Las carreteras españolas, en estado de ruina
España ha sido testigo en los últimos años de un preocupante deterioro de sus infraestructuras públicas debido a la caída de la inversión en su mantenimiento por parte de la Administración. Una dejadez que resulta especialmente visible y peligrosa en el asfalto de la red viaria nacional. Y es que el estado de las carreteras españolas se encuentra en el peor momento de los últimos lustros, precisamente por la falta de recursos para proceder a su reparación. Y como muestra, un botón. Según el cálculo del estudio al respecto realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), la reparación de las carreteras deterioradas tanto en las gestionadas por el Estado, como las que pertenecen a las comunidades autónomas y las diputaciones forales tendrá un coste de, al menos, 13.491 millones de euros. Una situación a la que la actual Administración y, concretamente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuyo titular es Óscar Puente, no busca un solución eficaz. La única medida que se le ha ocurrido al titular de esta cartera ha sido la de crear una nueva señal que anuncia que el firme de la calzada está en mal estado. Se puede ver en vías convencionales, pero también, cada vez más, en la red de alta capacidad. Una iniciativa que, a todas luces, resulta insuficiente, puesto que el mal estado de los firmes no parece que se pueda revertir por el simple hecho de instalar estos carteles de advertencia en las maltrechas carreteras.
El deterioro en los tres últimos años se ha incrementado exponencialmente: de los 13.000 kilómetros que en 2022 presentaban deterioros muy graves en el pavimento, se ha pasado a un total de 34.000 en 2025. Cerca del triple. Son, en concreto, 33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, debiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo), como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras). Asimismo, se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como «graves».
El estudio de la Asociación Española de la Carretera concluye que en un plazo de cuatro años sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente.
La falta de atención a la conservación de las carreteras ha generado un déficit de 13.491 millones de euros, cantidad que ha sido calculada considerando la subida experimentada por los precios de las materias primas, energía y personal, a fin de ofrecer una imagen lo más próxima posible a la realidad actual. Así, a los 9.453 millones que en 2022 se estimaban necesarios para abordar las carencias del pavimento en las mallas gestionadas por las administraciones central, autonómica y foral, se suman ahora otros 4.038 millones. De este incremento, el 20% corresponde a la subida del IPC del último trienio, siendo el 23% restante atribuible al propio deterioro de la infraestructura.
Record de crecimiento
La cifra del coste de la actual situación bate récords, y su crecimiento también: 42,71% más que en 2022, fecha de la última inspección. Las cantidades se reparten como sigue: 4.721 millones de euros para la Red del Estado (un 53% más que en 2022) y 8.770 millones de euros para la Red Autonómica y Foral (un 37,63% más que en 2022). El total son 26.400 kilómetros los que suma en total la Red del Estado y 75.300 kilómetros los que constituyen en su totalidad la Red Autonómica y de las Diputaciones Forales
Considerando estos datos, el estudio confirma que nuestras carreteras se han deteriorado estos tres últimos años a un ritmo del 8% anual. El Informe estima también las necesidades de inversión que la conservación viaria acumula y que se reparten, para las redes del Estado, Autonómica y Foral, como sigue: 4.721 millones de euros en las carreteras que gestiona el Estado, una malla que tiene una longitud de 26.000 kilómetros, y 8.770 millones de euros en las que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suman un total de 75.300 kilómetros.
El deterioro de red viaria de nuestro país puede representar la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras adecuadas conforme a las normas establecidas por la Unión Europea. La descarbonización del transporte, la reducción a la mitad del número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030, la repoblación de la España vacía o la introducción de movilidades automatizadas al ritmo exigido por los compromisos europeos pueden verse seriamente amenazadas si no se actúa de inmediato para revertir la situación actual.
Pero más allá de las grandes políticas, lo cierto es que la mala conservación de la red afecta también al ya maltrecho bolsillo de los conductores: circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. En los actuales meses de verano se calcula que el deterioro de las carreteras se traducirá en un sobregasto superior a los 270 millones de euros en combustible, considerando los más de 100 millones de desplazamientos de largo recurrido que, según ha anunciado la Dirección General de Tráfico, se van a registrar. Es decir, cuatro millones y medio más de sobrecoste en combustible al día.
Por otra parte hay que tener en cuenta otros factores negativos como por ejemplo que un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros. Considerando que los precios del transporte de mercancías se establecen en función del tiempo, el incremento de los costes asociado al aumento de los tiempos de viaje terminará repercutiendo en los precios del producto final en un 10% más, según cálculos de la AEC.
Tanto la AEC como otros organismos independientes como el RACE y asociaciones de automovilistas han reclamado repetidamente un sistema de financiación específico para garantizar una adecuada conservación del patrimonio viario. Este fondo habría de nutrirse de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, además de Fondos Europeos. Dinero no falta, ya que, según el último informe anual de Anfac, la asociación española de fabricantes e importadores de automóviles, los ingresos de la Hacienda española provenientes del sector del automóvil accedieron en el pasado ejercicio a un total de 39.838 millones de euros.
A la vista del análisis de la totalidad de las carreteras española se deduce que las aragonesas, castellano-manchegas y gallegas encabezan el «ranking de la mala conservación». El 68% de la red viaria aragonesa presenta deterioros graves en sus firmes, un 16% más que la media nacional y un 36% por encima de las carreteras de la Comunidad Valenciana, que se sitúan en el extremo menos malo de la serie. Por su parte, en Castilla-La Mancha y en Galicia, el porcentaje de red en estado grave alcanza el 59%.
Un estado preocupante de las carreteras que es un ejemplo más del mal momento por el que atraviesan los transportes en España. Urge una solución, que solo puede venir en forma de inversión y de asignación adecuada de recursos.