La dimisión de Noelia Núñez (PP) como diputada del Congreso de los Diputados por engordar su currículo en el portal oficial de la Cámara Baja, para afirmar que estaba en posesión de los grados en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que en realidad no tenía, ha hecho estallar una batalla entre los partidos por comprobar la veracidad de las declaraciones de estudios y formación de los políticos en las distintas instituciones públicas. La mecha de la sospecha también la encendió la Diputación de Córdoba durante este fin de semana en el terreno político cordobés. La institución provincial envió un correo a sus 27 diputados para advertirles de la necesidad de actualizar el currículo que consta de cada político en el portal de la Diputación, según denunció públicamente Izquierda Unida. ABC repasa hoy la situación en la que se encuentran los currículos de los 72 cargos públicos que representan a los cordobeses en los 78 'escaños' (seis personas duplican sillón en dos instituciones) del Ayuntamiento de Córdoba (29), la Diputación de Córdoba (27), el Parlamento de Andalucía (12), el Congreso de los Diputados (6) y el Senado (4). La primera conclusión a grandes rasgos cae casi de cajón, la gran mayoría de los políticos cordobeses con representación por la capital o la provincia en las instituciones municipal, provincial, regional y nacional son licenciados o han cursado estudios en Derecho . Son casi una veintena de ellos, lo que representa casi un tercio de los representantes públicos . Hay una larga lista. Por citar algunos de los más destacados por sus cargos, entre los licenciados en Derecho está el alcalde de Córdoba, José María Bellido. También el teniente alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. En el equipo de gobierno del Ayuntamiento también tiene esta titulación el delegado de Movilidad, Bernardo Jordano. El caso del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, es particular. Su currículo establece que estudió Derecho, pero no alcanzó la licenciatura. Entre los titulados con el grado de Derecho también aparecen los diputados en el Congreso Alberto Mayoral (PSOE), Isabel Prieto (PP) y Enrique Santiago (Sumar). También la socialista Mari Ángeles Luna, en su caso, en la Cámara Alta. En el Parlamento de Andalucía figuran con la licenciatura en Derecho Araceli Cabello, José Carlos García, Beatriz Jurado y Antonio Repullo, todos del Partido Popular. Junto al Derecho, hay otras carreras de Letras que también son mayoría. Entre ellas, están las relacionadas con las Relaciones Laborales, Recursos Humanos y la Educación. En el sector educativo, por ejemplo, se instalan la diputada nacional y secretario de Organización del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, que es Maestra en Educación Especial. Marian Aguilar, teniente alcalde en el Ayuntamiento, es Diplomada en Audición y Lenguaje. Como Auxiliadora Moreno, del grupo popular en la Diputación, que es Maestra de esta materia. El senador popular y alcalde de Cabra, Fernando Priego, abre la lata como Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada. Antonio Oliván, diputado provincial del PSOE, tiene Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Diplomado en Graduado Social es Rafael Saco, diputado y concejal por Vox. El mundo de las humanidades queda cubierto por José Manuel Gómez, Licenciado en Historia por la UCO, en el Parlamento andaluz por Adelante Andalucía. También lo es José Antonio Romero, concejal y diputado socialista. La investigada por un posible delito de maltrato a su marido, la socialista Desirée Benavides, es Licenciada en Historia del Arte. Pero, como segunda conclusión, aunque sean mayoría, la política no es un campo exclusivo de las carreras de Letras. Las Ciencias tienen su hueco. Hay ingenieros que hacen sus pinitos en los cargos institucionales. Varios ejemplos: la senadora del PP Cristina Casanueva es Ingeniera Técnica Industrial; la senadora popular Lorena Guerra es Ingeniera Técnica Agrícola; y la parlamentaria andaluza del PSOE Ana Romero repite como ITA. También hay arquitectos . Es el caso Javier Vacas, en las filas populares en el Parlamento andaluz. Y Martas Siles, arquitecta que ejerce su cargo en la Diputación Provincial. Hay, al menos, dos médicos . Bartolomé Madrid, senador del PP, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la UCO. También Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, tiene la licenciatura en Medicina y es especialista en medicina de Familia. Félix Romero hizo estudios en Ciencias Químicas. También hay psicólogos, profesores de Educación Física, licenciados en Filología, en Periodismo, como Narci Ruiz (concejala y diputada) por la Universidad de Sevilla, y en Comunicación Audiovisual, como Sara Alguacil en la Diputación. La tercera conclusión, algo más sorprendente , es que muchos de los políticos que ocupan cargo público en las instituciones por Córdoba no han aportado sus datos de formación, estudios o carrera profesional hasta llegar al sillón que ocupan como representantes de los ciudadanos. Entre ellos, destaca la ausencia del currículo de tres parlamentarios andaluces: Isabel Ambrosio (PSOE), Verónica Martos (PP) y Alejandro Hernández (Vox). Cada caso tiene un matiz diferente. Es llamativo, por la importancia de los cargos ocupados en su trayectoria política, que no haya aportado esta información al portal del Parlamento de Andalucía la exalcaldesa socialista y ex delegada del gobierno regional en Córdoba, Isabel Ambrosio . Es muy difícil encontrar en las instituciones por las que ha pasado su currículo. La certeza es que es técnica de información juvenil de la Diputación de Córdoba. Además, cursó Bachillerato. Sin embargo, hay documentos curriculares de hace una década que le atribuirían una Diplomatura en Magisterio, aunque ni el portal Parlamento (donde no aparece nada) ni en el del PSOE se puede consultar actualmente su formación. Vaya por delante que la ausencia de estos datos formativos en la sede parlamentaria andaluza tiene una explicación. «No es obligatorio aportar esta información», detallan técnicos de la Administración regional. A los parlamentarios se les entrega el modelo para su comunicación, pero no existe la obligación de aportar esta información como sucede con la económica. La falta de regulación en esta materia se ha convertido en su mejor aliada. Los casos de Martos y Hernández deben estar relacionados con este supuesto. De hecho, el portal del Partido Popular en Córdoba refleja con claridad y facilidad que Martos es Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. También fue concejala en el Ayuntamiento cordobés. Además, Hernández explica en Lindekind que es Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U. en Madrid. De hecho, ha ejercido como abogado desde 1993 hasta su entrada en política y también como agente de la propiedad en Madrid y Córdoba. Profesiones de imposible ejercicio sin la titulación correspondiente. La omisión de los estudios, la actividad formativa y carrera profesional no es una cuestión exclusiva de los parlamentarios andaluces. También se produce en el ámbito provincial. Aquí entra en juego la cuarta conclusión. Hay dos diputadas provinciales del PSOE en el Palacio de la Merced que no aparecen en la página web institucional dentro del grupo provincial socialista. Son Carmen Pozón y Manuela Martínez. Su ausencia en el portal provincial contrasta con la precisión de su trayectoria que se mantiene en el portal oficial del PSOE en Córdoba para sus cargos en la Diputación. Martínez consta aquí como prejubilada. Realizó estudios hasta el antiguo Curso de Orientación Universitaria (COU), que se realizaba como puente tras el Bachillerato y antes de ingresar en la universidad. Se dedicó a ser empresaria del sector de la hostelería y comercial. Además, no aparece expresamente los estudios que realizó Pozón, pero consta que es técnica superior en Administración Pública y que fue, entre otros, secretaria-interventoria del Ayuntamiento de Obejo entre 2023 y 2006.
