Sant Jordi a debate: ¿feria comercial del libro o fiesta popular ciudadana?
Echando la mirada hacia atrás, nadie podrá negar que la pandemia cambió muchas cosas en nuestra manera de vivir: aumentó el teletrabajo, llevó a muchas familias a dejar las ciudades en favor de centros urbanos más pequeños e introdujo de golpe a ciertas personas, que antes eran reacias, a la sociedad digital. Y también modificó la forma de vivir la diada de Sant Jordi en Barcelona, al menos dentro del sector del libro.
Tras el encierro, la fiesta regresó a las calles en 2021, si bien lo hizo con algunas diferencias respecto a la anterior de 2019, porque el epicentro de la jornada dejó de ser la Rambla de Catalunya para pasar a Passeig de Gràcia, una avenida mucho más amplia que permitió evitar las aglomeraciones de los años prepadémicos, cada vez mayores.
Sin embargo, este cambio de ubicación también implicó un cambio de gestión, ya que la organización del evento en su faceta más comercial pasó de manos del Ayuntamiento de Barcelona a la responsabilidad de la Cambra del Llibre de Catalunya. Este movimiento generó recelos en algunos sectores, más enfocados en el activismo cultural alternativo y minoritario.
El pasado martes tuvo lugar una rueda de prensa en l'Ateneu Enciclopèdic Popular, en el Raval barcelonés. Durante la misma los participantes, agrupados en el el colectivo Volem un Sant Jordi Popular, expusieron su rechazo a la "mercantilización" de la diada de Sant Jordi mediante la lectura de un manifiesto que lleva por nombre 'Queremos un Sant Jordi Popular, no un recinto ferial neoliberal'.
En el mismo, acusan al Ayuntamiento de Barcelona de haber externalizado desde 2022 la organización de Sant Jordi a la Cambra del Llibre, principal organización gremial del sector en Catalunya. A su vez, señalan a esta entidad de, supuestamente, adjudicar los espacios más céntricos y, por tanto, más productivos a sus agremiados, vetándolos a entidades menores y colectivos no relacionados con la venta de libros o de flores de una forma profesional.
Pero la principal protesta, el motivo que ha provocado la movilización del colectivo Volem un Sant Jordi Popular, se dirige a la decisión de imponer una tasa "de copago" de entre 80 y 100 euros, según sean entidades agremiadas o no, para poder tener una caseta durante la diada. La tasa será menor en el caso de las paradas de floristas.
Júlia Martínez, responsable de comunicación de Descontrol Editorial, explicó que la rueda de prensa del pasado martes fue solo el inicio de una campaña de movilizaciones que se llevará a cabo durante el mes de abril. También avisó de que el colectivo no descarta emprender acciones legales, aunque no quiso especificar cuáles podrían ser.
Por su parte, José Antonio Martínez, propietario de la librería Acció Periférica, aseguró que nadie del colectivo pagaría por tener una caseta, si bien reconoció que el pago no se extendía, tal como han difundido diversos medios a lo largo de la semana, a todos los puestos, sino solamente a los que entran dentro del área controlada por la Cambra.
El librero destacó que las entidades participantes en el colectivo Volem un Sant Jordi Popular llevan hasta el público "una literatura que tiene escasa o ninguna presencia en las grandes empresas del sector, como pueda ser la literatura LGTBI+ o la feminista, así como la anticapitalista y la social".
Miguel Martín, el tercer participante en la rueda de prensa y responsable de Virus Editorial, aclaró que quieren denunciar "la división múltiple de la diada en zonas de pago y zonas gratuitas". Además, se muestran contrarios a que las zonas de pago sean las más concurridas, por lo que se dedicarán a la "mercantilización en lugar de a la extensión de la cultura, tal como se esperaría de un Sant Jordi concebido como una fiesta popular".
El manifiesto ha contado con la adhesión de un centenar de editoriales, librerías, colectivos culturales, ateneos populares y entidades sociales, así como de personalidades como las poetisas Núria Martínez Vernis y Blanca Llum Vidal, y los poetas David Caño y Enric Casasses, entre muchos otros. Martínez Vernis explica su adhesión "no solo por ser autora, sino también porque he vivido toda mi vida Sant Jordi como una fiesta muy popular en la cual el componente social era muy grande, incluso de asociacionismo y cooperativismo entre las pequeñas editoriales independientes".
Vernis asegura sentir "mucha pena por este modelo tan mercantilizado que se nos propone y que solo dará visibilidad a las grandes editoriales y las grandes librerías". Por su parte, el también poeta David Caño teme que finalmente San Jordi "quede reducido al día en que todo el mundo compra un libro y, por tanto, se convierta en la gran oportunidad de mercado anual, por encima del resto de componentes populares y sociales de la fiesta".
Preguntado por este diario, el Ayuntamiento de Barcelona, por voz de Esteve Caramés, director de programas culturales del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), desmiente la extendida idea de que todas las zonas de Barcelona en que se asignen mesas y casetas serán de pago: "Esto solo se circunscribe a las zonas de Passeig de Gràcia, la Rambla y otras zonas menores". Caramés explica que "en estas mismas zonas existirá la alternativa de tener puestos con el único requisito de solicitarlo al ayuntamiento presentando el DNI y sin pagar ninguna cuota".
"Lo que ocurre", prosigue el técnico del ICUB, "es que determinadas zonas, donde se producen aglomeraciones cada año más importantes, tienen un nivel de gestión más coordinado y del que se encarga la Cambra del Llibre, que para cubrir el coste de los servicios que ofrecerá cobrar una cuota".
Caramés reconoce, de todos modos, que la cesión de la gestión de dichos espacios se produjo a partir de 2022 por la petición de las entidades agrupadas en la Cambra de que "se priorizase a los profesionales que venden libros y rosas durante todo el año por encima de las entidades y asociaciones que lo hacen exclusivamente este día".
El responsable municipal asegura que la cesión de espacios se produce porque antes de la pandemia, el espacio principal de la diada era la Rambla Catalunya, que tenía "una locura de asistencia, llegando a colapsarse repetidamente". Por eso, se optó por pasar a Passeig de Gràcia, que es más amplio y, por tanto, ofrece una mejor gestión de servicios como el de seguridad.
"Este es un tema que nos generaba una preocupación creciente a medida que aumentaba la asistencia". Se refiere a bomberos, personal sanitario y regidores de zona, que organizan los flujos de personas para que no se produzcan aglomeraciones. "Hemos tenido que implementar planes de autoprotección y planimetrías, como los tiene cualquier evento masivo, aunque que hasta ahora en Sant Jordi no se hubieran contemplado por su componente tradicional de fiesta popular", expone Caramés, que añade que "esto tiene un coste que se cubre parcialmente mediante subvenciones".
Ese coste es una ayuda de la Generalitat de Catalunya de 175.000 euros, que cubre la mayor parte de los costes pero que por ley no puede hacerlo en su totalidad. El Ayuntamiento aporta otros 30.000 euros. Finalmente, el 15% de los costes restantes son los que la Cambra cubre con las tasas que han generado la polémica.
"El objetivo -apostilla Caramés- es que las zonas profesionales puedan convivir con el Sant Jordi tradicional", pero subraya que, según él, "no es normal que los puestos que tienen una actividad comercial profesional no paguen una cuota por el puesto".
Desde la Cambra del Llibre, entidad sectorial que comprende diversas asociaciones y gremios explican a elDiario.es que en los últimos años el crecimiento de Sant Jordi había sido "muy bestia" y destacan un incremento del 88% de paradas en dos años. "Y la demanda sigue aumentando", asegura Eric del Arco Cristià, presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya,
Del Arco sostiene que este crecimiento hizo necesario, aprovechando las medidas de seguridad de la pandemia, el cambio a Passeig de Gràcia, una vía mucho más ancha. Pero explica que incluso así hay "momentos en que los picos de asistencia amenazan con bloquear la circulación". Asegura a este respecto que "hace un par de años se calculaba que en Barcelona se podía haber movido un millón de personas por Sant Jordi, con las mayores concentraciones en los espacios profesionales del libro". Puntualiza que el pago de la tasa se realiza para garantizar suministros "como el de la electricidad para cargar datáfonos" y asegura que antes "algunos puestos pinchaban directamente el suministro de las farolas". "Ahora nosotros nos encargamos de traer generadores", añade.
No obstante, advierte que el motivo principal era "disponer de sistemas de prevención en caso de que hubiera incidencias, ya que con las aglomeraciones, desde el Ayuntamiento aumentaron su nivel de exigencia en cuestiones de seguridad".
Respecto a la acusación de que Sant Jordi se está mercantilizando y de que se da prioridad en la asignación de casetas a los profesionales y agremiados, este directivo no lo niega pero, tras asegurar comprender las razones del colectivo y su filosofía alternativa, matiza que "la fiesta de Sant Jordi nació como una iniciativa comercial de libreros y floristas, si bien después ha trascendido a muchos otros ámbitos de la sociedad".
Jordi Farré, presidente de la Associació d’Editors en Llengua Catalana, otra entidad asociada a la Cambra del Llibre, asegura ante las insinuaciones de acciones legales por parte del colectivo que "no es función de la Cambra llenarse el bolsillo con las cuotas que se piden por las paradas; legalmente no podemos tener actividades comerciales, por lo que absolutamente todo lo que se recauda va destinado a garantizar los servicios a los usuarios de los puestos de libros y rosas".
Farré cree que pueden convivir los dos modelos, "el comercial y el de fiesta popular", pero coincide con Eric del Arco en que "Sant Jordi nació con vocación de vender libros y rosas". Y recuerda que ellos también representan a muchas pequeñas editoriales que se asocian para tener presencia en Sant Jordi a través de la Cambra, "precisamente para evitar que cuando lleguemos al sitio que se nos ha asignado este esté ya ocupado por alguien sin licencia, como nos ha sucedido en ocasiones".