeas, y en Galicia José Constante Piñeiro Búa, alias Costiña, encargado de organizar el transporte de las importaciones de cocaína desde Sudamérica.

La rama alicantina conformaba un "escalón intermedio" encargado de la recepción de la droga. La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detectado que el inspector jefe Francisco Javier Méndez Oliva, responsable de la UDYCO de Alicante durante una década, mantuvo contactos "permanentes" desde 2012 con el presunto narco Juan Andrés Cabeza Pedrada y con otros miembros destacados de la organización criminal.

Así, el funcionario policial "se constituye en un referente o asesor personal encargado de solucionar cualquier tipo de problema legal-policial que pudiera surgirles a los distintos miembros de la organización criminal", según indica el auto del juez de la Audiencia Nacional.

El presunto responsable de la red en Alicante, Juan Andrés Cabeza Pedrada, blanqueó 3,2 millones de euros de los beneficios obtenidos del narcotráfico, entre otros mecanismos, a través de una empresa de compra venta de vehículos de la que era propietario en la sombra. Por su parte, el exjefe de la UDYCO de Alicante jugaba un "papel fundamental" en la supuesta organización criminal, según el auto del juez Calama.

Los investigadores detectaron que el inspector jefe Francisco Javier Méndez mantuvo contacto presencial hasta en 24 ocasiones en apenas dos años con Juan Andrés Cabeza Pedrada y otros miembros de la organización, con los que mantenía una "fluida comunicación", según se desprende del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos por Asuntos Internos.

El policía usó una estructura comercial como pantalla, dedicada a la compra venta y restauración de vehículos todoterreno Land Rover antiguos, para blanquear capitales. La mayoría de los vehículos figuraban a nombre de su esposa, Carolina Inés Mira Agulló, también procesada. Para las labores de restauración, contaban con el "auxilio" del agente también procesado José Antonio Fernández Ferreira a través de dos talleres que regentaba.

El exjefe de la UDYCO de Alicante también usó su clave personal para consultar las placas de matrículas de varios vehículos que luego pasaron a figurar a nombre de su mujer, algunos de los cuales fueron exportados a Estados Unidos.

El auto sostiene que en el negocio de la compra venta de vehículos participaba de manera "destacada" el presunto narco Juan Andrés Cabeza. Del trabajo de campo —para la negociación, adquisición, transporte, restauración y cambio de titularidad— se encargaba el policía, mientras que su mujer figuraba como titular en los registros de la Dirección General de Tráfico y el responsable de la red de narcos en Alicante "asumía el rol" de supervisión de las restauraciones en los talleres, la negociación del precio y la exposición y la venta final en el concesionario Design Cars Mediterráneo SL, que poseía mediante testaferros.

El inspector jefe y el narco introducían así en el circuito económico legal una elevada cantidad de dinero en metálico para ocultar el origen de los fondos en efectivo al "enmascararlo" con los beneficios de la venta de los vehículos, según concluye el auto.

Los investigadores de Asuntos Internos también han analizado operaciones "atípicas" con dinero en metálico del inspector y su esposa, tales como la adquisición, al primo de ésta última, de una casa de 176 metros cuadrados con un terreno de 14.000 metros cuadrados en la localidad alicantina de Agost. En la operación de compra "queda meridianamente claro" que el policía pretendía introducir en el circuito legal 10.000 euros.

Además, Asuntos Internos considera que el matrimonio disponía de una "masa patrimonial muy superior y totalmente desvinculada de su renta global acreditada como lícita". Sólo en la reforma de su segunda residencia en el Puerto de Mazarrón (Murcia), los procesados abonaron 30.600 euros en metálico. En su vivienda en Alicante, instalaron un cerramiento de una terraza con una "pérgola bioclimática" presupuestado en 20.000 euros. La investigación también reseña compras en efectivo en El Corte Inglés, en un club de golf y en una clínica veterinaria, así como el pago del servicio doméstico. 

En el registro del domicilio, los agentes hallaron 10.000 euros en efectivo, lo cual cuadra con los "signos externos de un alto nivel de vida" del matrimonio. El auto cifra un "uso anormal de dinero en efectivo", sólo en 2018 y 2019, de más de 65.000 euros (además de "capitales comprometidos y no desembolsados" por más de 45.000 euros).

El análisis de las dos cuentas corrientes del inspector jefe y su esposa acredita ingresos en efectivo, entre 2012 y 2019, de 81.645 euros. Asuntos Internos sospecha, tras el cotejo de las extracciones de efectivo y de los pagos con tarjeta, que el matrimonio contaba con una "fuente de ingreso ajena a las rentas declaradas".

Los investigadores también inciden en dos operaciones llamativas de compraventa de vehículos. En 2017, el policía Francisco Javier Méndez vendió a su hermano José Antonio un Audi modelo A4 y de casi 13 años de antigüedad, en efectivo y por un precio "bastante superior al valor real del vehículo". El inspector usó el dinero para adquirir otro coche familiar. El Audi, según los investigadores, no valía más de 2.820 euros y, además, el policía continuó usándolo.

Con ese dinero, el agente procesado compró una Renault Espace por casi 30.000 euros, abonados en efectivo. En 2020 también adquirió un Mercedes Benz, del cual era usuario, a pesar de que la titular era su madre, "quien carece de permiso de conducir", apostilla el auto.

El juez de la Audiencia Nacional también detalla la entrega de efectivo a cuatro policiales, presuntamente confidentes. Entre 2016 y 2019, las pesquisas reseñan 16 operaciones de envío de dinero al extranjero por parte del inspector jefe Méndez y de su mujer, la mayoría a Colombia y Ecuador. Figuran cuatro operaciones a favor de Roberto M. Z., detenido por tráfico de drogas en 2004 precisamente por Francisco Javier Méndez.

El policía alegó en su declaración que el colombiano había sido colaborador suyo y que le ingresó dinero "en contraprestación a las informaciones que le facilitaba", incluso tras el regreso a su país de origen.

Juan Carlos O. H., otro colaborador del policía, recibió 4.572 euros en 12 operaciones de envío de dinero a Ecuador entre 2016 y 2018. El procesado se escudó en que lo conocía desde 2008 a través de Interpol, cuando se encontraba adscrito a la Fiscalía Antidroga de Ecuador. Años más tarde, trabajando en la empresa privada, el ecuatoriano se habría ofrecido a proporcionarle "información de interés" sobre posibles envíos de droga a Europa.

En 2016, fue dado de alta como colaborador de la UDYCO. Tras proporcionarle información de "gran valor" para una operación conjunta con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, este organismo aprobó una partida de 15.000 euros como pago por el chivatazo.

El confidente se trasladó a Alicante donde se le entregaron los fondos. El inspector sostiene que Juan Carlos O. H. le devolvió "parte del dinero enviado" previamente como "adelanto para dar forma a la logística de la captación de información". Para evitar que transportara tal suma de dinero durante su estancia en España, el inspector jefe realizó ingresos a sus familiares en Ecuador, según la versión del procesado. 

El exjefe de la UDYCO también entregó, entre 2012 y 2014, un total de 36.310 euros a Mauricio Alexander Q. H., quien a su vez había adquirido un vehículo Citroën C4 a la esposa del policía. Méndez tenía en su agenda del móvil varios números de teléfono (alguno incluido en bases de datos policiales) del hombre, que le "facilitaba informaciones relevantes asociadas al tráfico de drogas", según el auto. El policía procesado sería supuestamente padrino del hijo de Mauricio Alexander Q. H.