Fallo del TC reaviva pulso por Dominga: Andes Iron celebra y organizaciones medioambientales prometen resistencia

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que allanó el camino para el proyecto minero-portuario Dominga, diputadas oficialistas y organizaciones ambientales rechazaron contundentemente la resolución, apuntando que “ha destruido la institucionalidad ambiental del país”. El Gobierno evitó pronunciarse sobre el fondo –aunque respetó la decisión–, Andes Iron celebró el revés judicial y acusó al Ejecutivo de “vulnerar el Estado de Derecho”. La polémica reavivó el debate entre desarrollo económico y protección ambiental, con más de 50 parlamentarios advirtiendo que persistirán en su oposición al proyecto.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental en contra del Primer Tribunal Ambiental, a quien acusó de invadir las atribuciones del Comité de Ministros. 

Recordemos que el pasado 23 de marzo, el Ejecutivo recurrió al TC tras el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, el cual ordenó el pasado 17 de febrero a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva resolución sobre el proyecto, y dar cumplimiento incidental de la sentencia dictada en diciembre pasado.

Cabe precisar que el 9 de diciembre de 2024, el 1TA acogió de forma unánime la reclamación presentada por Andes Iron en contra de la resolución adoptada en 2023 por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente el proyecto minero Dominga.

En concreto, la sentencia determinó que la instancia no respetó los principios de imparcialidad y confianza legítima al incluir ministros y ministras que habían manifestado opiniones previas sobre el proyecto sin inhabilitarse.

Tras la sentencia del 1TA, los secretarios de Estado se inhabilitaron. El 8 de enero y en un nuevo Comité de Ministros, presidido por la cartera de Medio Ambiente e integrado por los respectivos subrogantes de Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura, se rechazó de forma unánime el proyecto.

No obstante, y en una resolución emanada el 11 de marzo, el 1TA afirmó que “el Comité de Ministros, en cumplimiento de una sentencia definitiva que causa ejecutoria, dictó un acto de reemplazo que excedió las expresas instrucciones entregadas por este tribunal”. Además, en el fallo se establece que “las potestades del Comité de Ministros ya fueron ejercidas y se encuentran agotadas“.

Tras rechazar la contienda, el Tribunal Constitucional ordenó levantar la suspensión del procedimiento administrativo del proyecto Dominga. Asimismo, enfatizó que cualquier impugnación sobre el fondo debe ventilarse en tribunales ordinarios mediante los recursos pertinentes. 

La resolución elimina el último obstáculo jurisdiccional para el proyecto Dominga y permite a Andes Iron continuar el proceso de evaluación ambiental conforme a lo ordenado por el 1TA en diciembre de 2024.

Con el fallo, el Comité de Ministros debería votar nuevamente el proyecto con sus miembros titulares, encabezados por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien es parte de la instancia ministerial, fue abordado por los medios de comunicación para saber cuál es la visión del Ejecutivo ante este revés. Sin embargo, evitó referirse al fallo y sostuvo que la cartera liderada por la ministra Maisa Rojas entregaría la postura del Ejecutivo.

Precisamente, a través de un comunicado público, el Ministerio de Medio Ambiente se refirió al fallo del Tribunal Constitucional, señalando que respetan la decisión del organismo de no acoger la solicitud que “buscaba resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros como instancia conformada por secretarios de Estado para resolver reclamaciones durante la evaluación ambiental”.

Además, la cartera liderada por la ministra Rojas manifestó su respeto por la institucionalidad y reiteraron que actuaron conforme al Estado de Derecho al presentar este requerimiento. A su vez, afirmaron que analizarán “los alcances del texto y las acciones a seguir, considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales“.

“Continuaremos trabajando decididamente para proteger la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los chilenos y chilenas, e impulsando un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el medioambiente”, finaliza la declaración.

En conversación con CNN Chile, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, profundizó en la posición del Ejecutivo tras el fallo: “Es un paso más en un proceso donde la interpretación de la institucionalidad de las normas ha sido esencial. Aquí hay una institucionalidad funcionando, hay una diferencia de opinión respecto a la institución de las normas y cuando esas diferencias ocurren, lo que se hace es acudir a tribunales que son quienes tienen las competencias”.

“Por lo tanto, no lo evaluamos para bien o para mal, sino que es parte de un proceso y lo que como Gobierno nos corresponde es ser muy respetuosos de esas decisiones“, cerró.

Desde Andes Iron, mediante una declaración pública, celebraron el fallo del TC y llamaron al Gobierno a poner “fin a los intentos por dilatar el avance del proyecto Dominga, tras el rechazo de la contienda de competencias presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ante el Tribunal Constitucional”.

En esa línea, la compañía minera sostuvo que “este tipo de actuaciones, que vulneran principios básicos del Estado de Derecho, no pueden seguir condicionando el desarrollo de un proceso que ha sido evaluado y respaldado rigurosamente“.

“También consideramos que destinar recursos del Estado para intentar bloquear un proyecto de inversión validado por los Tribunales Ambientales contradice el principio de igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. Persistir en el desacato a sentencias judiciales por parte del Gobierno vulnera flagrantemente mandatos constitucionales”, afirmaron.

Andes Iron detalló que el proyecto Dominga demostró en todas las instancias su cumplimiento con la normativa ambiental: “En 2017, el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del SEA recomendó su aprobación. Posteriormente, el Primer Tribunal Ambiental ratificó esta conclusión en tres fallos sucesivos. En mayo pasado, el SEA de la Región de Coquimbo restableció oficialmente su calificación como Aprobado”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del proyecto Dominga en estricto respeto a la institucionalidad, con una visión de sostenibilidad orientada a generar progreso para las postergadas comunidades locales y contribuir a resolver desafíos como el acceso al agua en una zona históricamente afectada por la escasez hídrica”, cerró el comunicado de Andes Iron.

La ofensiva parlamentaria en contra de Dominga

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Nathalie Castillo (PC), lamentó la sentencia del TC. Sin embargo, manifestó que se encuentran “pendientes del fallo de la Corte Suprema. Ya hemos advertido que nos preocupa su redacción”.

Recordemos que el pasado 19 de mayo, la Corte Suprema dejó “en acuerdo” el recurso de casación presentado por el Ejecutivo en contra el Primer Tribunal Ambiental.

La Tercera Sala del máximo tribunal de justicia del país dejó al ministro Jean Pierre Matus a cargo de la redacción. Esta decisión provocó que el SEA, en representación del Comité de Ministros, presentara una solicitud de nulidad ante la Corte Suprema por la participación de Matus en el proceso.

El documento de nulidad detalla que el propio ministro Matus declaró una inhabilidad conforme al artículo 196 N°14 del Código de Procedimiento Civil debido a su relación con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien tiene vínculos con Andes Airon.

Castillo destacó que, junto a más de 50 parlamentarios, se encuentran dispuestos a “defender el archipiélago de Humboldt, la biodiversidad y las actividades económicas locales que se desarrollan en la zona. El progreso no puede ser a costa de cualquier precio, de cualquier costo”. “Andes Airon debe comprender que debe dar de baja su proyecto con este largo historial y nefasto, por cierto, de corrupción”, cerró la parlamentaria de la Región de Coquimbo.

De la misma manera, través de una declaración pública, 53 diputadas y diputados manifestaron su profundo rechazo al avance del proyecto minero Dominga, al que acusan de amenazar gravemente la biodiversidad del país, debilitar la confianza en las instituciones y estar vinculado a algunos de los mayores escándalos de corrupción en Chile.

“El proyecto Dominga es pan para hoy para los poderosos, y hambre para mañana para la biodiversidad y la democracia“, señalaron las y los firmantes de la declaración.

La declaración recuerda que el proyecto ha sido rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, respaldado por informes técnicos de CONAF y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que advierten que Dominga subestima sus impactos y presenta serias deficiencias. 

Sumado a lo anterior, denuncian que Dominga está vinculado a algunos de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas, como el caso Penta, los Pandora Papers y el caso Hermosilla. Este último, responsable de provocar la salida del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, y de abrir investigaciones por redes de tráfico de influencias con el exfiscal Manuel Guerra como protagonista.

“Lo que está en juego es mucho más que un proyecto minero. Es el tipo de país que queremos ser. Uno donde el dinero imponga su ley, o uno donde el futuro y el interés público estén por sobre todo lo demás”, concluyeron.

En diálogo con nuestro medio, la parlamentaria Carolina Tello (FA), enfatizó que el proyecto Dominga “no está aprobado”. “La sentencia del Tribunal Constitucional no significa un respaldo al fondo del proyecto, sino que resuelve una disputa jurídica entre el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Aún quedan procesos judiciales pendientes y es el Tribunal Ambiental de Santiago el que ahora lleva la causa en reemplazo del tribunal original“, afirmó.

La parlamentaria manifestó su preocupación respecto a que “algunos sectores están aprovechando esta sentencia para instalar la idea de que Dominga ya está lista para avanzar, cuando eso no es cierto“.

“Aún quedan instancias como por ejemplo la resolución de la Corte Suprema respecto del recurso de casación y así varias otras instancias. Me parece que hay que aclarar este tema para evitar fake news, noticias falsas o información imprecisa, ya que eso solo contribuye a la confusión de la ciudadanía”, cerró la diputada.

La Alianza de Humboldt crítico el fallo del TC

Como una “decisión que pone nuevamente en tela de juicio el funcionamiento de la institucionalidad ambiental”, calificaron desde las organizaciones locales y de la sociedad civil que conforman la Alianza Humboldt, el fallo dado a conocer por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional. 

“El proyecto Dominga destruyó el tejido social de La Higuera al dividir a la comunidad; pretende destruir uno de los ecosistemas más ricos y únicos del mundo, junto a los empleos que actualmente se desarrollan en el lugar; y ahora, ha destruido la institucionalidad ambiental del país”, afirmó Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Otro de los puntos fuertemente criticados por los entendidos en la materia es cómo el caso judicial de Dominga ha ignorado a la ciencia, y enfatizan que las sentencias se han escudado en tecnicismos administrativos, sin abordar jamás la arista ambiental.

Para Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, esto se explica porque “la justicia ambiental está hecha a la medida de la industria, sin considerar el conocimiento científico de la zona, la protección del medio ambiente y la voz de las comunidades locales”. La directora de la organización de conservación marina subrayó que: “Con el Archipiélago Humboldt no permitiremos que se repita la historia de proyectos como Celco o Pascua Lama, donde la ciencia fue ignorada y se generaron daños irreparables e irreversibles en el medio ambiente”.

Desde el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), su presidenta, Carolina Bahamondes, indicó que: “No haremos oídos sordos a la corrupción ni a la desidia, aquí hay suficiente ciencia para respaldar el rechazo definitivo de este proyecto, no vamos a permitir que Dominga se instale en nuestra comuna, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, levantando la voz ante la injusticia”.

Por su parte, desde Alianza Humboldt Atacama Coquimbo, Nancy Duman, vocera de la agrupación, aseveró que: “Entendemos que el Tribunal Constitucional no tiene competencias para resolver esta controversia, no es una luz verde para el proyecto Dominga, ya que aún existen procesos judiciales en curso”.

Así, Duman agregó que “este es un proyecto que no cumple con la normativa, está viciado por sus impactos irreversibles y hacemos un llamado a las organizaciones, a la academia y a la sociedad civil a estar alertas porque de llegar a aprobarse este proyecto sería una vergüenza para el país”.

Roxana Núñez, vocera legal de Greenpeace Chile, sostuvo que “casi doce años después del inicio de su tramitación, Dominga sigue sin jugar limpio. Por el contrario, ha optado por ejercer presión indebida sobre los organismos del Estado y forzar su avance de manera irregular en tribunales, en lugar de resolver sus múltiples carencias técnicas, las que provocarán un daño ambiental irreparable en la zona”.

En ese sentido, Núñez hizo hincapié en que “el historial de este proyecto refleja las malas prácticas empresariales, que representan una profunda amenaza para la legitimidad de nuestra institucionalidad ambiental y el futuro en la protección de nuestros ecosistemas”.