IU y PCE suscriben un texto que critica a EEUU por querer retomar sanciones a Venezuela tras inhabilitar a una opositora
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
IU y el PCE figuran como firmantes junto a otras formaciones y entidades de un texto que critica que Estados Unidos se incline por reactivar sanciones contra Venezuela, tras la inhabilitación dictada contra la candidata opositora, María Corina Machado.
Las dos formaciones figuran como firmantes de un comunicado del colectivo denominado 'Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana', en el que se defiende que la inhabilitación de Machado se debe a la comisión de delitos "que implicarían severas penas de prisión en cualquier país del mundo".
De esta forma, el comunicado conjunto repudia el "ultimátum" de Estados Unidos de retomar sanciones a Venezuela, lo que tilda de "nuevo acto de agresión" contra la soberanía del país latinoamericno y una "violación" de las normas que rigen el derecho internacional.
También rechaza las "amenazas" e "intentos de desacatar" la resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, además de alertar sobre los intentos de "sabotear, impedir y desconocer" el proceso electoral de 2024, que sería un "nuevo atentado contra la democracia, la soberanía y la paz del pueblo venezolano".
También denuncia el "sesgo político" de esta nueva campaña contra Venezuela y exhorta a ofrecer información objetiva sobre la realidad del país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, ha agradecido a las organizaciones españolas que forman parte de dicho movimiento esta muestra de solidaridad con el país, ante la "nueva campaña injerencista" de Estados Unidos.
En diciembre del año pasado el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, afirmó que España debe liderar una posición que ponga fin a las "indebidas" sanciones de la Unión Europea a Venezuela, dado que eran un "castigo colectivo" a la población del país.
En noviembre la Unión Europea decidió prorrogar seis meses las sanciones contra Venezuela por la deriva del país, al margen de la petición de España de revisarlas tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y oposición en las negociaciones de Barbados.