Ni buena infraestructura digital, ni buena arquitectura jurídica, ni buenos marcos de gestión. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez, se excusaba el pasado miércoles en una comparecencia extraordinaria en el Parlament alegando que las graves irregularidades detectadas en la concesión de ayudas y subvenciones en Cataluña en los últimos años no van a poder solucionarse hasta que la administración autonómica se dote de un sistema informático que evite precisamente esos errores. Unos fallos que, únicamente entre 2016 y 2024, están en el origen de 167,56 millones de euros concedidos de forma indebida, según recoge un informe de la Sindicatura de Cuentas que fiscaliza la actividad económica de la Consejería de Derechos Sociales....
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