Los contratos a sus socios que cercan al "alcalde de la gamba roja" del PSOE
El alcalde del PSOE en Aguarón (Aragón), Lucio Cucalón, puede acabar enfrentándose a su tercer procedimiento judicial.
El Gobierno de Aragón remitió un extenso informe -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- a la Fiscalía Provincial de Zaragoza en el que se desgranan las presuntas ilegalidades que habría impulsado Cucalón en el ejercicio de sus cargos públicos.
Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón trasladan el asunto al Ministerio Fiscal tras observar que se precisa de "un ejercicio fiscalizador de alcance mayor" del que dispone la administración autonómica.
Pero también porque -advierte- las actuaciones del regidor socialista "pueden exceder el ámbito de la irregularidad administrativa" y acabar constituyendo un delito penal.
Hace cinco días, el propio Cucalón aclaró a "El Periódico de Aragón" que la federación del Partido Socialista en Aragón, que lidera la ministra Pilar Alegría, no le ha expulsado del partido y lo limitó una "baja temporal". "No hay más problema. Estoy tranquilo", fueron también las palabras que transmitió al citado medio.
Las adjudicaciones a su primo y a sus socios
Lucio Cucalón concedió, como alcalde de Aguarón y presidente de la entidad local Comarca del Campo de Cariñena, una serie de adjudicaciones a la compañía Electra Aguarón SL.
Tal y como refleja el informe remitido ayer a Fiscalía, el regidor aragonés mantiene "una vinculación de amistad" con los dueños de la mercantil y, a su vez, es socio de ellos en otras empresas, entre ellas, una que comparte domicilio social con la que recibió la licitación. Uno de los empresarios detrás de la mercantil que recibió la licitación pública es, además, primo segundo del propio Cucalón.
No consta que Cucalón siquiera cumpliese con la obligación legal de haber realizado una declaración de intereses, antes de tomar posesión como alcalde. De existir, sus relaciones económicas con los socios de Electra Aguarón SL le habrían impedido ejercer de órgano de contratación de los contratos que se le concedieron a esta, tal y como ocurrió. Se desconoce, por otro lado, si efectuó esta declaración de intereses al asumir la dirección de Comarca de Cariñena.
Más allá de este hecho, que traslada el Gobierno de Aragón al Ministerio Público, todos los contratos que entregó Cucalón a la citada empresa con la que está vinculado presentan una serie de irregularidades. En primer lugar, no se publicitaron en ningún momento a través del Portal de Contratación del Estado, como impone la legislación.
Además, en una de las adjudicaciones, que precisaba la presentación de tres ofertas, existen indicios de que las propuestas están vinculadas, lo que implicaría una falsificación para simular la existencia de competencia.
En definitiva, que en todas las contrataciones suscritas con Electra Aguarón participó activamente Cucalón, cuando tendría que haberse abstenido por sus conexiones con los propietarios, y, como avisaron los servicios de control del consistorio, se prescindió del procedimiento legalmente establecido para la contratación.
Hablamos, concretamente, de 21 contratos menores concedidos por Cucalón desde la alcaldía a Electra Aguarón, que implicaron una inversión de casi 136.000 euros de las arcas municipales.
En ellos, siempre según lo que traslada el Gobierno autonómico, "parece no existir ni los informes preceptivos; ni las tres ofertas necesarias para sacar adelante una contratación superior a los 5.000 y, ni siquiera, decreto de la alcaldía que recoja la contratación. "Se prescinde total y absolutamente del procedimiento de contratación administrativa".
También aparecen señalados en el informe otras adjudicaciones más grandes, que elevan el montante supuestamente afectado a los más de 230.000 euros de dinero público.
Entre los contratos 'mayores' implicados figura uno dirigido a la instalación de autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos de Aguarón. Se pagó a la mercantil en cuestión más de 100.000 euros por estas actuaciones que salieron de los fondos del ayuntamiento aragonés.
La Dirección General de la Administración Local que analizó el contrato a posteri apunta a que es nulo de pleno derecho porque incluye en el pliego de condiciones una cláusula de proximidad que elimina la libre competencia.