Allanamiento judicial de la casa de la presidenta de Perú en busca de relojes de lujo
Al filo de la medianoche del viernes santo, un policía con un martillo tipo «comba» destrozó la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte, en el marco del allanamiento que ordenó la fiscalía y que fue aprobado por el juez supremo, Juan Carlos Checkley por señalar que bloqueó la acción de la justicia por no acudir a los interrogatorios y responder sobre sus relojes de alta gama al ser parte de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. «Es inédito que allanen la residencia de una presidencia en ejercicio. En el caso del expresidente (Pedro) Castillo no fue para ubicar algo que concernía al presidente», dijo el historiador y analista político, Joseph Dager, al tiempo que añadió que «es desproporcionada la actitud de la Fiscalía porque el presidente personifica a la nación». La crisis se inició cuando el medio digital 'La encerrona' publicó que la presidenta Dina Boluarte usaba un reloj de alta gama de marca Rolex y que no lo había declarado como parte de sus bienes. Con el paso de los días, se reveló que tenía tres relojes Rolex, una pulsera Cartier de 58 mil dólares y joyas por el monto de 450 mil euros, según una pesquisa del diario 'La república'. Noticia Relacionada estandar No La Fiscalia investigará a la presidenta de Perú por no declarar varios relojes Rolex «Es lamentable que la crisis contra Boluarte se haya generado por los rolex y la presunción de enriquecimiento ilícito, pero no por las casi 50 muertes durante las protestas. La coalición del gobierno y los partidos en el congreso la van a defender hasta el final. Solo el adelanto de elecciones acabará la crisis», finalizó Dager. «Quiebre de la institucionalidad» «Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad», dijo este sábado el ministro de Justicia Perú, Eduardo Arana. «Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales», dijo el primer ministro, Gustavo Adrianzén al hablar del allanamiento a la casa de la presidenta donde participaron más de 20 policías y 20 fiscales. Adrianzén, declaró en la puerta de Palacio de gobierno acompañado de los ministros y del abogado de la presidenta, Mateo Castañeda , y señaló que «no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta por la presunta comisión de los delitos que se están investigando». «Los ministros expresan su solidaridad con la presidenta y rechazan enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia«, indicó Adrianzén, «La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada», finalizó. Etapa convulsa En declaraciones al ABC, el ex Primer ministro, Pedro Cateriano, resaltó que la conducta de Boluarte ha causado la reacción de la fiscalía: «Es legal, inédita y es tremenda desde el punto de vista de la institucionalidad democrática porque el presidente personifica a la nación. «Estamos viviendo la etapa más convulsa de nuestra historia republicana con numerosos presidentes y una altísima rotación de ministros nunca vista que ha generado una inestabilidad política tremenda» dijo Cateriano a la vez que indicó que la presidenta Boluarte al iniciar su gobierno prometió el adelanto de elecciones generales y no honró su palabra». «Apreciamos que la tarea de fiscalización y la lucha contra la corrupción lo llevan adelante la Fiscalía y el Poder Judicial. El parlamento ha tomado medidas inaceptables y ha encubierto actos delictivos de congresistas que aún forman parte del Parlamento. Y como respuesta, el Congreso ha iniciado una campaña contra medios de comunicación y periodistas notorios. El resultado de la crisis es de pronóstico reservado», finalizó Cateriano. Desde 2016 ningún presidente en Perú ha terminado su mandato de cinco años lo que ha causado que la economía decaiga, se incremente la migración de los jóvenes y que aumente la decepción de los peruanos ante la democracia que ha visto pasar seis presidentes en medio de crisis que se conjuran con la destitución de los jefes de estado.