La octava manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales y daños multimillonarios en la provincia de Valencia , reclamará «verdad», «justicia» y un «trato digno» a los afectados. La protesta provocará calles cortadas y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad Convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano, la manifestación se celebrará el domingo 29 de junio, a las 19:30 horas , desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la de la Virgen. El recorrido seguirá por calle San Vicente, Plaza de la Reina, Brodadors y Micalet. «Volvemos a salir a la calle con un lema 'Mazón, dimisión', pero con muchas razones. Ocho meses después de la barrancada no hay reconstrucción y no se ha asumido ninguna responsabilidad por la nefasta gestión de la catástrofe climática del 29 de octubre», señala la organización en un comunicado, en el que lamenta que «lo que sí que hay es negocio: mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción». Para los convocantes, «no se puede mantener en el cargo un presidente incapaz que, en vez de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocarán a la repetición de la tragedia para beneficio de unos pocos». La organización enumera que, según datos de FAMPA-Valencia , hasta el momento, son ocho los centros educativos pendientes de derruir y 15 donde todavía se tiene que reconstruir parte de la infraestructura. Asimismo, hay 88 colegios que han retomado la actividad a pesar de todavía no se han recuperado de las consecuencias sufridas por la dana. «Un barracón no es una escuela y no se puede dejar atrás la educación cuando se habla de reconstrucción . Las soluciones provisionales otorgadas tratan de imponer una normalidad que no existe», critican y añaden que servicios básicos como el transporte escolar y los servicios médicos «tampoco han sido restablecidos completamente, un hecho especialmente grave por los problemas de salud y pobreza provocada por la negligente gestión de la barrancada». Además, citan que, ocho meses después de la dana, 3.500 familias todavía siguen siendo atendidas por los once puntos de reparto de productos de primera necesidad no institucionales de la zona cero; que miles de garajes y viviendas continúan en condiciones «deplorables» y que personas con movilidad reducida continúan sin poder salir a las calles porque permanecen sin ascensores. «Y alrededor de 20.000 trabajadoras y trabajadores en ERTE que tienen como único apoyo las redes de solidaridad que surgieron con esta catástrofe y que se mantienen activas ante el desinterés y el abandono institucional», apuntan. Por estos motivos, hacen un llamamiento a la manifestación «para reclamar un trato digno para las personas afectadas, verdad y justicia»; exigen comisiones de investigación con la participación «directa y real» de la ciudadanía, tanto en el Parlamento español como en Les Corts «para saber toda la verdad».
