La carta democrática interamericana: Una opción nacional, por Manuel Rodríguez Cuadros
“Recurrir a la carta democrática constituye un derecho para todos los peruanos y peruanas”.
A partir de una propuesta de Iniciativa Democrática, se ha iniciado un positivo intercambio de ideas sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El solo hecho de que se haya abierto la discusión ya es positivo y movilizador, en el contexto de la creciente alteración de la institucionalidad democrática en el Perú.
Hay, sin embargo, en el debate, algunas percepciones erradas. Se ha señalado que su aplicación sería una injerencia o un llamado a la intervención extranjera. Como decía Luis Alberto Sánchez, “falso de toda falsedad”. Esta afirmación equivale a sostener que las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos son un acto de intervención. Con esa lógica, un atentado contra la soberanía nacional sería una sentencia del CIADI o los tratados de libre comercio, que excluyen la jurisdicción nacional en los procesos de solución de controversias.
En realidad, se trata de obligaciones negociadas y adquiridas por el Perú en el libre ejercicio de soberanía, en función de intereses nacionales específicos. Se trata de obligaciones que han sido introducidas en el derecho interno.
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Recurrir a la carta democrática, de esta manera, constituye un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en el Perú. Y lo deben ejercer para que cese el sistemático incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado peruano para no alterar la institucionalidad democrática, desnaturalizar el Estado de derecho y violar de manera sistemática los derechos humanos de la población.
La Carta no es un instrumento punitivo, más bien, un conjunto de opciones dirigidas a que las fuerzas democráticas, políticas, sociales e institucionales puedan fortalecer sus capacidades para movilizarse en defensa de la democracia.
En la actual coyuntura, su utilización debe ser progresiva. Empezar con un diálogo de toda la oposición democrática y la sociedad civil, la elaboración de una agenda y plataforma de acción y la movilización ciudadana. Crear, así, las condiciones para su aplicación efectiva.