No rebaten las premisas, pero sí la conclusión

El pasado domingo 1 de junio, se llevaron a cabo en México las llamadas elecciones judiciales. Apenas cinco días después, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar —pero muy completo— sobre dichos comicios, informe caracterizado por su meticulosidad, profesionalismo y objetividad, toda vez que cuanto afirma u opina lo hace debidamente sustentado.

Invitada por el INE, fue esta la octava elección que una Misión de la OEA observa en nuestro país. En esta ocasión estuvo integrada por 16 expertos en la materia, 7 mujeres y 9 hombres de diez nacionalidades, encabezada por el político chileno de izquierda Heraldo Muñoz, excanciller de ese país.

Para llevar a cabo su encomienda, la MOE contó con el apoyo financiero de Canadá, Colombia, Corea, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana. Sus integrantes, quienes llegaron a México a partir del 24 de mayo, realizaron numerosas entrevistas con actores relacionados con las citadas elecciones judiciales.

Imposible dar cuenta aquí, así sea de manera resumida, de los pormenores incluidos en el minucioso informe preliminar de la MOE, contenidos en 37 apretadas cuartillas. Pero sí de algunas de sus observaciones más relevantes:

“Ninguno de las y los candidatos (a ministros, magistrados y jueces) que finalmente —dice— fueron incluidos en las papeletas atravesó (es decir, aprobó) una evaluación de conocimientos jurídicos exhaustivos, tal como es habitual en un concurso de oposición”. “En consecuencia, no hay garantías de que quienes resulten electos tengan solvencia técnica, idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren” (p.18).

Señala que “determinados aspectos de la elección no quedaron regulados en la legislación”, por lo que el Consejo General del INE se vio en la necesidad de “emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de los comicios. De esta manera, con el proceso ya en marcha, el INE emitió 308 acuerdos para cubrir los vacíos de la normativa, definición de criterios y normas en temas sustanciales” (p. 21).

“La Misión constató que, en los últimos días de la campaña, se multiplicaron las denuncias en los medios de comunicación por el supuesto reparto de ‘acordeones’, listados de candidatos a votar que los partidos y estructuras de gobiernos locales estarían repartiendo entre los electores”.

Y sobre la distribución masiva de esos acordeones, que “podrían constituir propaganda no permitida y potencialmente un intento de coacción al voto del elector”, la MOE “reprueba estas prácticas y se mantiene atenta a las investigaciones que deben llevar adelante las autoridades competentes” (p. 9).

“La Misión observó también que —al igual que en anteriores oportunidades— la Sala Superior del TEPJF operó durante el proceso electoral con una conformación prorrogada e incompleta, producto de que los magistrados que culminaron su mandato en 2023 no han sido reemplazados por el Senado. En 2024, la Misión de la OEA ya había advertido sobre la necesidad de cubrir estas vacantes” (p. 10).

“A diferencia de como históricamente ha ocurrido en México, en esta ocasión el conteo de votos por candidaturas no se desarrolló directamente en las casillas”. También da cuenta que las boletas sobrantes no utilizadas no fueron canceladas (p. 34).

Dice la Misión que “observó con preocupación el bajo nivel de participación ciudadana”, que fue de aproximadamente 13%, “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados” (p. 2).

El informe concluye con cinco recomendaciones, más bien de orden técnico, y un par de consideraciones finales. La última dice así:

“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

“Dicho lo anterior, la Misión —dice— no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.

Lo cual molestó sobremanera al oficialismo mexicano. Que en lugar de rebatir las premisas, se niega a admitir la conclusión. ¡Vaya, pues!