Los visados exprés después del Brexit agravan la explotación laboral en el Reino Unido
Los centros de salud, las residencias, los supermercados o las granjas del Reino Unido sufren por la pérdida de trabajadores europeos tras el Brexit, y algunas de las soluciones de urgencia para reclutar personal están favoreciendo la explotación laboral. Los nuevos permisos de trabajo para la agricultura y el cuidado están dejando a trabajadores en situación especialmente vulnerable, según una investigación académica y los propios informes del Ministerio de Interior británico.
Las condiciones poco claras, el abuso de intermediarios y la falta de vigilancia suficiente de las autoridades es el patrón que ha encontrado una investigación recién publicada y que también ha identificado algunos casos extremos de explotación e incluso lo que se podría describir como esclavitud por falta de alimento, horas excesivas, insultos racistas y otros abusos denunciados.
Los visados exprés creados en principio como un programa piloto en 2019 se utilizan de manera habitual ahora para contratar durante unos meses a temporeros y a empleados sanitarios encargados del cuidado de adultos en el sistema público de salud o en residencias y casas privadas. Decenas de miles de personas están trabajando así en el Reino Unido, ligadas a un empleador concreto y sin posibilidad de cambiar de manera sencilla, como hacían los trabajadores de la UE que antes ocupaban estos puestos sin necesidad de visados porque el Reino Unido era parte del mercado único. Estos visados dependen a menudo de intermediarios, que en algunos casos están imponiendo condiciones indebidas.
“Lo que sucede es que los trabajadores terminan pagando tarifas de contratación en su país de origen, y eso no está particularmente bien vigilado. Una vez que llegan al Reino Unido y les dicen que las tarifas de contratación son ilegales, entonces es demasiado tarde, ya han pagado. A menudo también lo encubren ellos mismos porque no saben si les afectará negativamente el hecho de que ya hayan pagado”, explica a elDiario.es Inga Thiemann, profesora de Derecho de la Universidad de Leicester especializada en derechos laborales y que ha dirigido la investigación académica sobre estos visados con la participación de ONGs. Las cifras pagadas en Indonesia, por ejemplo, oscilan entre 2.300 y 4.600 euros, según los testimonios recogidos por la investigación y que en algunos casos incluían billetes de avión.
A menudo, los intermediarios o los empleadores se excusan en que no engañan, sino en que sugieren “el mejor escenario” posible en un sector muy variable como es, en particular, el agrícola. La promesa es que trabajarán durante seis meses y con contratos renovables hasta dos años unas 40 horas semanales, pero la realidad con la que se encuentran es que el visado tarda en llegar, las semanas que pueden trabajar y cobrar se reducen, y, en función de cuándo lleguen en la temporada, tal vez las granjas ya no necesitan tanta mano de obra.
“Se encuentran con que trabajan 20 horas en lugar de 40, y tres o cuatro meses en lugar de seis. Calculan una cierta cantidad de dinero y poder pagar la deuda para vuelos, formación, tasas, y se encuentran con que tienen que pedir un préstamo ellos mismos”, explica Thiemann, que ha basado su investigación en entrevistas de trabajadores de países de fuera de la Unión Europea.
Un empleado de Indonesia, por ejemplo, explica que tuvo que trabajar tres meses y medio a tiempo completo para pagar sus deudas y otros tres explicaron que, después de seis meses de trabajo escaso en el Reino Unido, no habían conseguido devolver el dinero.
La situación de “hipervulnerabilidad” es para todos los que tienen estos visados, incluidos los ciudadanos de la UE, que pueden perder su estatus como los demás o, en algunos casos, se encuentran a la espera del papeleo post-Brexit. Pero algunos factores que hacen más difíciles las condiciones de estos trabajadores y su margen para cambiar de empleo o quejarse tocan más a las personas de fuera de la UE por la lejanía, la falta de conexiones y el coste de volver a casa.
La mitad de los trabajadores empleados en el sector agrícola llegaban de Ucrania antes de la invasión rusa de 2022, y después lo han hecho sobre todo de Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y, hasta la suspensión de un acuerdo, Indonesia.
La explotación en el campo o en el sector de cuidados precede al Brexit y también afectaba a los trabajadores de la UE, pese a tener entonces más derechos de residencia y trabajo. “Sólo porque las personas tenían más derechos, no siempre significaba que pudieran hacer pleno uso de esos derechos, porque hay una diferencia entre tener un derecho en teoría y poder llevar a tu empleador a los tribunales”, explica la profesora Thiemann. “¿Siempre fue mejor para todos? No. Pero, ¿corren estos trabajadores un mayor riesgo porque también están incurriendo en deudas por viajes y tasas de visado que, obviamente, los trabajadores de la UE no tenían? Sí." Muchos de los trabajadores agrícolas con los que habló ella y su equipo eran de Indonesia, y su procedencia aumenta el riesgo: "Obviamente el precio de los billetes de avión por sí solo puede ser un factor importante para los trabajadores. Y es mucho más fácil decir que no estás de acuerdo con estas condiciones de trabajo y que te vas a casa si volver a casa significa tomar el ferry y luego el autobús en lugar de un vuelo de larga distancia que costará 500 euros”.
El sector del cuidado y la salud, antes del Brexit destino habitual de trabajadoras españolas, está ahora volcado en reclutar en Filipinas y varios países africanos, en particular Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Congo y Zimbabwe. Los esfuerzos no han solucionado el problema en un sector en el que se estima faltan 152.000 trabajadores, según los últimos datos de 2023.
En el caso de los trabajadores del cuidado, uno de los asuntos más recurrentes es la confusión sobre el tipo de visado y las condiciones y garantías que conlleva cada uno. La profesora cuenta que encontró a trabajadoras que tenían horarios regulares y un salario adecuado, pero también personas que se podían considerar “víctimas de la esclavitud moderna, se les pagaba casi nada y trabajaban horas excesivas”.
En este sector, la investigación identificó casos de explotación extrema y posible esclavitud moderna que fueron reportados al mecanismo nacional de ayuda. Por ejemplo, una de las entrevistadas, de Filipinas, era una mujer que contó que trabajaba sin descanso, sin apenas comida y sin cobrar lo acordado. Además, aseguró que su empleador y su hijo la insultaban y la maltrataban, y que le dijeron que los filipinos eran “parte de una organización criminal” para que hablara con otras personas en la comunidad que la pudieran ayudar.
Otra mujer, que en principio tenía un visado de estudiante, empezó a trabajar en una casa y cobró por debajo del salario mínimo además de tener que pagar por comida y alojamiento y trabajar horas excesivas.
En la agricultura, existe un pequeño número de agencias que pueden colocar a estos trabajadores en las granjas, y sólo una parte de ellas están vigiladas. Pero en el sector del cuidado no hay ningún esquema organizado, es decir, cualquier asilo o agencia en este sector puede patrocinar un visado para reclutar trabajadores. “Obviamente es mucho más opaco”, explica Thiemann.
De hecho, una investigación del propio Ministerio del Interior descubrió supuestas agencias especializadas en servicios de cuidado que tenían webs con información copiada de una a otra, ningún historial en el sector y pocas referencias sobre si de verdad hacían algún trabajo más allá de patrocinar visados.
Al menos 268 empresas que nunca pasaron por una inspección para certificar su calidad o su existencia consiguieron licencias y otras operaron sin siquiera registrarse en ningún lado. En un caso, el Ministerio del Interior descubrió que había otorgado 1.234 certificados para el patrocinio de visados solicitados por una empresa que tenía sólo cuatro empleados y que aparentemente no tenía capacidad para ofrecer contratos. En otra ocasión, una empresa obtuvo 275 certificados utilizando información falsa.
“No creo que nadie sepa realmente qué pasó con estos trabajadores. Hay problemas de falta de transparencia. Y una de las claves es que los trabajadores no saben a qué otros empleadores pueden acudir porque no hay una lista de empleadores que patrocinan trabajadores extranjeros”, explica la profesora de la Universidad de Leicester. “Además, las tarifas de salida son legales en el sector de la atención. Si un empleador ya gastó dinero en capacitación o reclutamiento y un trabajador se va antes, puede pedir al trabajador que le devuelva parte de ese dinero. Hay orientación sobre cómo se deben calcular estas tarifas, pero no existe una legislación fija”.
El Gobierno dijo, en una declaración después de la publicación del informe, que algunas agencias del sector "o disfrazadas como si lo fueran" han "abusado" del sistema establecido para los visados de los cuidados y que el Ministerio del Interior ya tiene identificadas estas prácticas sancionables e irá "más lejos" si hace falta.