El nuevo censo oficial del lobo arroja que en España hay 333 manadas, un 12 por ciento más (36) que las 297 del anterior recuento hace diez años. Se trata de un «aumento poblacional» en el área de distribución, como reconocía ayer el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que aún así considera que la evolución del 'canis lupus signatus' es «desfavorable» , lo que desencadenó ayer un nuevo choque con las comunidades. Especialmente con los territorios loberos, los que ya en 2021 se pusieron de uñas contra la decisión del Ejecutivo central de incluir al depredador en el Lespre (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial). Aseguraban entonces que les arrebataba sus «competencias» para la gestión del cánido y, por lo tanto, las posibilidades de caza. Desde entonces los daños en la ganadería y los ataques del lobo han ido en aumento. El argumento del Gobierno es bien distinto: «Desgraciadamente estamos todavía lejos del objetivo de 500 manadas que la ciencia considera necesario para asegurar su viabilidad genética a largo plazo», aseguró ayer la ministra del ramo, Sara Aagesen , avanzando que desde su departamento se opondrán al anhelo de las autonomías de que vuelva a ser una especie cinegética, sometida a controles mediante cupos, como hasta septiembre de 2021 lo era en el norte del Duero. «Nosotros no vamos a aceptar ese informe», advirtió tajante el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León –el territorio con más manadas, 193–, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en contacto con otros territorios de «diferente» signo político. Por ejemplo, también Asturias, gobernada por el socialista Adrián Barbón, rechazó que la situación de la especie sea desfavorable, como plantea el Ministerio. La consejería de Medio Ambiente gallega, Ángeles Vázquez, cargó también ayer contra lo que considera una «sinrazón» por parte del Gobierno central ante la gestión del lobo. En Galicia las manadas se han incrementado de 84 a 93, por lo que la Xunta se opone a la inclusión como especie protegida. «Europa nos ha dado la razón», al bajar la protección de la especie insistió Vázquez desde una Comunidad en la que los ganaderos denuncian cada semana más de 40 ataques de lobos, informa Patricia Abet . El Gobierno «va a tratar por todos los medios de impedir que el lobo vuelva a ser gestionado por las comunidades autónomas», recriminó Suárez-Quiñones, para quien el estado del depredador «es evidentemente favorable», ante lo que el Gobierno se ha «sacado de la manga, de la chistera, como un juego de trilerismo, un informe con supuestos científicos» del que no saben su procedencia, ni está firmado «ni tiene aval científico». «Por tanto, no vamos a consentir más engaños, más fraudes», incidió a la vez que recordó que el escenario de juego actual presenta cambios respecto al que había cuando se envió a Europa el anterior censo sexenal en el que se hablaba de evolución «desfavorable» y también al que regía cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó incluir al cánido en el Lespre. En primer lugar, porque ahora, aunque el Ministerio de Aagesen avanzó que pretende comunicar a la Comisión que el lobo «continúa en situación desfavorable en España», uno de los cambios introducidos a través de la Ley de Desperdicio Alimentario obliga a ese documento que debe elevarse a la UE ha estar aprobado previamente en la Conferencia Sectorial también por las comunidades. En segundo lugar, porque los datos llegan justo después de la reciente aprobación por parte de la Unión Europea –tras haberlo hecho más de 50 países en el convenio de Berna– de que el lobo pase de ser «estrictamente protegido» a «protegido» en el conjunto europeo. «Se resiste a cumplir la decisión europea, de las Cortes generales españoles y va a buscar subterfugios y manipulaciones», censuró el consejero castellano y leonés. Por el momento, lo cierto es que todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre el estado de la especie ni las autonomías tienen vía libre para actuar sobre el lobo. El análisis se cayó ayer del orden del día de la reunión mantenida en el Ministerio, en un tono «bronco», según definieron desde el departamento de Aagesen, después de que hasta once autonomías pidieran retirar ese debate, pues habían recibido los datos la tarde-noche anterior sin tiempo para el análisis y con una nota de presa de balance, que lejos de ser la «consensuada» que se prometió, únicamente la firmó el Ministerio. La próxima cita será el 11 de julio. Así que el estatus del cánido sigue siendo el mismo, aunque al haber salido del Lespre a través de la Ley de Desperdicio alimentario, las comunidades sí pueden realizar « extracciones» de ejemplares conflictivos al norte del Duero . Precisamente, el Gobierno incidió ayer en que haber elevado la protección estos años del cánido ha contribuido a su mejora poblacional. Sospechan que las comunidades plantean abatir unos cien ejemplares. Sería el equivalente, señalaron a Ep, de unas 20 manadas –a una media de entre 4,5 y 6,5 ejemplares por grupo–, lo que dejaría la situación en el mismo nivel que en 2019, señalaron, aunque en ese cálculo no se tienen en cuenta los nuevos lobeznos. Según los datos hechos públicos ayer, Castilla y León (193), Galicia (93), Asturias (45) y Cantabria (23) son las comunidades con más lobos. Aunque también se ha detectado por primera vez una manada en la comunidad de Extremadura.
