La importancia de la propiedad intelectual
En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, cada 26 de abril nos encontramos ante una oportunidad para reflexionar sobre su papel crucial en el crecimiento sostenible del país, aunque quizás no nos quedan muchas si no hay un cambio sustantivo.
En AmCham Argentina creemos, citando el lema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que "nuestro futuro común se forja con innovación y creatividad". La protección de la Propiedad Intelectual (PI) no constituye meramente una cuestión legal, sino que es crucial para el desarrollo de la investigación, la inversión y la transferencia de tecnología, catalizando de este modo el progreso y el bienestar general.
La PI engloba una vasta diversidad de activos intangibles, que van desde invenciones y marcas registradas hasta obras literarias y artísticas. Su protección reditúa beneficios a las empresas e individuos que han invertido recursos y esfuerzos en su gestación, promoviendo la competencia leal y el avance económico del país. Un marco legal robusto y una protección efectiva de estos derechos, es imperativo para atraer inversiones, generar empleo y suscitar la competitividad.
Si bien se han realizado avances en estos últimos años, aún queda un largo camino por recorrer. La inclusión de la Argentina en la Priority Watch List de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR) desde 1996, junto con países como Venezuela y Rusia, subraya la importancia de abordar el tema de manera urgente. Nuestro país continúa exhibiendo debilidades en el sistema de los derechos de propiedad intelectual e industrial tales como el derecho de patentes, el derecho de marcas y los derechos de autor, como lo señala el último informe de la OMPI, restricciones que combinan la existencia de un marco regulatorio inadecuado y un ejercicio para su cumplimiento muy precario y débil. Según este informe nos sitúa en el puesto 73 entre 132 economías del Índice Global de Innovación 2023. Sin embargo, la asunción del nuevo gobierno alimenta las esperanzas de un cambio que busque fortalecer el ecosistema de PI y posicionar al país como un referente regional en materia de innovación.
Desde AmCham, nos comprometemos firmemente a abordar los desafíos que obstaculizan la protección efectiva de la innovación y la ampliación de las fronteras del potencial humano en nuestro país. Uno de estos radica en la necesidad de establecer los criterios de patentabilidad conforme a los estándares internacionales, a fin de otorgar la debida protección a las invenciones en el campo químico-farmacéutico y las biotecnológicas. Una postura errónea en cuanto al tratamiento que debe darse a la protección de estas invenciones no hace más que excluir a nuestro país de esta clase de avances técnicos, provocando un relegamiento respecto del resto del mundo y estimulando a que científicos e investigadores, tanto en el ámbito privado como público, busquen apoyo a su innovación creativa en el exterior para que se les reconozcan y respeten sus logros científicos en pos de la comunidad.
Sin lugar a duda, este escenario provoca una competencia desigual entre los múltiples actores, lo que impacta negativamente en la participación de empresas innovadoras y limita el acceso de la población a tratamientos efectivos, seguros y de calidad. De hecho, en la actualidad, el sector de ciencias de la vida lidera la inversión privada en I+D a nivel local aportando más u$s 500 millones anuales en el desarrollo de actividades de investigación clínica, sin embargo, es preciso desarrollar nuevos incentivos en materia de PI para continuar desplazando la curva hacia su frontera de posibilidades.
Además, la pérdida de competitividad en sectores clave, como los agronegocios, agravada por la falta de legislación que otorgue una protección eficiente a los desarrollos de variedades vegetales, ilustra la necesidad imperiosa de aggiornar las legislaciones de modo de asegurar un mecanismo de protección efectivo para los novedosos logros tecnológicos. Se estima que esta carencia ha ocasionado pérdidas económicas de hasta u$s 4000 millones desde el 2000, y condujo a una disminución de entre 600 y 700 kilos por hectárea en comparación con países vecinos como Brasil y EE.UU., con quienes hace unas décadas Argentina compartía niveles similares. En este contexto, desde AmCham respaldamos la propuesta del gobierno de adherir al Convenio de UPOV-91, el cual eleva los estándares para la protección eficaz de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Creemos que la medida no sólo contribuiría a detener este retroceso, sino que también impulsaría a los fitomejoradores a invertir en programas de desarrollo varietal, generando un impacto positivo en la industria agropecuaria, que representa aproximadamente el 65% de nuestras exportaciones.
Argentina cuenta, además, con una oportunidad para alinear sus estándares en línea con los países que integran la OCDE, mediante la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) otorgando así a los emprendedores, investigadores y desarrolladores nacionales la oportunidad de no solo solicitar la protección de su invención a nivel local, sino también solicitar la protección en otros países del mundo miembros del PCT. Esta armonización conllevaría una expansión global de la producción e intercambio de conocimiento y un posicionamiento del país en el escenario internacional.
Considerando la era digital en la que vivimos, nos enfrentamos a un punto neurálgico que demanda una revisión exhaustiva: las deficiencias de los mecanismos jurídicos para una eficiente observancia de los derechos de PI ante la piratería y la falsificación. Estas continúan siendo serias problemáticas en Argentina, menoscabando diversos sectores y desalentando la inversión legítima. La falta de recursos y mecanismos efectivos para combatir estas prácticas requiere una acción firme por parte de las autoridades para revertirlo.
Al fortalecer el ecosistema de PI, abrimos las puertas a un futuro mejor, atrayendo talento y fomentando la creación de nuevas industrias o el desarrollo de las existentes. Es crucial que trabajemos mancomunadamente, los distintos poderes del Estado y partes interesadas, para promover una mayor conciencia sobre la importancia de la PI, asegurar un próspero entorno empresarial y lograr el tan ansiado desarrollo sostenible en el país.