Antonio Muñoz Cano, un cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, trabajó como albañil para la empresa Servinabar -una de las empresas claves en los presuntos amaños de obra pública del 'caso Koldo'- en dos periodos entre 2019 y 2022, percibiendo por su labor un total de 61.669 euros. Fuentes de la defensa del exdirigente socialista han confirmado que Antonio Muñoz Cano, el hermano de la mujer de Cerdán, es albañil de profesión y trabajó como tal en la empresa Servinabar en una obra en el período que aparece en la documentación aportada al Tribunal Supremo por parte de la Hacienda Navarra. Muñoz Cano, en concreto, percibió 3.363,36 euros en 2019, 16.255 en 2020, 21.233 en 2021 y hasta 20.818 en 2022 . El albañil trabajó en dos periodos distintos en la constructora, percibiendo un total de 61.669 euros. No fue el único familiar que trabajó para Servinabar, de la documentación aportada por la Hacienda Navarra se desprende que Belén Cerdán, la hermana de Santos Cerdán, trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 como administrativa cobrando por meses 2.000 euros netos. A continuación habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones, según las fuentes consultadas. Las mismas añaden que Belén Cerdán estaba por cuenta propia los meses que estuvo trabajando para Servinabar directamente y después recuperó la condición de trabajadora por cuenta ajena. El total de los 22.200,84 euros percibidos por Belén Cerdán se detalla en la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que ya está en disposición del magistrado Leopoldo Puente. El instructor solicitó, en concreto, la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxón Alonso, administrador de la misma y vinculado con el exsocialista. En concreto, y según lo revelado por el propio Alonso en su declaración como investigado del pasado 7 de julio, ambos llegaron a compartir piso en Madrid. En uno de los audios que constan en el sumario de la causa se puede escuchar como el exasesor ministerial Koldo García se quejaba de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid «de fiesta en fiesta gastándose la pasta». Cabe destacar que la Guardia Civil localizó en un registro un contrato privado de compraventa hallado donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de Servinabar, la empresa que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros. En su declaración en el Supremo, Alonso desligó a Cerdán de ese contrato, asegurando que el mismo fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSOE en Navarra. Ambos realizaron ese documento estableciendo las que serían las condiciones, pero ese papel nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política, según sostuvo. La Fiscalía Anticorrupción señala a la empresa como «una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse» con la obra de Mina Muga y «otras venideras» en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona «sin que conste ninguna contribución precisa a ellas». Entre la documentación remitida al instructor de la causa se encuentra el índice de actividad notarial de Servinabar, en el que se detalla que Alonso actuó como representante único de la empresa en las operaciones de constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en los proyectos que realizaron con Acciona y de los que resultaron adjudicatarios. Entre ellos figuran las obras de adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en Egües, en Navarra. En su declaración en el Supremo, Alonso defendió que decidió acudir en UTE a petición de la propia Acciona, y que esa fórmula -la de combinar una compañía grande con una local- es muy utilizada. El empresario defendió la legalidad de las citadas obras, asegurando que todas ellas han sido auditadas. En ese mismo índice de actividad de la compañía también aparece como interviniente o como apoderado el que fuera delegado de Acciona en Navarra Fernando Merino, que declaró precisamente el mismo día que Alonso en el Supremo, donde negó haber pagado mordidas por obra pública. Merino explicó que el 'modus operandi' era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil, para compañías de corte nacional, conseguir obras en País Vasco y Navarra. «Era condición necesaria», llegó a afirmar.
