Los condicionantes sociales y morales del tapón son enormes
Santo Domingo.-La cantidad de vehículos de todos los años desde las últimas cuatro décadas presentes en las calles de las grandes ciudades, entre ellas de manera muy marcada la Capital y Santiago, es generalmente considerada la causa del embotellamiento de las vías públicas.
Puestos a examinar las cifras de la Dirección General de Impuestos Internos encontramos que el denominado “parque vehicular” está compuesto, en los primeros dos trimestres del año 2024, por 5 millones 838 mil vehículos de motor de tipo y uso variados.
Con una población de 10.7 millones, contada por la Oficina Nacional de Estadísticas en noviembre de 2022, todavía faltan unos 5 millones para que cada poblador dominicano tenga —en términos estadísticos— un vehículo de motor.
Y si es una cifra cercana a la realidad la que da la DGII sobre motocicletas, de 3 millones 298 mil, todavía faltan 7.5 millones para que en la casa de cada uno haya por lo menos uno de estos vehículos, con su debido registro, en vista de que son los de mayor movilidad en vías embotelladas y los más económicos por su precio y bajo consumo de combustible, lo cual viene a ser lo conveniente en un país sin pozos petroleros.
Contrario a esto, como un contrasentido, en vez de suspirar por tener una moto para salir en ella a las diligencias menores y para andar en la ciudad, todo dominicano suspira por una yipeta, y de acuerdo con datos de la DGII, a mediados de este año las cifras reflejaban unos 680 mil vehículos de este tipo.
La opinión pública
Pero contrario al examen de las rutas que lleven a que en casa de cada poblador del país haya por lo menos una moto, y en el caso en que el bienestar o prosperidad material lo permita, un carro, o una yipeta, el grito por el tapón alimenta una corriente de opinión orientada a la valoración de políticas para limitar el crecimiento del parque vehicular o la posesión de un “carro viejo”, como se le encasqueta a unidades muy experimentadas que se mueven en las calles del país, a punto a veces de soltar partes de carrocería.
Las opiniones contra el crecimiento del parque vehicular son un contrasentido en un ambiente de prosperidad, libre comercio, de capitalismo efectivo y libertad para el afecto hacia personas y cosas no importa su estado o edad.
Al que quiera tener una moto, un carro o una yipeta viejos el único requisito debe ser el buen estado.
Si algo hay que hacer efectivo en el país es el Estado, a través de las normas, para que los habitantes, ciudadanos o no, dominicanos o extranjeros, salgan a las calles con la seguridad de que a la hora de desenvolverse en las vías y los espacios públicos, las pautas de comportamiento no dependerán de las gónadas de nadie, sino de unas reglas bajo el cuidado de una Administración escalada desde el más encumbrado hasta el de menos jerarquía de los servidores públicos.
El tapón, el grito
El embotellamiento de las vías públicas no es un hecho limitado a la Capital y Santiago, a donde van a dar las grandes inversiones en vías públicas.
Puede ser padecido por cualquiera en cualquier pueblo del país con sólo que concurran en una misma vía dos que decidan alternar unos minutos detenidos en paralelo, importa que un tercero les haga saber que obstruyen la vía.
Esto ocurre todos los días en cualquier calle, en una avenida, un punto sensible por la alta concurrencia de vehículos y personas como puede serlo una terminal formal o informal de rutas, o en una calle marginal utilizada como desahogo por unos cuantos conductores en las denominadas “hora pico”.
En estos casos, el de las vías interbarriales, sale a la luz un fenómeno creciente que por lo visto escapa al interés de las autoridades, que entregan por todas partes a la creatividad social, y en las manos de particulares, la prestación de servicios, como puede serlo el de un transporte público eficiente y seguro, con el abandono de la facultad de vigilancia de la calidad y la regulación, al punto de que hoy día esto sólo sería posible a un alto precio, incluido el de la libertad de movimiento, de negocios y de tránsito.
Esto es para atenderlo
Si las vías céntricas, las grandes avenidas, se vuelven intransitables por el tapón, las interbarriales se están tornando difíciles por un hecho social que pasa desapercibido: no fueron pensados espacios para el vehículo de motor.
Muchos edificios, construidos de quince o diez años acá, tienen destinado un espacio para un vehículo por apartamento, pero en algunas familias hay más de un carro y como consecuencia el entorno es el lugar para aparcamiento, a veces en paralelo en calles de dos vías, por lo que el espacio libre queda inútil para los fines del tráfico de vehículos.
Los taponamientos requieren soluciones a largo plazo.
En los barrios construidos por el Gobierno hace 50 años nunca se pensó que sus vecinos tendrían algún día un carro y hoy las vías son el garaje.
A este hecho no le va a poner remedio ninguna autoridad, como no se lo han puesto a la ocupación de las vías por talleres de reparación a todas horas todos los días y las noches de todos los años.
Cuando la ocupación de la vía se origina en las viviendas se puede ver cierto aligeramiento desde el amanecer hasta las 6:00 de la tarde, pero donde se las apropian los negocios y talleres, no.
En los barrios es notoria la construcción de casas apiñadas y sin lugar para el carro y donde lo hay no pasa de dos espacios, pero en el denominado “Polígono Central” de la Capital ocurre otro tanto, unas veces por la falta de espacio y otras por la instalación de restaurantes, oficinas u otros negocios de alta concurrencia de clientes.
En todos los casos la calzada y las aceras pasan a ser parte del espacio vital de estos negocios y enfrentarlos es imposible.
Desde el Intrant
— Muchos planes
Durante su participación el miércoles en el Almuerzo Semanal de los medios del Grupo Corripio, el director del Intrant, Heriberto Morrison, habló de los planes de esta entidad estatal, pero también de las dificultades.
Lo que se necesita y cómo lograrlo
Acciones. Tal vez la solución al alcance de la Administración, no de una entidad o una institución, sea la educación, la conciencia y la aplicación de la ley, pero esto lleva tiempo, mucho tiempo, y no deja dinero en la ruta.
Se le opone, además, el abandono del concho por el dominicano, que ha pasado a ocuparse en actividades más cómodas o lucrativas, y la prestación de servicios de concho, motoconcho y delíveri por haitianos, con niveles de urbanidad en cero y en algunos casos carentes de educación formal y si la tienen es en una lengua extranjera, lo cual devuelve cualquier avance al punto cero.
También hay que encarar el registro de las motos, de manera que sus conductores se les pueda aplicar la norma como a persona urbanizada.
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