La segunda reforma laboral de Yolanda Díaz, en un limbo incompleto
La inacabada reforma laboral de Yolanda Díaz tiene visos de quedarse en solo un limbo incompleto o de dilatarse indefinidamente en el tiempo sin que alcance ninguno de los objetivos pretendidos. Su primer escenario se aprobó en diciembre de 2021 con la aquiescencia de las patronales –pese a sus disensiones internas– y pretendía impulsar un segundo capítulo en la presente legislatura. Pero el tiempo corre inexorable y ninguno de los objetivos y metas que la ministra de Trabajo pretendía alcanzar se han cumplido, ya que los intentos de lograrlos a golpe de decreto ley han quedado paralizados en el Parlamento. Así, medidas fundamentales en el argumentario de Sumar como la reducción de jornada o la reforma el despido –para que sea «disuasorio para la empresa y para que no se pueda despedir sin causa», defendió la ministra– han quedado de momento en un sueño roto.
La reducción de jornada debía debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados en el mes de julio, pero fue retirada en el último momento ante la falta de apoyos suficientes y el riesgo de una derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición. La negativa de PP, Vox y Junts abocó a Díaz a retomar «a la vuelta de las vacaciones todas las negociaciones», pero sabe que no tiene los apoyos necesarios y tiene muy complicado conseguirlos sin el apoyo de Junts.
Aunque no es el único fracaso que lleva en la mochila. Tras dos años de legislatura, el Estatuto del Becario, un compromiso pendiente de la anterior que pretendía poner coto a las horas extra sin renumerar, sigue en alero y las subidas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continúan siendo unilaterales en su afán por alcanzar el 60% del salario medio, y que amenazan con colapsar el empleo y disparar el cierre de empresas, sobre todo micropymes.
Ahora mismo, el Estatuto del Becario solo cuenta con el apoyo de los sindicatos y tiene en contra a los empresarios y a las instituciones educativas y docentes, que ya han mostrado su rechazo porque afectaría a la finalización de los estudios de miles de estudiantes y porque las exigencias que conlleva paralizarían el acceso al mercado laboral a los jóvenes.
Respecto a la reforma del despido que se propone abordar con el apoyo único de las organizaciones de los trabajadores, la vicepresidenta segunda ya ha sido advertida por empresarios y organizaciones de análisis económicos que «generará un caos laboral y una saturación de los juzgados si se lleva a efecto, incluyendo indemnizaciones a la carta».
Esta reforma la pretende aprobar «sí o sí» –ha defendido en varias ocasiones– para «cumplir con la doctrina europea» y con el objetivo de que éste «no sea rentable» para las empresas, y que la indemnización, en caso de despido injustificado, repare «adecuadamente» el daño causado al trabajador, para lo que se tendrán en cuenta sus circunstancias personales, lo que abre la puerta a distintas indemnizaciones que rompen la igualdad.
En su justificación, Díaz se agarra a la Carta Social Europea –de igual manera que la reinterpreta para elevar el SMI–, para que el despido sea «disuasorio» y las empresas no despidan sin causa. También se agarra la Comisión Europea, que es partidaria de fijar indemnizaciones por despido improcedente en días por año trabajado como sucede en España. Pero la líder de Sumar obvia intencionadamente que la UE pide el consenso con los empresarios para aprobar modificaciones que impactan sobre el mercado laboral, algo que se ha saltado siempre que le ha convenido.
No contenta con todo esto, Díaz pretende también dos medidas polémicas. La primera tiene que ver con el empeño en obligar a las empresas a que integren a representantes de los trabajadores en sus comités ejecutivos para que tengan capacidad decisoria. Y la última: hacer una revisión del derecho a la huelga y desarrollar un nuevo marco legal que otorgue más derechos a los empleados.
La revisión del derecho a la huelga es una petición que arrastran los sindicatos desde hace décadas. El Ministerio prepara ya una «revisión integral, con el objetivo de identificar posibles debilidades y acercar este derecho a la situación actual porque la norma es preconstitucional», dicen en el departamento, cuyo alcance quieren que llegue hasta a los autónomos para «acabar con el vacío jurídico que existe con los conocidos paros patronales». De momento, no hay avances ni fechas previstas para su presentación.
Pero Yolanda Díaz se siente orgullosa de los logrado hasta ahora y, sobre todo, con los parabienes logrados con la primera reforma laboral. La ministra de Trabajo presume de que gracias a «sus» medidas el paro ha descendido a tasas de 2008 y la contratación indefinida está en tasas récord, lo que en realidad es una verdad a medias. En un primer momento, la contratación indefinida se disparó porque la nueva legislación ponía algo más que trabas a la temporalidad, lo que disparó el número de contratos de larga duración cerca del 50% del total.
Sin embargo, el suflé se ha desinflado y con datos de la última EPA este porcentaje se sitúa en el en el 39,1%, muy lejos de los máximos de 2022 y por debajo de las tasas del 42% que se apuntaban a comienzos del año, acentuándose una tendencia descendente que comenzó en la primavera de 2023, tras alcanzar máximos del 47% en el primer trimestre de ese año. Así, durante el pasado mes de junio se firmaron un 8,5% más de contratos que en 2024, que se reflejan en casi 155.000 personas menos para contratar, las que han salido del paro en el último año. Esto significa que, sobre el total de 7,44 millones de contratos, se han necesitado firmar 48 para poder sacar a una persona de las listas del paro, además de que en las 26 semanas que han pasado de este año se han firmado dos contratos a la semana por cada trabajador. Es decir, hay más contratos indefinidos pero duran mucho menos y, a la postre, son como temporales. Además, todavía seis de cada diez contratos son temporales, y siguen siendo muy dependientes de la estacionalidad de ciertos sectores. En cuanto a los contratos fijos discontinuos, ya superan a los indefinidos a tiempo completo.
Por otro lado, el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego aprobó in extremis el decreto que da forma al acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para ampliar dos semanas remuneradas el permiso parental retribuido con efectos retroactivos desde el 2 agosto de 2024, es decir, tres semanas más de permisos retribuidos para padres y madres que se sumarán a las 16 semanas existentes y la ampliación a 32 semanas para familias monoparentales.
Una aprobación que llega tarde, ya que el retraso en la aprobación de este permiso parental de cuidados hasta los 8 años le ha salido muy caro al Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España a pagar una multa de 6,8 millones de euros por no trasponer a tiempo la directiva europea que garantiza el derecho a permisos parentales retribuidos. Además, el TJUE amenazó con una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimiento declarado persista en la fecha de pronunciamiento de la sentencia, unas cantidades que el Gobierno asegura que esquivará al haber entrado en vigor los nuevos permisos parentales por decreto.
La directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral entró en vigor en julio de 2019 pero dio más tiempo a los gobiernos para su aplicación. El Ejecutivo no cumplió en tiempo y forma y por eso ha sido sancionado. Un fracaso más que apuntar en el debe de Yolanda Díaz, que teme que unas reformas que «son un ejemplo histórico mundial» –llegó a asegurar– queden en nada.