Ángel Martínez en la frontera del abuso de poder
En las sociedades democráticas, los Estados están llamados a tutelar todas las garantías constitucionales de los ciudadanos, de manera que sean beneficiarios directos de gestiones oficiales fundamentadas en la dignidad de las personas, como consagra la Constitución política de República Dominicana.
No se trata de una tarea fácil en medio de un ajedrez político y social complejo. Lo dijo el economista y filósofo venezolano Moisés Naím, que en el siglo XXI es cuando el poder resulta más difícil de mantener.
El difícil arte de gobernar a una nación en el mundo de hoy exige de las autoridades gobernantes un ejercicio basado en la capacidad y la tolerancia para la implementación de políticas públicas que proporcionen bienestar colectivo a sus habitantes.
Actualmente a los gobiernos se les exige más el respeto a los derechos humanos y fundamentales; los reflectores, sobre todo porque las redes sociales y otras plataformas digitales están permanentemente en vigilancia. Pocas cosas pasan desapercibidas en la civilización del espectáculo, menos las que tocan los linderos de la política.
Durante los últimos años he visto actuaciones promovidas desde la esfera oficial que han traspasado las fronteras hasta dónde puede llegar teóricamente el poder sin caer en el abuso, tal los casos de la judicialización de la política.
A pesar de que estaban revestidos de la presunción de inocencia, decenas de ciudadanos han tenido que soportar no sólo presión, sino los vejámenes del espectáculo mediático promovido por el Ministerio Público y determinados jueces que han caído en desvergüenza de arrodillarse ante el Poder Ejecutivo.
Un caso extremo, sin embargo, lo constituye el de Ángel Martínez, un septuagenario acusado por actores privados y funcionarios gubernamentales de extorsión, difamación e injuria. Se trata de un crítico impertinente de la administración del presidente Luis Abinader que ha rebasado los límites de la prudencia; pero esto no implica ser perseguido por el poder con la pretensión de que sirva de ejemplo para acallar a otros en el presente y el futuro del mandato constitucional que vence el 16 de agosto del año 2028.
Este proceso judicial ha ido perfilando la percepción de que simboliza una persecución desde la esfera del poder político, lo que, de ser cierto, resulta inaceptable en democracia, debido a que para eso debe existir tribunales que actúen soberanamente.
De esto último, también existen dudas razonables a partir de precedentes relacionados con la judicialización de la política.
En el hipotético caso de que al referido ciudadano le sucediera algún percance durante el proceso que se lleva en su contra, la culpa iría directamente al gobierno del presidente Abinader, en función de la percepción creada en ese sentido.
La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha a través de nuestros sentidos. En esencia, los humanos y las instituciones no son, necesariamente, lo que dicen ser; sino el significado que los demás les confieren.
La sociedad dominicana forma parte del mundo hiperconectado. Una enorme cantidad de ciudadanos tiene a su alcance plataformas digitales en las que expresa libremente sus ideas.
En el transcurso del tiempo, se observa que cada vez más se multiplican elementos de intolerancia en el ejercicio gubernamental, profesional y en la vida cotidiana del país.
Pocos se atreven a cuestionar las actuaciones del poder político, incluyendo buena parte de los medios tradicionales de comunicación.
Aunque las actuaciones de Ángel Martínez se hayan convertido en un uso excesivo del derecho de expresión, tiene derecho a juicios justos, en lo que el poder no rebase sus fronteras.
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