Buscan la nulidad
Nada mejor que montar el numerito en la OTAN para tapar lo que no puede. Lo de Begoña Gómez estuvo en el origen de todo y sigue vivo, por mucho que quieran transformarlo en «caso Peinado». Cierto que el juez no ayuda con su desorden sintáctico y la escasa revisión ortográfica de los textos de sus autos. Pero el fondo de la cuestión, que es lo verdaderamente importante, emerge con claridad. Begoña no debió mezclar nunca su actividad profesional legítima, a la que tiene todo el derecho del mundo, con el uso de los medios y el personal del que podía disponer por razón de su connubio. Medios y personal que no eran de su empresa, sino del entramado de La Moncloa. Pero como parecía fácil utilizarlos, puesto que estaban ahí, los usó no para la actividad inherente a la esposa del presidente del Gobierno, que es lo que correspondía, sino para sus tareas empresariales personales.
Ahí está el problema. Peinado puede ser más o menos ortodoxo en la redacción de sus autos, pero que aquí hay un mundo entero de actividades injustificables, parece evidente. Claro que si el procedimiento no es exquisito en modo y forma, se puede dar munición a quienes están acumulando errores procesales para pedir la nulidad. Bien por defecto de presentación o por incumplimiento de las garantías procesales. De ahí la relevancia que tiene que la Justicia, y con ella la UCO como policía judicial, haga su trabajo de manera irreprochable. Siempre habrá errores, es evidente. Nadie puede asegurar que en su actividad diaria no se pueda equivocar alguna vez. Por eso mismo es tan fundamental que jueces y policías extremen la pulcritud, pues hay una legión de asesores esperando el más mínimo error para tumbar el caso. Este de Begoña y el del hermanísimo, el del fiscalísimo y los de los exsecretarios Cerdán y Ábalos.El objetivo, en último término, es la nulidad, sabiendo como saben que tienen siempre la garantía de que el Tribunal Constitucional de Pumpido les va a apoyar, como ocurrió con el escándalo de los ERE, o ayer mismo con el blanqueo de la amnistía.
¿Alguien tenía duda de que la Ley de Amnistía iba a ser declarada constitucional? Nadie. Pues igual sucede con la presunción de que los pumpidos harán cuanto esté en sus manos para ayudar a encalar los escándalos del pedrismo. Sólo hay que esperar. La legión bolaña está mirando hasta las comas. De ahí la exigencia extrema de rigor a la Justicia. De ahí la importancia de que la Audiencia de Madrid haya apreciado en la actuación de Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa que colaboraba con Begoña Gómez en sus actividades profesionales personales, una «clara desviación» de su trabajo en beneficio de los «intereses privados» de la esposa del presidente. Es verdad que anula su declaración como testigo, pero manteniéndole la condición de imputada, al considerar que, al margen de su testifical, hay indicios más que sobrados para involucrarla por connivencia en el tráfico de influencias que se está investigando. Por ejemplo, en la renovación del patrocinio de la cátedra que codirigía Begoña en la Complutense, o acompañando a la esposa del presidente en reuniones relacionadas solo con su actividad profesional privada. Ergo, si se utilizó a una empleada pública, pagada por todos nosotros, para una actuación que nada tienen que ver con la labor de la Presidencia del Gobierno, estaríamos ante un presunto caso de «desviación de recursos públicos en favor de intereses personales», beneficiándose, para más inri, de la «indudable influencia» que otorga el hecho de ir protegida bajo el paraguas que otorga toda una Presidencia del Gobierno. Claro no, lo siguiente.