Proceso de selección de la JNJ no cumplió estándares mínimos
La Misión Internacional de Observación (MIO-Perú) publicó su informe final sobre el proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se han identificado una serie de problemas en las etapas que condujeron a la juramentación de los nuevos integrantes que asumirán sus funciones a inicios de enero de 2025.
En resumen, la MIO acusó falta de transparencia, insuficiente participación de perfiles de candidatos idóneos y un deficiente proceso de selección sin protocolos claros para la evaluación de los aspirantes.
“La MIO concluye que el proceso de selección de la JNJ se llevó adelante sin cumplir con estándares mínimos de transparencia, publicidad, veeduría ciudadana, apertura al escrutinio, criterios técnicos en la confección de las pruebas de conocimiento y confianza e igualdad de condiciones para las personas participantes”, se lee en el documento de 52 páginas.
Para la MIO un “aspecto crítico” fue que el cargo de secretario técnico de la Comisión Especial (CE) ya no fuera sujeto a concurso público y que pasara a ser uno de confianza exclusiva del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, “quien a la postre ha conducido todo el proceso”.
La MIO también alertó sobre “la cuestionada designación de una universidad privada” (ESAN) para conformar un comité de expertos encargado de elaborar el banco de preguntas para la prueba de conocimientos: “No hubo protocolos claros sobre la auditoría a la gestión de dicha universidad ni sobre la metodología utilizada. Además, las preguntas diseñadas fueron de un nivel básico, inapropiado para una evaluación de la magnitud que exige la selección de los miembros de la JNJ”.
La MIO hizo notar que tampoco se publicó información suficiente sobre la cantidad de tachas presentadas por la ciudadanía y los descargos de los postulantes. Las resoluciones de la CE para desestimar dichas tachas “no fueron razonadas ni motivadas, lo que suma incertidumbre y desconfianza”.
Asimismo, la fase de entrevistas careció de un protocolo y criterios técnicos para otorgar los tiempos a cada postulante, así como preguntas “que guardaran cierta equivalencia y comparabilidad, a fin de profundizar en los conocimientos, los planes y las expectativas de las y los postulantes”.
Finalmente, la MIO observó que el cuadro de méritos (con los nombres de titulares y suplentes) no se elaboró en una sesión pública ni con acceso al público. “La indicada sesión no fue anunciada como parte del calendario de la CE, como debieron ser todas las actividades. En lugar de haber anunciado la fecha y hora para la sesión con suficiente antelación, para que todas las personas interesadas puedan concurrir personalmente a ella, o bien la sigan mediante la transmisión del canal YouTube, el cuadro de méritos se aprobó en total opacidad”, ha señalado el informe.
Ante la CIDH
Cabe señalar que el viernes 15 de noviembre será la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar lo concerniente a a JNJ. En julio, el Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitó a la Comisión exponer lo que estaba ocurriendo con el proceso de selección por considerar que la CE no ofrecía garantías suficientes de independencia política ni de transparencia.
“Lo que queremos nosotros lograr con la Comisión es poder hacer visibles los serios problemas, deficiencias, vacíos y violaciones a derechos fundamentales y principios que ha habido en este proceso de selección, los cuales son diversos”, explicó la abogada Cruz Silva, de IDL-Justicia Viva. Cruz informó que usarán como parte de sus insumos el informe final de la MIO.
Cruz añadió que IDL, junto con la Asociación Nacional de Centros, presentó nueve tachas. “Estamos yendo (a la CIDH), no solamente como observadores externos del proceso, sino también como ciudadanos que han pretendido ejercer su participación en las vías planteadas por la CE. Lamentablemente no se nos ha respondido”, dijo Silva.
Los nuevos miembros titulares de la JNJ son Gino Ríos, Francisco Távara, Jaime De la Puente, María Teresa Cabrera, Víctor Chanduví, Germán Serkovik y Rafael Ruiz. Los actuales magistrados culminarán su periodo constitucional el 6 de enero de 2025. Es decir que tienen por delante dos meses más de trabajo.