Dina Boluarte acusa a la Fiscalía de liberar criminales mientras avala leyes pro-delincuentes
Ante la ola de criminalidad y la constante crítica al Gobierno por no lograr reducir estos índices, la presidenta Dina Boluarte visualizó una estrategia: culpar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la delincuencia. Al menos esa intención ha quedado revelada en sus últimos discursos, los cuales han incluido, desde que iniciaron las manifestaciones impulsadas por el sector de transporte, un ataque directo contra el sistema de justicia. Sin embargo, la dignataria parece ignorar que desde el Ejecutivo y Legislativo, con su política de despenalización, han promulgado leyes que permiten la liberación de los delincuentes.
"Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega. No los liberen, señores del Poder Judicial, no todos, algunos jueces y algunos fiscales que no están poniéndose la camiseta del Perú y parece que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos fiscales, a esos malos jueces, les decimos no liberen a los delincuentes que la Policía les entrega", exclamó la dignataria, el último 31 de octubre, durante la presentación del programa Llamkasun Perú, en la región San Martín.
Tan solo un día antes, el 30 de octubre, el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, como si anticipara el descrédito público, alertó de que las leyes impulsadas desde el Estado han permitido la liberación de criminales. "Si los fiscales sueltan a los delincuentes, como ellos comienzan a sostener, es porque las normas están ahí", comunicó, ante varios medios de comunicación, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima.
Gobierno impulsa leyes a favor de los delincuentes
En ese contexto, Chávez Cotrina explicó que las normas recientemente aprobadas propician que un mayor número de delincuentes evada la cárcel, pues dificultan la aplicación de la prisión preventiva al requerir penas mínimas más altas. “Para que una persona sea sometida a prisión preventiva, el delito debe tener una pena mínima de cinco años. Antes solo se requerían cuatro años", manifestó.
Eso no sería lo único. Según el fiscal superior, un criminal entre 18 y 25 años puede librarse de la cárcel si la condena no supera los 8 años. “Si la policía detiene a un sujeto entre 25 y 18 años que no tiene antecedentes penales y que, además, la pena es menor a ocho años, esta sería suspendida y no cabe una prisión preventiva. No hay forma de meterlo a la cárcel", mencionó.
Tal norma resulta preocupante, al tener en cuenta que el 35% de detenidos están en ese rango de edad, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple).
A esto se le suma la ley 32108, indicó el fiscal. Esta norma, que perjudicaba los allanamientos, fue modificada por el Congreso a raíz del pedido de los gremios de transportes que protestaron para exigir mayor seguridad ciudadana, pero ello no sería suficiente. "Gracias justamente a que la población salió a marchar, el Congreso de la República retrocedió y derogó tácitamente y parcialmente la norma 32108 en el sentido de que los allanamientos se van a llevar a cabo con o sin presencia del investigado, pero siempre con la presencia del abogado de la defensa pública", refirió.
"Hay que entender que para el allanamiento la Policía y la Fiscalía ya no necesitan la presencia del abogado. La presencia del abogado es el paso siguiente, que es el registro", anotó.
Fiscalía frente a normas pro crimen y carencia de personal
Ya en este punto, pareciera que solo las normas ponen a la Fiscalía contra las cuerdas. Pero no. El perjuicio a la labor fiscal no solo se genera por la legislación del Gobierno de turno, sino, también, por su desamparo.
De acuerdo con el fiscal superior, el Ministerio Público enfrenta carencia de personal y equipamiento. Su reclamo fue claro: “Fíjense, cuando se detiene a un delincuente de crimen organizado, se suelen incautar entre 20 y 30 celulares, y en algunos casos hasta 450, donde están los mensajes extorsivos. Sin embargo, no tenemos tecnología para poder leer esos celulares. ¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado si no nos dan los instrumentos necesarios? Esa es la realidad".
La desatención del Estado es tal que, según Chávez Cotrina, día a día los trabajadores de su sector le resaltan las falencias en la Fiscalía. "No tenemos peritos, no tenemos un laboratorio de criminalística. La policía tampoco cuenta con estos recursos a nivel nacional. Nuestros policías de inteligencia no disponen de recursos tecnológicos ni del personal suficiente, y lo sé porque trabajo con ellos todos los días; cada día me dicen: ‘Doctor, no tenemos personal’", puntualizó.
Congreso promete modificar normas que afecten la seguridad ciudadana
Por todo esto, el letrado enfatizó que le "alegra" que el titular del Interior haya mencionado que el Gobierno lidera una política de despenalización. "Yo me alegro, porque he escuchado al ministro de Justicia, que reconoció que han dado estas normas, justamente, bajo una política de despenalización. Lo que le ha molestado al ministro es que lo digamos ante los medios de comunicación. Obviamente el ministro no nos puede cortar nuestro derecho de expresión", indicó.
Mientras tanto, desde el Parlamento la respuesta no tardó en llegar. Al escuchar el pliego de reclamos del fiscal, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió el papel del Legislativo y aseguró que revisarán las normas mencionada en el próximo Pleno de Seguridad Ciudadana, programado para el 7 de noviembre. Salhuana dio su palabra y prometió evaluar las observaciones planteadas por Chávez Cotrina.
Asimismo, a fin de demostrar compromiso con la ciudadanía, Salhuana afirmó que el Congreso está dispuesto a modificar o derogar los decretos legislativos si se determina que afectan negativamente a la seguridad.
“Es importante escuchar y rectificar cuando sea necesario. Evaluaremos los decretos y, si es preciso, realizaremos los cambios necesarios para mejorar la seguridad en el país”, dijo. Además, remarcó que brindarán mayor atención y recursos necesarios al sistema de justicia para derrotar el crimen organizado.