Subida punitiva del SMI

Finalmente el Gobierno ha decidido subir un 5 por ciento el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 1.080 euros hasta los 1.134 euros brutos mensuales, con efecto retroactivo al 1 de enero de este año. Se trata de un alza situada en el rango más alto, el que exigían los sindicatos, un punto porcentual por encima de lo que proponía el mismo Ejecutivo (un 4 por ciento) y dos puntos por encima de la propuesta de la patronal, que ofreció un 3 por ciento. El Gobierno ha vestido el anuncio como un acuerdo con los sindicatos al que no se han sumado tanto la gran patronal CEOE como la pequeña y la mediana empresa agrupadas en Cepyme, pero lo que es cierto es que la fijación del SMI es un resorte exclusivo del Ejecutivo que ni tiene su base en la economía real ni necesita de la venia de los llamados agentes sociales. De hecho, los empresarios habían planteado que podían llegar a aceptar una subida mayor a su ofrecimiento inicial si el Gobierno también hacía un esfuerzo y se avenía a actualizar los contratos del Estado según la inflación, pero la Administración se ha negado haciendo buena la noción de que cuando se acuerda con lo público siempre se aplica la ley del embudo. La subida supone que quienes cobran el SMI recibirán 15.876 euros al año en 14 pagas por 40 horas semanales de trabajo. El coste de empresa de cada trabajador ascenderá a unos 21.822 euros dependiendo de la cotización por accidentes del trabajo. Los empresarios han hecho bien en no sumarse a un acuerdo donde el resultado finalmente iba a ser el mismo. Evitan contribuir así a la puesta en escena de un Gobierno que se dice dialogante, pero donde realmente impera el ordeno y mando en favor de los sectores que ampara porque considera suyos. Ha quedado de manifiesto, además, la conducta punitiva de Yolanda Díaz y su ministerio, que coaccionó a los empresarios con la subida máxima si no se sumaban al espectáculo. Su abstención les libra, al menos, de ser responsabilizados de los efectos inflacionarios de segunda vuelta que dicha subida va a ocasionar por pequeños que estos sean. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, el SMI ha subido un 54 por ciento. El alza más fuerte se produjo en 2019, con un 22,3 por ciento, subida que corrigió un indicador que se había quedado claramente desfasado durante la salida de la crisis de 2010. Hay que destacar que el SMI no es un indicador de prosperidad o de la buena marcha de la economía. Por el contrario, que alrededor de 2,5 millones de personas según cifras del ministerio de Díaz cobren el salario mínimo es una muestra del fracaso de una economía que no es capaz de asignar mejores rentas entre sus diferentes actores. Aunque los economistas del Gobierno insisten en que la subida del SMI no tiene efectos sobre la cantidad de empleos, toda la evidencia sigue indicando que hay trabajadores que, por el poco valor añadido que aportan, se quedan fuera del mercado. Para que no protesten, se les subsidia. La subida, además, penaliza a los sectores más débiles de la sociedad, propensos a pasar a la economía sumergida para ahorrarse costes como las cotizaciones sociales. Todo ello penaliza la productividad del país, que no ha parado de caer en los últimos años. España tiene un gravísimo problema de crecimiento de sus rentas como han señalado diversas instituciones, empezando por el Banco de España. Pero este no se soluciona subiendo el salario mínimo, una medida que es un puro deseo, equivalente a fijar en 21 grados el termostato de una habitación que no tiene ni calefacción ni aire acondicionado.