El juez prorroga el caso Koldo pendiente de los informes de la UCO y de las obras bajo sospecha
El magistrado del caso Koldo ha prorrogado medio año la causa abierta en el Tribunal Supremo al considerar que, de las actuaciones que se están practicando, saldrán más diligencias de investigación. Leopoldo Puente ha acordado la medida dado que todavía están pendientes de analizar mucho material relacionado con las obras del Ministerio de Transportes bajo sospecha y, también, de lo incautado en los registros de febrero de 2024.
En su auto, Puente hace un recorrido de todas las diligencias practicadas en esta causa, que nació tras la implicación de José Luis Ábalos en la trama. Su condición de aforado obligó al Tribunal Supremo a abrir una derivada del procedimiento que arrancó a finales de 2023 en la Audiencia Nacional. Según indica, las pruebas pendientes de realizar hace que alargue medio año estas pesquisas, ampliando el plazo hasta el 8 de marzo.
La decisión la acuerda considerando, en particular, "el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados" en los registros de febrero de 2024 en el marco de los cuáles se detuvo , entre otros, a Koldo García y a Víctor de Aldama. Aunque parte del mismo ya se ha ido abordando en sucesivos atestados policiales, todavía resta un volumen importante de datos pendientes de estudio por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los cuáles, según indica, "podrían dar lugar a la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación.
Los expedientes de las licitaciones
Por otro lado, el magistrado alude también al resultado de las testificales y periciales acordadas en estos meses de investigación de las que también puede surgir la necesidad de practicar nuevas diligencias. Cabe recordar que este procedimiento nació con el foco puesto en Ábalos y que el exministro, junto con Koldo García y Víctor de Aldama, figuraron como únicos imputados. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, el juez terminó imputando también al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, además de cinco empresarios vinculados a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y también Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Sobre este último asunto, Puente precisa que se hace necesario "recabar y analizar el conjunto de expedientes administrativos relativos, al menos, al proceso de licitación y adjudicación" de las millonarias obras que la Guardia Civil identifica en el "informe Cerdán". Se trata de licitaciones que ya denunció Aldama desde que se abriera a colaborar con la Justicia y que, según dijo, se concedieron desde entes del Ministerio de Transportes (como la Dirección General de Carreteras) a cambio de comisiones.