Vuelvan a sus juzgados
Cuando el Partido Popular solicitó desde el Senado que la Comisión de Venecia opinara sobre la amnistía lo hizo convencido de que emitiría un informe muy negativo con la iniciativa. Así se lo había hecho creer el grupo de jueces y juristas que asesora al partido conservador. Esos expertos opinan guiados más por sus convicciones que por sus conocimientos jurídicos y, como suele pasar, la idea les ha salido mal. El informe emitido está muy lejos de descalificar la iniciativa de gracia. Bien al contrario, dice que –más allá de que la ley sea técnicamente mejorable– la amnistía es una medida apropiada ante situaciones de conflicto social como la catalana y desde luego no es contraria a la separación de poderes. Se trata de una opinión razonada y muy técnica que ha supuesto un chasco para tantos juristas patriotas que, a base de leer las leyes cara al sol, confunden la realidad y el deseo.
Sobre todo, esta primera opinión jurídica europea supone un aviso para nuestra magistratura que no debería ignorar. Nuestros jueces están últimamente demasiado implicados en política y se arriesgan a quedar en evidencia. Es una situación que ha ido agravándose en los últimos años, desde que el Gobierno del Partido Popular le encargó al poder judicial articular la respuesta al desafío soberanista catalán.
Inicialmente la politización afectó sobre todo a la cúpula judicial y se plasmó en decisiones jurisdiccionales. Cuando el Tribunal Supremo asumió como primera y última instancia la reacción contra los líderes del procés, no dudó en actuar como un político antes que como un juez. Acordó su ilegal encarcelamiento provisional, dictó condenas desproporcionadas y antes pasó por episodios sonrojantes; como impedir que el candidato más votado para presidente de la Generalitat terminara la sesión de investidura o retorcer la ley para que diputados electos no pudieran tomar posesión de su acta. Más tarde fue también el Supremo quien lideró la rebeldía judicial frente al legislador que llevó a la inaplicación de la reforma del delito de malversación.
Hasta ese momento la politización parecía limitada a esos jueces superiores y se manifestaba en forma de decisiones jurisdiccionales acompañadas, al menos, de una apariencia de motivación jurídica. Sin embargo durante la discusión de la ley de amnistía se ha cruzado una frontera. Los dirigentes de la derecha judicial hicieron un llamamiento para todo el que pudiese aportara algo y obedientemente, jueces de toda España dieron un paso adelante inédito en democracia. Órganos jurisdiccionales, incluidos todos los Tribunales Superiores de Justicia, emitieron comunicados políticos criticando una proposición de ley. En una imagen de potente impacto visual, centenares de jueces participaron en manifestaciones y concentraciones en la puerta de sus juzgados vestidos con las togas que simbolizan su poder. Ese día marcó un antes y un después. Por primera vez los integrantes del poder judicial, portando los atributos de su cargo, intentaban interferir en el proceso de aprobación de una ley con la que discrepaban ideológicamente.
La gravedad de esta conducta queda evidencia con un rápido vistazo a nuestra Constitución. El artículo 117 especifica que los jueces y tribunales imparten justicia sometidos al imperio de la ley. Es decir, obedeciendo las leyes, no influyendo en lo que dicen. El artículo 127, por su parte, para asegurar la apariencia de independencia política de los jueces impone que no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos. Se configura así un poder neutro, que obedece la voluntad del pueblo expresa electoralmente y plasmada en la ley aprobada por el parlamento y que no muestra sus preferencias políticas.
Ciertamente, los jueces también son ciudadanos. Cuando no actúan como tales tienen seguramente libertad para expresar libremente sus opiniones y para participar en actos políticos. Pero deben siempre priorizar la apariencia de imparcialidad y la confianza en la justicia.
En este terreno hace tiempo que nuestro país vive un fenómeno muy particular. En nuestras redes sociales proliferan los jueces que haciendo ostentación de su cargo no se privan de expresar continuamente ideas políticas o religiosas ni se cortan a la hora de insultar a ciudadanos e instituciones con las que no coinciden ideológicamente. Son perfiles que aprovechan la autoridad social de presentarse como juez para hacer proselitismo, sin miedo de dañar la imagen de neutralidad de toda la judicatura. La impunidad de esas conductas, tan perjudiciales para la confianza que debe inspirar el poder judicial, permitió fácilmente dar el paso a la inédita imagen de jueces togados protestando contra unas opciones políticas y apoyando a otras.
Aunque pretendan lo contrario, nuestros jueces no tienen ningún problema jurídico con la idea misma de amnistía. De hecho, hasta hace poco muchos de ellos han venido reivindicando su necesidad cuando se aplica, por ejemplo, a los torturadores franquistas o a los grandes evasores fiscales. Su problema es con quienes se beneficiarían de esta amnistía, porque parten de un posicionamiento político evidente contra el independentismo catalán. Se oponen a amnistiar a estos catalanes porque se ven interpelados como españoles frente a un nacionalismo opuesto al suyo y rechazan que el Estado deje sin castigo el movimiento popular catalán por la independencia. Tal posicionamiento, a todas luces ideológico, lo ocultan bajo el mantra de que la amnistía ataca a la separación de poderes.
Ahora, el informe de la Comisión de Venecia repite hasta tres veces la obviedad jurídica de que ni esta amnistía ni ninguna otra afecta a la separación de poderes. Es una ley elaborada por el legislador democrático y que los jueces deben aplicar según su criterio jurídico, sin más. Más de un magistrado de los que salieron impetuosos a manifestarse en sus juzgados empieza también a vislumbrar ahora esa certeza. Se hace evidente que se dejaron llevar por los llamamientos de partidos amigos y asociaciones profesionales demasiado politizadas, dañando gravemente a todo el sistema democrático.
Es, pues, el momento de que nuestros jueces den un paso atrás y vuelvan a la senda del Estado de derecho, a la separación de poderes y a la apariencia de imparcialidad. A los señores y señoras magistradas, pronto les tocará aplicar la ley de amnistía. No dudo de que ahí encontraremos interpretaciones creativas y movimientos orquestados. Cuando lo hagan, querrán que les obedezcamos y calificarán cualquier crítica de ataque a su independencia judicial. Después de verlos gritando con sus togas en las calles, insultando en las redes sociales y mintiendo en los platós de televisión a gran parte de la ciudadanía le va a costar creer en esa independencia.
El mejor consejo que se puede dar a nuestra judicatura en este momento es que dejen de perder públicamente su imparcialidad y dilapidar la autoridad y la confianza en la justicia. Que, por favor, vuelvan a sus juzgados y dejen de hacer política. Antes de que sea tarde.