La policía registra la sede del partido de Le Pen
El calvario judicial que enfrenta Marine Le Pen en Francia tuvo el miércoles un nuevo episodio en forma de registro. Una veintena de policías armados de la Brigada financiera y dos jueces de instrucción entraron en la sede de la Agrupación Nacional en búsqueda de pruebas sobre la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2022 (elecciones presidenciales) y 2024 (europeas y legislativas) del primer partido de la oposición en Francia en el marco de una investigación judicial abierta el año pasado tras una denuncia de la Comisión Nacional de Cuentas de campaña y financiamiento político. La justicia sospecha de préstamos concedidos por ricos militantes al partido y a sus candidatos en los últimos años y también de facturas supuestamente infladas para aumentar el reembolso estatal al partido de Le Pen.
Jordan Bardella, presidente de la formación y delfín de Le Pen, lamentó que se realice una operación «espectacular y sin precedentes» y señaló que es «una nueva operación de acoso». «Es un ataque grave al pluralismo y a la alternancia democrática», sentenció en la red social X precisando que los registros también incluyeron las oficinas de los dirigentes y algunos domicilios.
En total, están bajo sospecha alrededor de un centenar de préstamos, contraídos por 83 candidatos durante distintas campañas de los últimos años, por un monto total que supera los dos millones de euros. Cinco de ellos serían por más de 75.000 euros. Aunque este tipo de financiación es legal, está estrictamente regulada por el código electoral. Los préstamos deben devolverse en un plazo máximo –de 18 meses a 5 años, según el tipo de interés– y no pueden realizarse de manera «habitual». Lo cierto es que el RN concentra una mayoría abrumadora de este tipo de préstamos. Tomando como ejemplo 2021, el partido de Le Pen recibió 613 préstamos de un total de 764 para todos los partidos en Francia. La Fiscalía ha precisado que la investigación debe determinar ahora si las campañas se financiaron con «préstamos ilegales de particulares» y si se facturaron al Estado «sobrecostos o servicios ficticios».
Esta investigación añade aún más incertidumbre al futuro político de Marine Le Pen ya que se suma a la condena que recibió el pasado 31 de marzo en un tribunal de París por desvío de 4,2 millones de fondos europeos para pagar asistentes que jamás trabajaron para la Eurocámara. Le Pen fue condenada a cuatro años de cárcel, dos de ellos en firme, aunque podría cumplirlos en arresto domiciliario con un brazalete electrónico, y a cinco años de inhabilitación para cargo público, de aplicación inmediata. Ello supone que Le Pen podría estar imposibilitada para presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027, salvo que salga victoriosa en el proceso de apelación, previsto para 2026. Pero por si esta situación no fuese lo suficientemente complicada para la líder de ultraderecha, el miércoles se completó con otra bofetada para Le Pen. El Tribunal europeo de Derechos Humanos declinó por unanimidad el recurso sobre la aplicación inmediata de su ilegibilidad que había presentado Le Pen en dicha instancia. La corte estima que «la existencia de un riesgo inminente de carácter irreparable sobre un derecho protegido por la Convención no ha sido establecido». Un nuevo revés desde Estrasburgo.
A este incierto panorama se ha sumado un informe del Parlamento europeo revelado la semana pasada que acusa al grupo que integra el Reagrupamiento Nacional y sus aliados europeos de haber gastado «indebidamente» un crédito de 4,3 millones de euros que se les concedió entre 2019 y 2024 para su funcionamiento político. Según este documento, revelado en Francia por Le Monde, el monto habría terminado en dos sociedades de dos allegados a Le Pen, su exconsejero, Frédéric Chatillon, y su esposa, Sighild Blanc.
Este complicado camino judicial para la líder ultraderechista aparece cuando más poder acumula respecto al futuro inmediato de Francia. La negativa de Le Pen a secundar una moción de censura de la izquierda la semana pasada permitió al gobierno de François Bayrou seguir adelante, al menos, hasta que se voten las cuentas de 2026 el próximo otoño, algo que se presenta como una prueba de fuego mayor para el actual primer ministro. Con 143 escaños, la formación de Marine Le Pen tiene la llave para hacer caer al Gobierno aunque su posición de fuerza parece cada vez más enturbiada por su manejo de fondos europeos y su condena judicial.