España, deficiente en libertad económica y lejos de los países más desarrollados en libertad de empresa
España ocupa el puesto 55 del ranking global, y el 31 de 38 países de la OCDE, con casi un 10% inferior al promedio de los países desarrollados.
"España tiene una deficiente posición en términos de libertad económica entre los países desarrollados", ocupando el puesto 55 de 184 del ranking global, muy alejado de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas, penalizada por "el excesivo tamaño del Estado, que se ha sobredimensionado desde la pandemia, por el desequilibrio de nuestras finanzas públicas y por el aumento de la presión fiscal".
Esta es una de las principales conclusiones del informe "La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024", presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que detalla como España, con un valor en el Índice de Libertad Económica (ILE) 2024 de 63,3 puntos, mantiene la posición 31 de 38 en el ranking de la OCDE, con una puntuación casi un 10% inferior a la del promedio de los países desarrollados, "afectada por un gran tamaño del Estado y una salud fiscal deteriorada" -ha apuntado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE-, y un 23,7% inferior a la de Suiza, el país de la OCDE que presenta mejores prácticas en el ámbito de libertad económica. "La economía española se encuentra claramente alejada de la mayor parte de los países desarrollados y se ha mantenido estancada en la evolución de este índice durante este último periodo".
En comparativa con la Unión Europea, España tampoco sale muy beneficiada ya que ha descendido una posición respecto al año pasado, ocupando, actualmente, la posición 23 de entre los 27 países que conforman la Unión Europea. Por tanto, España ha obtenido una puntuación inferior a la media de la OCDE y a la de la UE en el resultado global del Índice, así como en varios de los subcomponentes. Únicamente en seis de ellos presenta valores por encima de la media de la OCDE: derechos de propiedad, flexibilidad laboral, estabilidad monetaria, apertura comercial, facilidad inversora y solvencia financiera. "Las políticas que permiten una mayor libertad en cualquiera de los ámbitos integrados en el Índice de Libertad Económica estimulan el crecimiento económico, lo que se traduce en una mejora del bienestar general", apuntó Fernández de Mesa.
Para los analistas del IEE, las principales variables que condicionan las bajas posiciones de España son las relacionadas con el tamaño del Estado, "como son la salud fiscal, el gasto público, la efectividad judicial, el buen gobierno y la carga impositiva, que son uno de los principales puntos débiles de la economía española".
En cuanto a la libertad de empresa, España presenta una posición moderada, situándose en el puesto 24 de 43 países desarrollados, con 97,7 puntos en 2024, destacando "la necesidad de un marco regulatorio que fomente la productividad y la innovación empresarial para impulsar el crecimiento económico", ha explicado Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. En referencia al Índice de Libertad de Empresa, el estudio destaca que España se sitúa en la mitad inferior del grupo de los países desarrollados, lo que representa un "nivel moderado de libertad de empresa en nuestro país en cuanto a fomento de la iniciativa privada y apoyo a las empresas se refiere". En 2024, la economía española se ha situado en el puesto 24 de los 43 países considerados, con 97,7 puntos, lejos aún de los 81,3 puntos que se obtuvieron en el valor de este índice en 2012.
EL IEE cree que el marco normativo español "se encuentra rezagado con respecto al de los principales países desarrollados en cuanto al fomento de la inversión empresarial y al apoyo a la actividad de las empresas", con un balance negativo entre la productividad y la libertad de empresa.
En el informe se analiza también la intervención del Sector Público en la economía a partir de una mayor presencia del componente público en la actividad empresarial, destacando la vinculación de este tipo de intervención del sector público con los derechos de propiedad, el buen gobierno, el gasto público, la libertad de empresa y la facilidad inversora entre otros componentes que integran el principio de libertad económica, Según concluye, "este tipo de intervención obstaculiza la actividad empresarial y ocasiona peores resultados, en términos de asignación eficiente de los mercados en el sistema económico en su conjunto, al presentar la actividad empresarial de titularidad pública peores registros en términos de eficiencia que el sector empresarial privado".
Otro de los aspectos que trata el estudio es el impacto de las transferencias monetarias -ayudas, medidas compensatorias y prestaciones- realizadas por el Estado durante la pandemia. Según sus datos, España ocupa uno de los primeros puestos del ranking en cuanto a este tipo de transferencias públicas, "que han favorecido en mayor medida a los tramos de rentas más elevadas", apuntó Hernández de Mesa . De esta forma, creen que "el diseño y la implementación de este tipo de políticas podrían estar generando una menor igualdad de oportunidades e irían en contra de algunos de los objetivos que persiguen este tipo de políticas referentes a la equidad y a la justicia social". En este sentido, y con el fin de mejorar la equidad en la redistribución, observan que "si se asignara este tipo de prestaciones al sector de población de mayor renta en porcentaje similar al promedio registrado por los países de la OCDE se alcanzaría, de igual forma, una significativa mejora de la eficiencia de gasto".
Por sus cálculos, basados en datos oficiales del Banco de España, esta convergencia hacia la asignación media al colectivo de mayores rentas ha supuesto que las ayudas recibidas por el estrato con mayor nivel de renta le ha beneficiado un 31% que a las rentas más bajas. Por ello, si se redistribuyera entre los quintiles de población con menor nivel de renta y si se aumentaran las cuantías destinadas a los colectivos más vulnerables, "mejoraría la equidad del sistema de ayudas, y generando una mejora de la eficiencia del gasto público".
Por ejemplo, los países que tienen más orientada a las rentas más bajas su asignación de transferencias reducen su riesgo de pobreza en hasta 20 puntos porcentuales, a diferencia de España que solo consiguió reducirla en 9,5 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de 2021. En este sentido, el informe destaca que "España es uno de los países de la UE en los que no se focaliza adecuadamente la asignación de transferencias sociales a los colectivos más necesitados, y, por tanto, es de los que menos reduce el riesgo de pobreza a través del instrumento de transferencias públicas". Esto ahonda en un "menor impulso de proyectos de inversión empresarial y de emprendimiento de factores que son indispensables para la creación de empleo y, por lo tanto, para reducir y converger en tasa de desempleo con las economías más avanzadas de nuestro entorno, siendo esta la mejor de las políticas de equidad y de reducción de desigualdad de la renta", concluyó Izquierdo.
Dentro de estas transferencias monetarias se incluirían elementos como el bono social, el ingreso mínimo vital, la bajada del IVA de los alimentos, la reducción del precio de la gasiolina, el recorte impositivo del recibo de las luz y, sobre todo, las prestaciones públicas -como el paro o las pensiones-.