En octubre de 2021, el Gobierno de Austria lanzó la alarma sobre el riesgo de un apagón eléctrico de larga duración , pidiendo a la población que se preparase, acumulando alimentos, agua, equipos de alumbrado y radios. En Alemania existía una percepción similar de riesgo, suscitada varios años antes por el apagón de noviembre de 2006, que afectó a quince millones de personas en varios países como consecuencia de una maniobra errónea en la red alemana de E.On, que dio lugar a cortes en cascada. Alemania había experimentado otros apagones en los últimos años, y un cuasi apagón en febrero de 2021, por un incidente originado en Croacia que estuvo a punto de provocar otra caída en cadena de las redes en buena parte de Europa. Estos avisos encendieron la mecha de la preocupación y el asunto ocupó páginas de los medios en los últimos días del año, convirtiéndose en algo así como un 'trending topic'. Unos días más tarde, se supo que el Ministerio de Defensa español había alquilado cuatro generadores diésel para utilizarlos como reserva de emergencia para el hospital central de la Defensa, Gómez Ulla, con el objetivo de «contar con un suministro eléctrico de socorro, para el caso de que se produzca un fallo en el suministro ordinario de electricidad», lo que alimentó el temor de que la alarma difundida en Austria pudiera tener algún fundamento y ser aplicable a España. Pero no parece que se llevaran a cabo –ni entonces ni más tarde– análisis serios de los riesgos y de lo que habría que hacer para minimizarlos o eliminarlos. El Gobierno parecía estar convencido de que no había riesgos o prefería no entrar en análisis para aparecer como incompetente o ignorante acerca de la seguridad de suministro de la energía eléctrica. Después del apagón del pasado 28 de abril, se empezó a comprender la gravedad de lo ocurrido y se anunciaron varios informes: del ministerio, de la CNMC (aún pendiente), de Aelec (de alcance limitado), otros de Red Eléctrica y finalmente uno de Entso-E, quizá la organización más seria, con una visión más amplia, técnica e independiente. Aunque probablemente ninguna de ellas esté totalmente libre de las interferencias políticas. En cuanto a los hechos de abril de este año, publicados al menos en parte, la generación de energía de origen renovable, variable y no gestionable (eólica y fotovoltaica) alcanzó niveles altos; la fotovoltaica había superado –en las horas centrales del día– los 19.000 megavatios en numerosas fechas en las que la punta de demanda era del orden de 26.000, con lo que la fotovoltaica llegó al nivel del 72-75 por ciento; en los informes finales debería publicarse más detalle sobre las oscilaciones de frecuencia y tensión y sobre los procedimientos, las herramientas y los intentos de eliminar esas oscilaciones, de controlar la estabilidad de la generación fotovoltaica en algunos parques concretos, que se han mencionado como inestables, que llegaron a desconectarse del sistema, y se deberá exponer si el sistema disponía en todo momento de reserva con inercia adecuada en cantidad y calidad. Aquel 'trending topic' tuvo corta vida y la política apenas ha dedicado atención al riesgo de apagones. La operación del sistema siguió contando con un equipo bien formado, sin embargo, la complejidad del sistema en su integridad (generación y redes) fue incrementándose de forma notable, y los sucesivos gobiernos no dedicaron los recursos necesarios para mejorar el diseño del sistema y asegurar que el incremento de la capacidad renovable estaba bien dimensionado, diseñado y controlado para que el nivel de riesgo fuera coherente con la estructura de generación y manejable en todo momento. En otro terreno, desde hace siglos se sabía que el barranco del Poyo está seco casi siempre, pero alguna vez provocaba catástrofes tremendas, como ocurrió en octubre de 2024. No se había hecho lo necesario para prevenir los problemas. El apagón de abril ha hecho saltar las alarmas, así que, además de describir lo ocurrido, se debería analizar en detalle lo que se ha hecho mal o dejado de hacer. Conviene subrayar los temas que deben abordarse en los informes sobre el apagón: a) ¿Ha sido prioritario para el Gobierno poner en práctica una política peligrosa, con objetivos estrictamente políticos, en lugar de prestar atención a la realidad física del sistema y a la regulación técnica de la generación, de acuerdo con Red Eléctrica, para mantener el sistema eléctrico en las condiciones adecuadas de la seguridad de suministro? ¿O se trata sólo de no aparecer como culpable? b) Se deben proponer las recomendaciones concretas que sean necesarias para mantener la seguridad en niveles más que suficientes y la gestión de la generación renovable. c) ¿Por qué la CNMC no ha dedicado atención a las necesidades del sistema eléctrico, y en concreto, de lo solicitado por REE, hace ya varios años (actualización del P. O. 7.4), que la CNMC no abordó hasta unas pocas semanas después del apagón, con una diligencia que faltó durante años? Desde 2004 ha cambiado dramáticamente la estructura de la generación eléctrica: la capacidad de generación renovable no gestionable y variable sigue creciendo muy por encima de lo que parecía razonable. El Gobierno sigue creyendo que lo único importante es reducir emisiones e incrementar la generación renovable. Se han llevado a cabo inversiones cuantiosas, que no se han atribuido a los operadores de generación renovable, para que parezca que es barata, pero no es así. Se puede estimar que entre dos tercios y tres cuartos de lo invertido en la red de transporte son atribuibles a la necesidad de conectar la generación renovable al sistema (hemos pasado de unos pocos cientos de puntos de generación a decenas de miles), contribuyendo notablemente a incrementar el precio final de la electricidad. Se ha creado un déficit de planificación y optimización del diseño del sistema eléctrico, cuyos costes se han incrementado sustancialmente. El precio medio de la electricidad estaba en 2004 por debajo de los 36 euros el megavatio/hora. En lo que va de este año, el mínimo fue en abril (108,47) y el máximo en febrero (168,06). Lo más previsible es que la media anual acabará siendo superior a 140 euros. Lo cierto es que para tener un sistema eléctrico sólido y seguro y contener los costes en niveles lógicos y coherentes con la seguridad del suministro, lo prioritario, bastante olvidado hasta ahora, es el diseño y la regulación de la geografía y la topología del sistema, tanto de las tecnologías de generación –renovables o no– como de las redes, los costes totales y la seguridad del suministro, y en especial la utilización adecuada y segura de cada tecnología de generación. Todo ello dejando a un lado la ideología. Y responder a las cuestiones más importantes: ¿están bien definidas y ejercidas las competencias y obligaciones de las instituciones y de las empresas claves?, ¿tienen sentido las actuales políticas energéticas y el actual contexto ideológico?, ¿qué nos van a decir en los informes finales de unos y otros? Si no hay un debate público y a fondo sobre estas cuestiones, los riesgos no desaparecerán, sino que aumentarán.
