El Estado tiene previsto abonar este mes a las comunidades autónomas 9.952 millones de euros en concepto de atrasos de las entregas a cuenta de 2025, actualizadas tras la convalidación esta semana en el Congreso del real decreto ley que aprobó el Gobierno hace algo más de un mes. Castilla-La Mancha verá incrementados sus ingresos procedentes del Estado en concepto de entregas a cuenta un 8,88 por ciento respecto a 2024, una subida moderada si se compara con la media nacional situada en un 9,47 por ciento y con comunidades como la Valenciana o Cataluña, que superan el 10 por ciento de crecimiento. Esta mejora se traduce en varios millones de euros adicionales para las arcas de la Junta, como parte del paquete global de 9.952 millones que el Ministerio de Hacienda transferirá este mes a las comunidades autónomas como atrasos de enero a junio de 2025, además de otros 11.692 millones por la liquidación de 2023, que también llegarán antes de que acabe julio. Para Castilla-La Mancha, la liquidación de 2023 supone una inyección importante de 300,34 millones de euros , más lo correspondiente a las entrega a cuenta actualizadas en línea con el 8,88 por ciento de la subida anunciada. Aunque la cifra es positiva, Castilla-La Mancha se encuentra en la parte baja del ranking de crecimiento de ingresos por este concepto. Comunidades como la Comunidad Valenciana (10,43 por ciento), Cataluña (10,18 por ciento) o Murcia (9,75 por ciento) experimentan crecimientos más altos, en parte por sus características demográficas, necesidades estructurales o volumen de recaudación fiscal. Además, si se amplía la mirada a los últimos diez años (2015–2025), Castilla-La Mancha ha aumentado sus entregas a cuenta un 63,78 por ciento , por debajo de la media nacional del 74,46 por ciento. Es un dato que refleja el crecimiento económico más moderado de la región en comparación con autonomías como Canarias (148,77 por ciento) o Baleares (97,26 por ciento). Las entregas a cuenta son anticipos mensuales que el Estado abona a las comunidades autónomas, estimando la recaudación de impuestos como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales . También incluyen fondos de garantía y suficiencia. Estas partidas permiten a los gobiernos regionales disponer de liquidez para financiar servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras. Las 15 comunidades de régimen común y las dos ciudades autónomas recibirán así este año unos ingresos totales del Estado por entregas a cuenta de 147.412 millones de euros , un 9,47 por ciento más que el pasado ejercicio. Si se comparan con la cifra de hace 10 años, al inicio de la recuperación económica tras la crisis financiera, las comunidades reciben ahora 62.917 millones más , un 74,46 por ciento, que los 84.494 millones de 2015. Este incremento de fondos llega en un momento clave para Castilla-La Mancha , que sigue enfrentando retos estructurales como la despoblación rural, el envejecimiento de la población o la necesidad de mejorar infraestructuras en comarcas menos favorecidas. El reparto actualizado abre la puerta a reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación y la asistencia social, como viene desarrollando el Gobierno autonómico en la última década.
