Un gobierno que ponga fin al secuestro de la democracia
Pedro Sánchez tiene ya el encargo del rey para formar gobierno, dos meses largos después de las elecciones. Un tiempo perdido que aprovechó la derecha para montar su estrategia de oposición: la mentira y la bronca permanente. Muchos frentes se le abren al candidato: las negociaciones con los independentistas, con Sumar, que quizás lleguen al punto de hacerle añorar a Podemos en su fuero interno (aunque sean más fáciles de acallar), y la confrontación con una derecha iracunda al máximo por no haber logrado llegar a la Moncloa. Ninguno menor. Y todos los sufriremos los ciudadanos, aunque probablemente el que más daño haga a la convivencia general sea este último por su pertinaz empeño en crispar la vida cotidiana.
La derecha, en todas sus vertientes, está dispuesta a dar la batalla para que este país sea invivible hasta que consigan derribar el mandato de las urnas y hacerse con el poder. De nuevo empiezan desde antes siquiera de que salga adelante la investidura de otro candidato y con una agresividad corrosiva. No se entiende, a simple vista, la insistencia en mentir sobre las posibilidades de Feijóo para formar gobierno. Nunca las tuvo tras el 23J. Y miente él, mienten su portavoz Gamarra, Bendodo y cuantos sean necesarios. No cedió nada que tuviera, nada. Nadie quiere pactar con este PP salvo Vox y dos diputados de derechas más. Y no han sido jamás suficientes. Se diría que buscan cualquier otro método de lograr su meta aunque no sea el democrático juicio de las urnas.
Han alcanzado límites extremos al encumbrar a un violento que mandó a dos policías nacionales al hospital y está pendiente de sentencia por maltrato y lesiones a su expareja, solo para tratar de menospreciar a Óscar Puente, coyuntural portavoz del PSOE en la fallida investidura de Feijóo. En línea similar, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, confunde 'La madre de Frankenstein' de Almudena Grandes con una obra de terror para insultar a Sánchez. El nivel de la cúpula del PP es ya de palillo en la boca.
La prensa afín tampoco se corta. Y ya no solo escribe, suscribe y dicta, también ordena. Qué nivelazo lo del subdirector de El Mundo y jefe de Opinión, Jorge Bustos, al gritar a Feijóo desde la tribuna de prensa que no contestara a Puente. Y que el candidato obedeciera.
La batalla va a ser frontal y permanente si Sánchez forma gobierno; por tanto, hay que armarse para combatir la ofensiva. Es ineludible. Sin miramientos. Es de pura lógica que una cosa es la libertad de expresión, otra las calumnias e insultos contra la dignidad de las personas y, desde luego, las llamadas al golpismo. Hay gente muy alarmada porque se puedan proferir tales amenazas, improperios y vejaciones con total impunidad. No se entiende que no actúe la justicia, de oficio, incluso. Pero sin llegar quizá al extremo de entrar en vías penales, algo habrá que hacer, y el propio PP es un maestro en ponerse las leyes por montera y actuar a hechos consumados. Por cierto, cuando hay dinero de por medio, suelen ser con cargo al erario público. No hace falta llegar a todo esto, pero tampoco a seguir tragando tanto abuso.
La muy subvencionada –con nuestros impuestos– prensa al servicio de Ayuso ya nos obsequió el domingo, en portada, con una soflama con tintes golpistas de su favorita. Entrevistada por el periódico de Marhuenda en calidad ¿de qué?, el “para qué” estaba bien claro.
Es un gran ejemplo Ayuso. Ninguno de sus servidores mediáticos habla de la Comisión ciudadana que investiga lo sucedido en las residencias a su cargo con el protocolo de la vergüenza y que aporta relatos desgarradores de testigos presenciales. Aquel cruel instrumento negó la asistencia médica a 7.291 ancianos que murieron en condiciones lamentables. Su coro mediático no dice ni palabra. ¿Cómo se logra? Desde luego inyectando “publicidad” institucional a saco y bien pagada que, de paso, vende unas bondades de gestión en absoluto ciertas. La comunidad que menos invierte en sanidad y educación, por ejemplo, y pese a ello y, según datos explícitos del economista Julen Bollaín, “Madrid cae 30 puestos en el Global Financial Centres Index (GFCI) en tan solo cuatro años. El GFCI mide la competitividad de los principales centros financieros del mundo. Del puesto 18 al 48”. Humo. Tóxico.
Pero el paradigma del método ayusil es lo ocurrido con Telemadrid: desmanteló la cadena de televisión autonómica como servicio a los ciudadanos y la convirtió en un escandaloso instrumento para su propaganda. Los tribunales ya declararon ilegales los despidos que se produjeron para lograr una plantilla sumisa. Ahora, el Supremo determina que fue ilegal la purga de Ayuso en Telemadrid y obliga a indemnizar al exdirector de informativos. Una compensación que pagará el dinero de los ciudadanos. Ella sigue en loor de multitudes.
Este es el modus operandi para afrontar múltiples problemas anquilosados en España. Ni la UE ni nadie pone coto a actuaciones arbitrarias del cariz de las que hablamos, ni siquiera del atrincheramiento del PP para no renovar el Poder Judicial en España, caducado su mandato desde hace más de cinco años ya. El mando de Bruselas aconseja, urge, pero no se planta y conmina. Por cierto, ¿recuerdan al más famoso 'portacoz' que tuvo el partido? Rafael Hernando se ha apuntado a la carrera por mentir e insultar del PP con grandes posibilidades de éxito si no fuera por lo poco que pinta ya en la organización. En realidad, no sabemos quién pinta, a salvo de Ayuso y de sus mentores.
Lo cierto es que tenemos derecho a desmantelar las trabas antidemocráticas del PP y es inaplazable renovar el CGPJ acorde con el mandato constitucional. Cambien las mayorías, cambien las leyes, ya está bien de secuestros y cesiones.
En el espinoso tema de la amnistía a los condenados del procés catalán hay un intenso componente de ultranacionalismo español, de ese que por definición no tolera rivales. Muchas inexactitudes, también. La Constitución no nombra la amnistía, ni para bien, ni para mal. No la contradice, por tanto, y mucho menos al Estado de Derecho. El magistrado José Antonio Martín Pallín sigue aclarando conceptos en distintos medios, con exhaustivos datos y argumentos. Hoy recuerda que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) ha tomado en consideración las demandas de los independentistas “y ha invitado al Estado a llegar a un acuerdo amistoso con los demandantes”. Porque vuelve a insistir en que “hasta el momento hemos podido constatar el rechazo de toda la comunidad jurídica europea a las peticiones formuladas por el tribunal español, lo que es un indicativo de sus notorias deficiencias y de su colisión con la cultura democrática de los jueces de los países a los que se ha requerido la detención”.
Hay actuaciones más graves que sacar urnas para un referéndum. Algunas autonomías están pidiendo a gritos un 155 por su devastación irracional de derechos. Los gobiernos PP-Vox con fascistas en puestos decisivos, sobre todo.
Y es digno de estudio el desmantelamiento y venta a intereses privados de pilares esenciales del sector público. Madrid y Andalucía parecen haber puesto el turbo para acabar con todo. La sanidad y la educación en cabeza de las privatizaciones. Alguna ley ha de regular esas decisiones drásticas que tienen difícil vuelta atrás. Se ha de entender que las mayorías absolutas no dan absoluto poder para vender lo nuestro. O para regalarlo o para hipotecarlo durante décadas con contratos leoninos como hacen en Madrid.
Y, así, sigamos por cortar el grifo –esto lo propuso Ayuso para el independentismo, dijo, y lo ejerce ella para los servicios público–. Cerrar las subvenciones por toda vía a los medios que no informan, sino que manipulan, y dejar de cometer la ignominia de pagar con nuestro dinero, nuestros impuestos, la manipulación de la realidad y la venta de indeseables como figuras valiosas de la política.
Y hay algo más: ¿cómo es posible que un Estado de Derecho no ataje las soflamas fascistas a toda página y a toda pantalla? No podemos tirarnos cuatro años más con llamamientos diarios a un golpe de estado. Queremos un gobierno profundamente democrático y profundamente justo. El bienestar de los ciudadanos pasa por no sentirse de continuo en una democracia amenazada. Actúen. Y miren a ver si la fiscalía general del Estado –que ha de velar por los derechos de los ciudadanos– despierta de una vez de su sospechoso letargo.
No sé si en algún momento han llegado a imaginar lo extremadamente hartos que todo esto tiene a los ciudadanos. Ciudadanos en la más precisa acepción del civismo. De tal calibre es el hartazgo que se hace insoportable seguir así mucho tiempo más.