Parálisis legislativa en una legislatura infernal
España merece la pena aunque quienes les representamos no estemos a la altura cuando más falta hace que lo demostremos. Conflictos, votaciones estériles, palabras hirientes y relatos orientados a aniquilar al adversario sobran, la gran duda es si somos capaces de responder a los intereses, necesidades, horizonte y futuro de los españoles y si lo situamos como prioridad por encima de las prioridades partidarias.
Si hoy nos preguntan a la inmensa mayoría de los españoles, un gran número vamos a coincidir en que las estrategias electorales, los tacticismos dictados por gurús, los cálculos demoscópicos sobre lo que interesa para cada tribu y cómo reforzarse electoralmente entre los votantes de nuestro espectro deja de ser lo verdaderamente importante porque en su día a día no influye.
Todo ello me lleva a pensar si los representantes políticos estamos valorando lo que interesa a España y a los españoles porque en estos momentos sinceramente lo dudo. Quizás estamos olvidando que, seguramente, lo que intuimos electoralmente no coincide con lo que resulta necesario para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.
Un claro ejemplo ha sido lo acontecido esta semana en el Congreso de los Diputados, el colofón a un semestre parlamentario para olvidar. Acabó el periodo de sesiones como empezó, con crispación, insultos y el manido «y tú más», mientras las medidas para impedir que este país vuelva a quedar a oscuras como el pasado 28 de abril, eso ya si acaso quedó para otro día.
Los españoles esperan que sus representantes públicos defiendan sus intereses, aquello que les afecta, en cambio lo que perciben son que están a lo suyo. Que si es lo suyo es evidente que no es lo de todos.
Si como dice la oposición, mi partido no ha negociado con ellos para intentar alcanzar un acuerdo en beneficio de los españoles, es un error. Pero si no es cierto, como dice el Gobierno, hay una falta de compromiso con la gente por parte de quienes aspiran a gobernar España. Ya tendrá temas la oposición para ejercerla contra el Gobierno y no hacerlo a costa de perjudicar al tejido industrial, las empresas, los autónomos y las familias, y la factura que debe pagar.
Acabó el periodo de sesiones como empezó, con crispación, insultos y el manido «y tú más»
Sería una buena tarjeta de presentación que entendiese que su objetivo prioritario fuera la defensa de sus intereses como camino idóneo en la búsqueda de su confianza. De otros partidos cuyos intereses radican exclusivamente en egoísmos territoriales alejados de cualquier concepto de unidad y cohesión de España espero poco, y de esa izquierda que a la primera de cambio sucumbe a egoísmos excluyentes lejanos a la igualdad de oportunidades, también.
La derogación del decreto antiapagones, como popularmente ha sido denominado, supone un frenazo en seco a las medidas urgentes que buscaban reforzar la red eléctrica y prevenir nuevos episodios de inestabilidad. Técnicamente, deja en el aire inversiones críticas para modernizar infraestructuras, facilitar el despliegue renovable y proteger a la industria, justo en un momento en que la transición energética exige rapidez y coordinación.
Y todo esto nos sitúa en un Estado donde el sistema eléctrico, cada vez más renovable pero también más frágil, se enfrenta a un mayor riesgo de sobrecargas, tensiones mal gestionadas y posibles cortes futuros. Y en ese momento nadie se entonará el mea culpa.
Desde el punto de vista económico y político, el rechazo del decreto envía una señal de inseguridad regulatoria que puede ahuyentar inversiones clave y elevar costes para industrias que ya compiten en desventaja con sus pares europeos. Aunque las tarifas domésticas no se verán afectadas de forma inmediata, el retraso en la entrada de nuevas renovables y la menor estabilidad del sistema podrían traducirse a medio plazo en un precio más volátil para las familias. Más allá de los argumentos partidistas, la parálisis legislativa deja al país sin una hoja de ruta clara ante un problema real: garantizar que no vuelva a haber un apagón.
Y ante todo esto, yo me pregunto si los ciudadanos, los mismos que nos eligen cada cuatros años con la esperanza de un futuro mejor y de tener dirigentes políticos centrados en sus intereses colectivos y no personales, perdonarán tras esta legislatura infernal que quienes realmente pudieran pensar en ellos solo hayan penado en cualitativos y cuantitativos electorales que a saber si cuando llegue el momento realmente habrán sido útiles ahora alguien.
No puedo olvidar esas palabras de Mujica que martillean en mí, y que, pasado el tiempo, recobran más sentido: «La política es la lucha por la felicidad de la mayoría. No se trata de cargos, sino de servir». Ojalá eso en España no lo olvidásemos nunca y quizás en algún momento en lugar de apagar, encendiéramos las luces por nuestro pueblo.