Manifestación de jueces y fiscales contra la 'ley Bolaños', en directo: última hora desde el Tribunal Supremo
España se enfrenta a una nueva huelga judicial de alcance nacional convocada para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Gobierno que afectan directamente a la carrera judicial y fiscal.
La protesta ha sido organizada por las principales asociaciones del sector: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Estas organizaciones consideran que las reformas en cuestión podrían comprometer la independencia judicial y el equilibrio de poderes en el sistema institucional español. La convocatoria incluye además una concentración de protesta el próximo 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo, en lo que se anticipa como un fuerte gesto simbólico.
Las reformas que han encendido la chispa
La huelga responde al rechazo de dos iniciativas clave en materia judicial:
Reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal: se plantea la modificación de los actuales procesos de selección, lo que —según las asociaciones— podría abrir la puerta a criterios más subjetivos o politizados, debilitando el principio de mérito y capacidad.
Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: la reforma fortalece la figura del fiscal general del Estado, un cargo que sigue siendo de designación directa por parte del Gobierno, lo que, a juicio de los convocantes, aumenta el riesgo de control político sobre el Ministerio Público.
En ambos casos, los jueces y fiscales consideran que el contenido de las reformas representa un ataque directo a la imparcialidad del sistema judicial y alertan de una “politización encubierta” que podría poner en entredicho la confianza ciudadana en la Justicia.