Cheques en dólares: los 5 efectos colaterales de la medida que anunció el BCRA
Por medio de la Comunicación "A" 8299, el Banco Central habilitó el funcionamiento de las cuentas corrientes en dólares. Ya existían las cajas de ahorro, ahora se decidió incorporar como moneda admitida para operar la "Cuenta Corriente Bancaria" al dólar estadounidense.
De esta manera, se podrán girar cheques en esa moneda sólo cuando sean librados por medios electrónicos (ECHEQ), no a través de cheques "físicos". Se aclara que la posibilidad de autorizar giros en descubierto sobre esas cuentas abiertas en dólares estará sujeta a las normas vigentes en materia de política de crédito y sólo podrá efectuarse con fondos en esa misma moneda de libre disponibilidad que posea el cliente.
El Banco Central estableció como fecha límite el 1 de diciembre de 2025, para que los bancos adopten los mecanismos, propios o a través de terceros, que sean necesarios para que sus clientes puedan depositar los cheques electrónicos librados en dólares. Este servicio se irá implementando para ofrecerse antes de esa fecha.
Según el Gobierno, la medida se enmarca en la política de promover la competencia de monedas. Pero esta decisión requiere el análisis de las consecuencias que se producirán, que en algunos casos no se encuentran, en consonancia, desreguladas.
Por lo menos son 5 los puntos a considerar, en el momento de la aparición de las cuentas corrientes en dólares:
1. Justificación del origen del dinero
En primera instancia, actualmente se requiere conocer que el origen del dinero que se deposite y se transfiera a través de los cheques electrónicos debe estar justificado. Al no existir un blanqueo habilitado, deben cumplirse con determinadas leyes vigentes: 1) Ley Penal Tributaria, con importes muy desactualizados; 2) Ley Penal Cambiaria; 3) Ley de Procedimiento Tributario (11.683) y 4) Ley de prevención del lavado de dinero (25.246): a pesar de que la Unidad de Información Financiera (UIF) haya subido algunos umbrales de control.
En la dirección de aliviar los controles para favorecer el movimiento de los dólares, que están en el "colchón", dentro del circuito formal de la economía, el Poder Ejecutivo envío un proyecto al Congreso para modificar muchas de esas leyes que son necesarias para conseguir ese objetivo, habrá que ver qué destino tiene el proyecto. Dentro de los cambios que se proponen, no se incluyen otras reformas que son necesarias. Una tiene que ver con la ley penal cambiaria, y además faltarían otras modificaciones en la ley penal tributaria, que liberen completamente de responsabilidad a las personas que pretendan sacar sus dólares, no justificados, del colchón para incluirlos en el circuito formal de la economía.
El proyecto cuenta con tres temas principales a modificar. El primero propone actualizar los montos de la ley penal tributaria (27.430), que no se ajustaba desde el año 2017, independientemente la inflación transcurrida en todo ese tiempo. De paso se actualizan, a valores muy altos, las multas automáticas que se aplican por falta de presentación de las declaraciones juradas.
Otro punto propone reducir los plazos de prescripción de impuestos, de cinco años actuales a tres y de 10 a 5 las deudas de la seguridad social y de obras sociales. La condición que se coloca es que el contribuyente inscripto haya cumplido en término la presentación de la declaración jurada correspondiente y, llegado el caso, haya regularizado el saldo a pagar. Otra condición es que ARCA no detecte discrepancia significativa entre la información presentada por el contribuyente y la información que dispone el organismo fiscal.
Esta reducción supone "liberar" al contribuyente durante dos años de la exigencia de tener que dar explicaciones a ARCA sobre los impuestos no declarados. Va en la dirección de flexibilizar el uso del dinero, sin tener que "dar explicaciones". La reducción de los años de prescripción, olvida que los tiempos de los procesos de fiscalización, que habilitan el reclamo de los impuestos por parte de ARCA, se han reducido por la ayuda del uso de la inteligencia fiscal por parte del fisco, materializado por el cruzamiento de la información que posee el organismo y por los monitoreos sistémicos que están facilitados por la "inteligencia artificial".
El tercer punto es aprobar una declaración impositiva simplificada para el impuesto a las Ganancias. Una vez que el contribuyente adopte el sistema simplificado y acepte y pague la liquidación proforma que le propone ARCA, obtendría un efecto liberatorio desde el punto de vista formal y material sobre ese período fiscal. Ese beneficio se perderá en el caso que ARCA verifique omisión de ingresos o el cómputo de deducciones improcedentes o el uso de facturas apócrifas. El problema en este punto, es lo que considere ARCA como facturas apócrifas, no debiendo ser incluidas las facturas inválidas ni aquellas emitidas por proveedores que caen en incumplimientos impositivos con el Fisco.
2. Código Civil y Comercial
Desde el 29 de diciembre del 2023, fecha en que comenzó a regir el DNU 70/23, toda obligación contraída en dólares debe ser saldada en la misma moneda de origen. Esto sucede debido a que, a través de un decreto, fue modificado los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación, de la siguiente manera:
El artículo 250 reemplazó el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley 26.994, por el siguiente: "La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes".
El artículo siguiente (251) sustituyó el 766 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley 26.994, por el siguiente: "El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene."
De esta forma, la única forma de "liberarse" de una deuda en dólares, si así lo exige el acreedor, sería pagándola con esa misma moneda.
3. Ley de Convertibilidad
Dado que por la Ley 23.928, que continúa inexplicablemente vigente, no se pueden introducir cláusulas indexatorias en los contratos y en este caso en una factura emitida por la venta de un bien o por la prestación de un servicio, algunos que pueden hacerlo emiten la factura en dólares y de esta forma quedar cubiertos ante las posibles futuras devaluaciones de la moneda.
- Qué dice la Ley
"El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto."
" Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.
La indicada derogación no comprende a los estados contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 19.550".
4. Ley antievasión
Si se optaba por pagar en dólares billetes aparecía el primer problema: cumplir con lo que establece la Ley 25.345 (antievasión), que obliga bancarizar todos los pagos que son superiores de mil pesos o su equivalente en moneda extranjera. Este valor no se actualiza desde el año 2003, lo que hace imposible abonar una factura en efectivo, sean pesos o dólares.
El problema que aparece es poder cumplir con la ley antievasión, ya que no permite que se pague la factura en efectivo (cualquiera sea la moneda que se use), ya que hasta ahora no existían cuentas corrientes en dólares ni transferencias y la única manera que aceptaba la ley era que el deudor deposite los dólares en una caja de ahorro del deudor, mecanismo que acepta la ley pero que obliga al deudor ingresar el impuesto al cheque. Así, el ECHEQ ahora viene a solucionar las cosas.
Sin embargo, por las medidas de control que realizan los bancos debiendo emitir reportes por operaciones sospechosas, no se hace tan sencillo depositar dólares en una cuenta de un proveedor. Ahora, con el funcionamiento de los cheques electrónicos esta opción de pago quedaría en funcionamiento. Los medios de pago habilitados, que acepta la ley, son los siguientes:
- Depósitos en cuentas de entidades financieras. Los que utilizan este mecanismo no quedan eximidos de ingresar por su cuenta el impuesto al Cheque.
- Giros o transferencias bancarias.
- Cheques o cheques cancelatorios. Ahora se permiten los cheques en dólares electrónicos.
- Tarjetas de crédito, compra o débito (tarjetas corporativas).
- Endoso de factura de crédito.
Las empresas que no utilicen estos medios de pago, se encuentran imposibilitadas de computar las deducciones impositivas o los créditos fiscales que surgen de los comprobantes abonados, incluso a pesar de que se demuestre la veracidad de las operaciones que los originaron. Las criptomonedas no son un medio de pago autorizado, según la ley.
Sin embargo, la Ley 11.683 (procedimiento) en su artículo 34 determina lo siguiente: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones en cuyo caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados."
De esta forma, dos leyes dicen sobre el mismo tema dos cosas distintas.
En este sentido la Corte a través del fallo Mera Miguel Ángel autorizó los efectos impositivos de pagos que habían sido en efectivo, pero este fallo tiene consecuencias individuales y no para el universo de los contribuyentes.
5. Contabilidad e impuestos
El dólar oficial es el único que rige a los efectos de la contabilidad de las empresas. La conversión de los saldos debe hacerse al tipo comprador o vendedor, según se trate de activos y pasivos respectivamente. Desde el lado impositivo sucede lo mismo, el tipo de cambio oficial es el que debe considerarse. El resultado por la simple tenencia de esa moneda, genera para las sociedades un beneficio que integra la base imponible de Ganancias.
El dictamen DGI 31/03, en los casos de facturas en dólares que se pagan en pesos, fija la posición de que, a los efectos de determinar la nueva base imponible del IVA, corresponde incluir en el cálculo del gravamen el impuesto de la operación principal.
La ex AFIP, a través de la RG 1547, exige cumplir con los siguientes deberes administrativos, en cada pago que hacen las empresas:
- Pago con cheque común: a nombre del emisor de la factura y cruzado. En el anverso del mismo debe consignarse la leyenda "para acreditar en cuenta".
- Cheque de pago diferido: a nombre del emisor de la factura y cruzado. Según los endosos autorizados por el Banco Central.
- Cheque cancelatorio: a nombre del emisor de la factura.
El que abona debe dejar constancia del medio de pago que fue utilizado en:
Cuando el medio de pago utilizado sea cheque de terceros -común, de pago diferido y/o cancelatorio - debe indicarse además la Clave única de Identificación Tributaria de su librador o del comprador a la entidad financiera.