Amenazas contra la prensa escalaron luego de las elecciones presidenciales

La persecución y las amenazas contra periodistas no es reciente en Venezuela pero, tras las elecciones presidenciales, se intensificaron de manera alarmante. Los comunicadores, que enfrentaban ya un entorno difícil antes de los comicios, quedaron más vulnerables ante detenciones arbitrarias, amenazas y campañas de intimidación solo por cubrir las protestas ciudadanas contra los resultados o el cuestionado proceso, que supuestamente ganó Nicolás Maduro.

Esta escalada obligó a muchos profesionales a autocensurarse para no convertirse en blanco de persecución y, en los casos más graves, el miedo real por su integridad física o la de su familia forzó a que salieran del país de forma clandestina o a buscar refugio en lugares que consideraban seguros. Así, el régimen avanzaba en un plan de sofocar la crítica y limitar el acceso de la ciudadanía a información independiente, profundizando el control sobre los medios de comunicación.

“No tenía ganas ni ánimo”

“Llegó un momento en el que no cubría temas de política. Pensaba en mil cosas, sobreanalizaba. Era todo bastante intenso y esa intensidad me llevó a bloquearme. Hubo una época en la que no trabajé porque no tenía ganas ni ánimo. Fue bastante rudo”, dijo a El Nacional la periodista Elena Rodríguez.

La joven, de un estado costero del país, narró que a un grupo de comunicadores le alertaron que las autoridades del régimen de Maduro tenían sus teléfonos celulares intervenidos, por lo que buscaron otras maneras de comunicarse con sus familias, amigos y también en sus trabajos.

 

 

“Me vi obligada a buscar otras maneras de comunicarme con mi mamá, a usar Signal obligatoriamente, ni siquiera me sentía segura usando WhatsApp, además hubo una orden de captura contra un reportero gráfico de acá, compañeros que se fueron a otras ciudades para resguardarse. En algún momento incluso pensé adónde podía ir”, manifestó.

Más de 150 violaciones a la libertad de expresión

Datos de Espacio Público señalan que entre el 29 de julio y finales de septiembre se registraron más de 150 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. En estos hechos, además de los agentes de los organismos de seguridad del Estado, tuvieron participación gobernadores y alcaldes de chavismo, así como militantes que amenazaron y hostigaron a los periodistas.

«Desde el 28 de julio, las y los periodistas en Venezuela vieron empeoradas sus condiciones para ejercer el oficio, al aumentar la hostilidad, en un clima de persecución e intimidación, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información de interés público», señala la ONG.

Correa explicó que los períodos electorales suelen traer consigo una mayor presión sobre los medios, un fenómeno que se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, el debilitamiento del ecosistema de medios ha hecho que el impacto de la represión sea aún más pronunciado.

 

Dejar de usar WhatsApp y restringir las redes sociales

Elena Rodríguez relató cómo incrementó sus medidas de protección en redes sociales y comunicaciones: optó por hacer privadas sus cuentas y limitó lo que publica para reducir riesgos.

“Evito publicar cosas que puedan exponerme de alguna manera”, explicó la joven, quien señaló que no suele compartir detalles de su trabajo en redes, pero ha extremado esta precaución debido a posibles amenazas.

Recuerda haber evitado conversaciones por WhatsApp durante momentos de mayor tensión y haberse salido de varios grupos para no exponerse. Enfatizó también que continúa aplicando medidas de autocensura en las palabras que usa y con sus fuentes.

“Ahora trato de ser siempre, siempre, muy cuidadosa de dónde hablo, con quién hablo y de qué hablo. Porque, aunque es cierto que quizá ha bajado un poco la situación, siento que no deja de existir algún riesgo después de todo lo que vimos. Trato de ser muy cuidadosa”.

Otro periodista, Andrés Torres, contó que cambió sus rutinas para evitar que los agentes del chavismo pudieran ubicarlo y se aseguró de que su identidad real no estuviera vinculada con su trabajo.

«Además, busqué apoyo en organizaciones de derechos humanos y periodistas para tener una red de respaldo en caso de cualquier eventualidad», añadió.

 

 

Torres manifestó que, después de las elecciones presidenciales, su forma de trabajo cambió drásticamente. «Tuve que ser mucho más cauteloso con la información que publicaba y cómo la obtenía. En momentos de máxima presión, recurrí a fuentes anónimas», señaló.

Periodistas acusados de terrorismo y otros graves delitos

El activista resaltó además el aumento en los últimos dos años de la persecución penal hacia los comunicadores, a quienes se les acusa de terrorismo o se les investiga por sus comunicaciones, incluidas las interpersonales como WhatsApp.

Entre los casos de los periodistas detenidos, destacan los procesos judiciales de los reporteros Deisy Peña y Paúl León, quienes pasaron recientemente a juicio, señalados de supuestos delitos de terrorismo, y en medio de un proceso denunciado como irregular y arbitrario. Luis Gonzalo Pérez, del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, salió de Venezuela de forma clandestina ante las crecientes amenazas.

Espacio Público señaló en su reporte que estas acciones «dan cuenta de un patrón de acoso hacia la labor periodística, propio de contextos represivos y como respuesta a la conflictividad social y política».

Asfixiar a los medios, una «política de largo aliento»

Estas acciones contra los periodistas, sin embargo, solo se suman a una extensa lista de violaciones a la libertad de expresión y censura en Venezuela, y que comenzó a incrementarse desde que Nicolás Maduro llegó al poder.

Carlos Correa describió la situación actual de la prensa en el país como el resultado de una «política de largo aliento» diseñada para silenciar la crítica. Esta estrategia ha impactado tanto a los medios impresos, limitados por la escasez de papel, como a los medios digitales, de los cuales están bloqueados más de 60, lo que afecta seriamente sus ingresos publicitarios.

Con un número reducido de periodistas y medios privados en Venezuela, las zonas sin cobertura independiente aumentan.

“Tenemos en el país zonas silenciadas donde no hay medios de comunicación independientes. El impacto de casos es mayor porque la población potencialmente afectada es menor”, explicó Correa.

Cierres, detenciones y violaciones a la libertad de expresión

Los datos de Espacio Publico también indican que solo entre enero y abril de este año fueron cerradas 13 emisoras radiales en ocho estados y en el Distrito Capital por órdenes de Conatel. Además, se documentaron al menos 18 detenciones relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión e información.

Asimismo, puntualiza que desde enero y julio de 2024, se registraron 386 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

 

 

El panorama se agrava con la desaparición de periódicos en casi todas las regiones, quedando menos de 20 en circulación, y muchos solo operan como plataformas digitales, que además enfrentan restricciones de acceso debido a bloqueos en línea. Según Correa, se golpea la demanda y la oferta al limitar la sostenibilidad de los medios.

Expuso que en años pasados había medios de comunicación en Venezuela que tenían cientos de empleados y subrayó que una reconstrucción del ecosistema mediático requiere cambios estructurales profundos que aseguren que los medios críticos y sus anunciantes no sean perseguidos.

«Para que muchos periodistas puedan regresar, debe existir un contexto sin persecución frente a la crítica», subrayó.

Sin embargo, también expresó que, con el paso del tiempo, muchos profesionales ya han establecido nuevas vidas en el extranjero, y que la falta de condiciones laborales adecuadas en el país desalienta su retorno.

¿Cuántos periodistas están detenidos en Venezuela?

Una lista actualizada enviada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a El Nacional muestra que 10 periodistas fueron detenidos después del 28 de julio, tres durante la campaña electoral y uno antes del proceso electoral.

Después de las elecciones presidenciales:

1.- Nelin Escalante, periodista independiente. Detenido el 25 de octubre en Caracas.

2.- Carmela Longo, periodista de farándula. Detenida el 25 de agosto en Caracas.

3.- Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla. Detenida el 20 de agosto en Maiquetía, La Guaira.

4.- Gilberto Reina, editor de La Sapa del Orinoco. Detenido el 16 de agosto en Ciudad Bolívar, Bolívar.

4.- José Gregorio Camero, periodista y dirigente político. Detenido el 3 de agosto en Valle de la Pascua, Guárico.

5.- Fernando Chuecos, reportero gráfico. Detenido el 3 de agosto en Valera, Trujillo.

6.- Roland Carreño, periodista y dirigente político. Detenido el 2 de agosto en Caracas.

7.- Deisy Peña, reportera gráfica. Detenida el 2 de agosto en el municipio Guaicaipuro, Miranda.

8.- Yousner Alvarado, reportero gráfico. Detenido el 29 de julio en Barinas, Barinas.

9.- Paul León, camarógrafo de VPItv y tesista de Comunicación Social. Detenido el 30 de julio en Valera, Trujillo.

Durante la precampaña y la campaña electoral

10.- Gabriel González, periodista. Detenido el 17 de junio en Caracas.

11.- Luis López, periodista. Detenido el 14 de junio en La Guaira.

12.- Calos Julio Rojas, periodista y activista político. Detenido el 15 de abril en Caracas.

Antes del proceso electoral

13.- Ramón Centeno, periodista. Detenido el 2 de febrero de 2021 en Caracas.

En la lista no está incluido el periodista y político Leocenis García (14), detenido el 11 de septiembre en el municipio Chacao, en Miranda, tras publicar un video en el que denunció el «fraude electoral» y la violación de la Constitución por parte del régimen socialista.

Abandonar Venezuela, ¿la última opción?

Elena Rodríguez dijo que, aunque nunca antes consideró abandonar el país, ni siquiera durante la crisis humanitaria y económica de 2016 y 2017, hoy esta opción gana peso.

 

 

Señaló que la preocupación de su madre por su seguridad la hizo replantearse la posibilidad de emigrar porque ella le pedía insistentemente que dejara Venezuela, temerosa de que su hija nunca pudiera ejercer en condiciones de tranquilidad.

“Pasó de ser una opción inexistente a ser algo que considero. Mi familia me insiste en irme, y aunque antes ni lo pensaba, hoy lo evalúo”, comentó.

La joven admitió que la seguridad es ahora una de sus mayores inquietudes y detalló que, a pesar de su compromiso con el país, ha llegado a la conclusión de que ningún trabajo justifica poner en riesgo su integridad o tranquilidad.

No obstante, expresó que aún siente que tiene una labor importante que cumplir: «Con miedo, pero también con convicción, creo que hay cosas que aún deben hacerse aquí».

Andrés Torres también lo ha pensado.

«He considerado abandonar Venezuela. La constante intimidación y amenazas han hecho que el trabajo sea muy  difícil y, en ocasiones, muy peligroso. Aunque amo mi país y quiero seguir informando, la seguridad personal y la de mi familia es una prioridad», manifestó.

 

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• Los nombres de Elena Rodríguez y Andrés Torres son ficticios para proteger la identidad y seguridad de los periodistas que brindaron su testimonio para este trabajo.

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